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El Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad del México (NAICM) ocupa el cuarto lugar en la lista de los 25 cochinitos presupuestales más onerosos del gobierno federal, y se relaciona con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En total, son 338 fideicomisos, mandatos y contratos análogos constituidos y operados por dependencias y entidades federales, que manejan 821 mil 354.6 millones de pesos al margen del presupuesto.

Pero no todos esos fideicomisos tienen la misma importancia: al cierre del primer semestre de 2018, el 88.6 por ciento del total (727 mil 879.4 millones de pesos) se concentró en 25, refiere información que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso.

Y entre esos 25 está el del NAICM, pues su bolsa asciende a 50 mil 901.4 millones de pesos. Ese monto equivale al sobrecosto que el megaproyecto registró en marzo pasado, y al 29.5 por ciento de su presupuesto original (por 169 mil millones de pesos).

Éste es operado por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de CV, entidad de participación estatal mayoritaria que es tenedora directa del 99.99 por ciento de las acciones de las empresas Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SA de CV, y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, SA de CV.

Constituido el 29 de octubre de 2014, el fondo tuvo ingresos por 19 mil 810 millones 991 mil 376 pesos entre enero y junio pasados; rendimientos por 1 mil 660 millones, y gastos por 15 mil 305 millones 246 mil pesos. Aún así, su bolsa quedó en 50 mil millones.

De acuerdo con la SHCP, “con cargo al patrimonio del fideicomiso se realizan los pagos destinados a solventar los gastos relacionados con la planeación, diseño y construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad del México y, en su caso, sus obras complementarias”.

Los cochinitos presupuestales

El de los fideicomisos es un  tema relevante, porque el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha prometido eliminarlos. Por décadas han sido usados como cajas chicas y, no pocas veces, han sido la vía ideal para enriquecer a funcionarios corruptos.

El tema no es menor: los más de 821 mil millones de pesos que concentran equivalen a 19 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2018, por 43.1 mil millones de pesos; y 136 mil veces el presupuesto de Santos Reyes Yucuná, Oaxaca, el municipio más pobre del país, de apenas 6 millones 302 mil 214 pesos.

López Obrador se ha comprometido –en sus lineamientos de austeridad y combate a la corrupción– a que “se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo para ocultar fondos y evadir la legalidad y la transparencia”. Y podría empezar por revisar los 25 más onerosos, entre ellos el del NAICM.

El que concentra más recursos públicos (252 mil 524.8 millones de pesos) es el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, operado por Hacienda.

Con un fondo de 92 mil 738.9 millones, el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud es el segundo con más dinero. Éste opera el Seguro Popular y está a cargo de la Secretaría de Salud.

También de Hacienda, en tercer sitio está el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, con 74 mil 859.9 millones; seguido por el del Nuevo Aeropuerto, con más de 50 mil millones.

Y en quinto lugar, el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (Facla), con 42 mil 374.1 millones de pesos.

Facla y el fraude transexenal

El Facla podría ser el cochinito más relevante para saber si la próxima administración federal estará dispuesta a acabar con las corruptelas. Y es que, como ningún otro, representa el rostro de la impunidad.

Operado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), desde 2004 sustituyó al fideicomiso privado Aduanas I, que por años privatizó recursos públicos. Algo que posteriormente fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (controversia 84/2004).

Y es que los multimillonarios recursos del Facla se derivan del cobro del derecho de trámite aduanero, que según la Corte –en concordancia con el gobierno federal, entonces a cargo de Vicente Fox– son una “contraprestación privada”.

Pero resulta que, como el test del pato (“si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato”), este cobro huele a impuesto: lo exige la autoridad a cambio de permisos para importaciones.

Y huele a dinero público, porque son las autoridades quienes lo recaudan y lo gastan. No obstante, la Corte legalizó el carácter privado y propició una cadena de irregularidades, que se mantienen hasta ahora.

Luego de ese fallo, que cubrió las espaldas de todos los que participaron en su maquinación, se constituyó el Facla como un fideicomiso público federal. ¿Qué sentido tiene que el gobierno constituya fideicomisos públicos si los fondos son privados?

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en mayo de 2004, el subsecretario de Ingresos de Hacienda, como fideicomitente del gobierno federal, firmó el contrato del Facla con Nacional Financiera.

“Su objetivo sería mantener al SAT con la mayor infraestructura en materia tecnológica, lo que le permitiría una mejor atención al contribuyente, así como la facilitación en el pago de impuestos.

“Su patrimonio se integraría, principalmente, de los recursos privados que le serían aportados, provenientes del pago de las contraprestaciones a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera y se destinaría: al pago por la contraprestación del ‘segundo reconocimiento aduanero’ a las empresas autorizadas que hubieran prestado ese servicio a los particulares; a pagos a terceros de compromisos asumidos por el SAT para adquisición de bienes y servicios, y ejecución de obras, de forma independiente al Presupuesto de Egresos de la Federación, relacionados con infraestructura, mejoramiento y modernización de sus atribuciones.”

Según la ASF, desde entonces, “el SAT ha instruido al fiduciario a retirar recursos del patrimonio del fideicomiso para atender compromisos de pago para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, servicios y ejecución de obra necesarios para llevar a cabo sus procesos de desarrollo de infraestructura, mejora y modernización, de forma independiente a su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y como una excepción a lo establecido en la legislación presupuestal y contable que regula el gasto público”.

Pronto veremos si el próximo gobierno corrige la plana al SAT y a la Corte, o todo permanece igual.

Nancy Flores

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]