Autor:

Los trabajadores del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada obtuvieron un amparo y protección de la justicia federal (Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito) en contra de actos de reducción salarial y otras prestaciones que la empresa Demos, controladora del periódico, aplica de manera unilateral en perjuicio de los trabajadores

Magistrados del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito otorgaron un amparo al Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor), en contra los actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México), mediante el cual la empresa Desarrollo de Medios, SA de CV. (controladora del diario La Jornada) afecta el Contrato Colectivo del Trabajo (CCT) hasta en un 45 por ciento el salario y prestaciones.

El fallo del amparo directo 289/2018 fue otorgado por los magistrados: presidente José Guerrero Láscares, Juan Manuel Alcántara Moreno y Juan Alfonso Patiño Chávez.

En el expediente, los magistrados argumentan que “no se justificaron los requisitos de procedencia de la acción del ‘conflicto colectivo de naturaleza económica’ y, en tal virtud, que la moral accionante no demostró que se debieran modificar las condiciones generales de trabajo del sindicato correspondiente”.

El conflicto entre el Sitrajor y la empresa periodística devino de la disminución del 45 por ciento del salario y prestaciones de los trabajadores, adquiridos por más de 30 años de negociación del CCT; crisis que ha obligado a 55 personas a “pedir su retiro o liquidación” a Demos.

Además, después de iniciado el conflicto sindical y realizarse una huelga, el 30 de junio de 2017, fueron despedidos más de ocho trabajadores, entre quienes están la exsecretaria general del sindicato, Judith Calderón Gómez; el exsecretario de Organización, Leonardo Modragón Román; Maricela Delgado, Sara Juárez Butrón, Guadalupe Silva Pérez, Óscar Gómez Piña, Antonio Vera y Teresa López.

En entrevista, Calderón Gómez comentó que este fallo responde a que la empresa nunca demostró el conflicto de naturaleza económica. “La esencia de la discusión es: ¿hay un problema de naturaleza económica, si o no? El tribunal Colegiado en Materia de Trabajo responde que no, que Demos no lo demostró y que la junta se basó en una propuesta de que recortaran el 70 por ciento, pero sin fundamento. Por tanto, ordena que se regrese a la Junta el asunto y que se resuelva conforme a derecho, que es lo que nos toca, que nos repongan todo lo que nos han quitado a los trabajadores de La Jornada”.

Para la exdirigente del Sitrajor queda claro que con esto no se arregla la situación económica de La Jornada, porque se necesitan una serie de medidas globales que los trabajadores han propuesto, “pero la actitud de la directora Carmen Lira y de la administración ha sido que ellos son quienes deciden”.

Calderón Gómez indica que uno de los inconvenientes que tiene el periódico de circulación nacional es que no se ha capitalizado ni modernizado, no se ha puesto a la vanguardia en el terreno digital, “lo que sí ha afectado a muchas familias de los jornaleros, porque al no recibir en 2017 su ingreso, con todas las prestaciones, tuvo repercusiones en muchos sentidos.

En el expediente, el Sitrajor argumenta que hay una crisis financiera derivada de la evolución de los medios de comunicación y que responden al desarrollo del entorno social y de internet. “La globalización y la competitividad que ha causado un ‘giro al acceso de información’ en especial, la que se encuentra en internet, donde se sigue experimentando respecto de la gratuidad o no, de la prensa digital…”.

Expone que existen periódicos internacionales que han evolucionado a través de la plataforma digital como nuevo modelo de negocio, donde se tiene como principal fuente de financiamiento la publicidad o en algunos casos las donaciones.

“La crisis por la que atraviesan los medios impresos es de manera generalizada y tiene como origen el crecimiento desmedido de los usuarios de noticias en línea, esto es, de los usuarios de internet que cuentan con un smartphone”, indica.

De tal manera que el motivo de la crisis económica que provocó la disminución de las prestaciones “no revela que la modificación del pacto laboral en la medida propuesta por la empleadora, represente una medida preponderante para solucionar los problemas económicos en los que se encuentra la empresa…”.

Indica que la supresión de los beneficios contractuales “no puede ser considerada como la única solución ante los problemas económicos por los que atraviesa la empresa, en todo caso, se trata de una suma de elementos administrativos, organizacionales, contables y competenciales que de manera urgente debe llevar a cabo la empleadora, a fin de hacerle frente a la crisis económica por la que se encuentra pasando”.

La exlíder del Sitrajor comentó que desde que iniciaron las manifestaciones de inconformidad por parte de los trabajadores, ante las decisiones que tomó la empresa, han tenido mucha presión bajo el argumento de que si no aceptan las condiciones impuestas la empresa ésta podría cerrar.

 

La reducción salarial

La argumentación de Demos para reducir los logros laborales revela que la situación financiera de la empresa “es muy mala, de hecho una quiebra técnica, por lo que el Consejo de Administración después de analizarla, decidió buscar una solución que permita conservar la fuente de trabajo y no llegar a su cierre; y para lograrlo se requiere la modificación colectiva de las prestaciones de trabajo”.

En respuesta a ello, el Sindicato indica que sin mediar causa legal o contractual o convenio alguno a partir del 1 de enero de 2017, dejó de pagarles a todos los trabajadores de base sindicalizados el equivalente al 45 por ciento del salario y prestaciones que lo integran (con excepción de los vales de despensa, pero no como están pactados en el contrato colectivo de trabajo), “sin tener algún laudo laboral, sentencia de un juez de lo concursal o resolución judicial alguna que le haya autorizado aplicar dicha reducción de salario y prestación, razón por la cual se recurre a la presente vía”.

En su defensa, el Sitrajor también arguye que “los trabajadores y su contrato, no representan una carga onerosa de los gastos de la empresa, como dolosamente pretende hacer creer la parte actora”. Y añade que lo que sí representa la carga económica son los sueldos del personal que se encuentran en coordinaciones y administrativos, “que resultan desproporcionados, con los salarios de los trabajadores de base sindicalizados, así como el pago por la contratación de las empresas contratistas que se han negado a informar”.

En el documento, también acusa que se ha incrementado la plantilla de personal de confianza y tres empresas contratistas externas que realizan labores del personal de base sindicalizado; “empresas que no son necesarias para realizar el trabajo que por décadas ha venido realizando el personal sindicalizado que ahora la actora pretende despojar de los derechos conquistados”.

Luego del fallo de los magistrados del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el que otorga el amparo al Sitajor, la empresa manifestó su postura a través de una editorial en la primera plana del periódico de circulación nacional, a la que llamó Una sentencia irracional.

La controladora de La Jornada indica que la sentencia es “incomprensible, por contradictoria e incoherente, pues en ella se reconoce que Demos enfrenta una situación financiera difícil y que una de las razones principales es precisamente el conjunto de prestaciones laborales que durante muchos años se otorgó a los trabajadores, que excedían con mucho lo previsto por la ley y que resultaban insostenibles en el contexto de la crisis que se abate sobre el conjunto de la prensa escrita.

“Pero, aunque la resolución analiza, enumera y admite los problemas económicos a los que se enfrenta nuestra casa editora y se refiere a la inviabilidad en la que podría situarse, ordena, en forma por demás irracional que se reinstaure un contrato colectivo de trabajo cuya aplicación llevaría –los propios magistrados están conscientes de ello– al cierre del periódico, a la pérdida de cientos de puestos de trabajo y a la cancelación de un proyecto informativo de más de tres décadas que ha resultado fundamental para el desarrollo político del país y que se ha convertido en un punto de referencia imprescindible sobre el acontecer nacional e internacional”.

Además de que, indica, el proceso se manejó con opacidad, pues se llevó a puerta cerrada. “Esta manera de fabricar en lo oscurito una sentencia que puede significar la diferencia entre la subsistencia o el final de La Jornada obliga a preguntarse en qué medida la manifiesta incongruencia de la resolución es algo más que una falla del sentido común y de la lógica”, expuso.

 

Érika Ramírez