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Una investigación del Instituto Belisario Domínguez exhortó a la comunidad y al gobierno a unir esfuerzos para que no haya más violencia política y evitar el “derramamiento de sangre” en el próximo proceso electoral de 2019, el cual se llevará a cabo en cinco estados de la República, para no poner en “peligro a la democracia”.

Los homicidios contra actores políticos continúan luego de concluir el periodo electoral del 1 de julio, catalogado como “el más violento de las últimas décadas”. Desde entonces hasta agosto se tienen registrados 11 homicidios de funcionarios o de sus familiares con base en la misma investigación.

Según el documento, quienes perpetran estas agresiones son grupos del crimen organizado en su disputa por el poder. El 90 por ciento de los homicidios fueron dirigidos hacia funcionarios con poder de decisión a nivel local.

La investigación concluyó que los homicidios “violentan los derechos de los ciudadanos además de generar un clima de inestabilidad en las localidades en donde ocurrieron los hechos”.

El número de esos delitos ha ido en aumento: 173 en 2015, 198 en 2016 y 237 en 2017.

Jordana González