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Tras la inconformidad por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el colectivo Seguridad Sin Guerra exigió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, celebrar audiencias públicas ciudadanas previas a la resolución de dicha ley, debido a que su aprobación fue opaca y poco participativa.

Lisa Sánchez, integrante del colectivo, dijo a Contralínea que la Ley de Seguridad Interior viola los derechos humanos: violenta el derecho de tránsito, de la privacidad, de libre asociación, protesta y el acceso a información pública; además, viola muchas garantías porque otorga funciones al Ejército que no están consideradas como sus funciones naturales.

Seguridad Sin Guerra, integrado por más de 300 organizaciones de la sociedad civil, expone que la realización de estas audiencias tienen el objetivo de obligar a la Suprema Corte a escuchar a las víctimas y a los expertos en la materia a través de un proceso abierto, ya que “a pesar de las advertencias emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, sobre los riesgos de la normalización de presencia militar en tareas de seguridad pública, ésta fue aprobada”, explica Lisa Sánchez.

La también directora general de México Unido contra la Delincuencia expresa la preocupación del colectivo hacia las declaraciones del próximo gobierno, “nos preocupa que en las declaraciones del presidente electo -Andrés Manuel López Obrador– esté presente el uso del Ejército en tareas de seguridad y la continuación de sus despliegues territoriales. No ha habido ningún compromiso concreto con la abrogación de la ley”.

Por ello, Lisa Sánchez exhorta a la próxima administración a usar su mayoría parlamentaria para abrogar la ley por la vía legislativa, pues “no es suficiente con reconocer la inconstitucionalidad de ciertas partes de la ley; toda la ley amenaza los derechos humanos y, por lo tanto, tendría que desecharse de sistema jurídico… Ésta debe sustituirse por otro tipo de medidas que pueden ser la reglamentación de otros artículos constitucionales o medidas legislativas de fortalecimiento de policías y fiscalías serias que nos permitan retirar al Ejército de la calle”.

Karen Ballesteros