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Las dos iniciativas para reformar el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pendientes de discusión en el Senado de la República, buscan que la educación superior sea obligatoria. Ambas se presentaron en septiembre pasado como respuesta a la promesa de echar abajo la reforma educativa, hecha por el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Actualmente sólo se considera la obligatoriedad de la educación hasta el nivel medio superior. Y aunque desde 2015 se presentaron cuatro iniciativas para elevarlo, éstas fueron rechazadas.

Ahora, las nuevas propuestas del senador Martí Batres Guadarrama, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y de la senadora Martha Cecilia  Márquez Alvarado, del Partido de Acción Nacional (PAN), vuelven a plantear el tema.

Sin embargo, los estudios universitarios no son una garantía para contar con un empleo, o que éste sea competitivamente remunerado, pese al reconocimiento social que implica este grado académico, señala un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

Agrega que “la obligatoriedad de la educación superior es una oportunidad de mejorar la igualdad de género en el acceso y permanencia en las universidades e instituciones que las imparten”.

En caso de que esta reforma sea aprobada, el análisis sugiere que odría haber un aumento de matrícula, por lo que será necesario la aplicación de políticas públicas para lograr el desarrollo social.

“No obstante, existen limitaciones técnicas, económicas o sociales que impiden una cobertura del ciento por ciento de la población en este nivel educativo; además de que los estudiantes de nivel superior siguen prefiriendo carreras tradicionales, lo que agudiza la tensión entre demanda y oferta disponible”. Y no se garantiza que toda la comunidad universitaria concluya sus estudios, indica el estudio.

La obligatoriedad de la educación superior no es un debate que se tiene sólo en México, por ejemplo, en Argentina el Congreso impulsó la obligatoriedad de la educación superior en 2015 y en Costa Rica se ha analizado el tema.

Berenice Santos