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El Sistema de Justicia Penal  es “caduco” y sus deficiencias se agudizan cuando se tratan casos de derechos de comunidades indígenas, pues existe un proceso de discriminación y racismo contra ellos; explica a Contralínea, el secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Fernando Ríos Martínez.

 “El proceso del acceso a la justicia se les complica mucho más; la impunidad se agrava. Existe todo un proceso de discriminación y racismo en contra de ellos. No hay un acceso cultural efectivo: no tienen personas que les traduzcan de manera correcta y cuando se enfrentan a jueces o ministerios públicos, no les entienden. Vemos un agravamiento mayúsculo en lo que sucede con los pueblos indígenas”, afirma el secretario ejecutivo.

Ríos Martínez también asegura que en las comunidades indígenas existe un sistema normativo distinto, bajo el cual se rigen estos grupos y “muchas veces [éste] se ve contrapuesto con el sistema cultural occidental, que no puede entenderlos y no logran tener un proceso de diálogo [con las autoridades]”.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no existe reconocimiento jurídico de los derechos procesales para las personas integrantes de una comunidad indígena, ya sea porque carecen de una defensa adecuada o de intérpretes, lo que provoca la privación de su libertad.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, exigió a los integrantes del Sistema de Justicia cambiar sus procesos y eliminar las prácticas discriminatorias, sensibilizando y profesionalizando a todos los integrantes del sistema judicial –defensores de oficio, peritos culturales, intérpretes y traductores en materia de derechos indígenas–, esto durante su ponencia en el Foro Internacional de Jurisdicción Indígena.

Por último, el representante de la Comisión Nacional argumentó que el acceso a la justicia para estas personas presenta varias limitantes: el uso dominante del idioma español, el trato discriminatorio, formalismo excesivo en tribunales y exceso de judicialización en los conflictos, por lo que, reconoció, es necesario fomentar un procedimiento jurisdiccional justo, equitativo y apegado los derechos indígenas.

Karen Ballesteros