México. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, entra en la recta final de su mandato de seis años y aunque afirma que entregará un país mejor al recibido, también dejará pendientes en temas de mucha sensibilidad.
El 3 de agosto Peña Nieto emitió el sexto y último informe de su gobierno que concluye el 30 de noviembre, y antes y después el Ejecutivo ha desplegado una intensa ofensiva mediática para divulgar logros gubernamentales.
Las reformas estructurales (energética, educativa, telecomunicaciones y hacendaria, entre otras) resultan las principales banderas del mandatario que entregará la banda presidencial con bajos índices de aprobación ciudadana.
Peña Nieto encomió en su mensaje desde Palacio Nacional la estabilidad macroeconómica y la llegada de la inversión extranjera.
Refirió esfuerzos como el nuevo sistema penal acusatorio, leyes contra la tortura y desapariciones y el combate al crimen organizado, que llevaron a la captura, en este sexenio, de la mayoría de los criminales más buscados por la justicia.
También el desarrollo del turismo, por el cual México escaló a la vanguardia de los países receptores de visitantes extranjeros, y convirtió a ese sector en uno de los más dinámicos de la economía.
Lo propio ocurrió, afirma, con el incremento de las agroexportaciones alimentarias, que hoy resultan estratégicas para el país.
Entre pros y contras concluye la gestión del mexiquense, quien tuvo que enfrentar en estos años un entorno económico internacional difícil, los embates de la naturaleza que con huracanes y terremotos dejaron graves afectaciones y pérdidas humanas, y el azote desatado de la criminalidad e inseguridad.
Su administración será recordada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un crimen que tuvo el repudio mundial e incluso la crítica del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuatro años después de aquel crimen, hay cientos de presuntos responsables tras las rejas, pero ninguna condena de la justicia mexicana, en medio de la controversia respecto a la versión oficial de que los jóvenes, asesinados, fueron incinerados en el basurero de Cocula, en Guerrero.
Además, este gobierno se lleva el récord de la mayor violencia para un año, 2017, con más de 31 mil homicidios. Pero este 2018 viene rompiendo marcas mensuales y en los primeros seis meses registró 15 mil 973 asesinatos.
Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) fortalecer el Estado de derecho para erradicar la corrupción, inseguridad e impunidad, es la reforma pendiente que dejará el sexenio del actual mandatario.
Según el organismo patronal, las reformas estructurales aprobadas al inicio de la administración no pueden inducir en el desarrollo de México si no se fortalece el “frágil” Estado de derecho, especialmente en estados y municipios, donde el 60 por ciento de la población considera que la corrupción gubernamental es un fenómeno generalizado.
“La ausencia de credibilidad en las instituciones en México, tiene un efecto determinante en los bajos niveles de productividad y crecimiento económico, y detona un desencanto con la democracia como medio eficaz para ordenar la convivencia social”, destacó la Coparmex en un comunicado.
México ocupa el último lugar en combate a la corrupción entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y empeoró en el índice de percepción del flagelo. De los 180 países evaluados, ocupa el lugar 135.
“Vivimos en un país donde el 50 por ciento de los encuestados reporta haber tenido que pagar algún soborno a algún servidor público, siendo éste el mayor porcentaje en América Latina”, detalló la Coparmex.
Baste decir que en medio de este panorama, el gobierno de Peña Nieto concluye con el puesto vacante del Fiscal Anticorrupción, cuya designación, a cargo del Senado estuvo secuestrada por los avatares de la política tradicional mexicana.
A la par, las bondades prometidas por las reformas estructurales impulsadas por el gobernante siguen como tareas pendientes.
Si bien la reforma energética abrió al capital privado, extranjero en particular, la exploración, explotación y comercialización de los hidrocarburos, Petróleos Mexicanos (Pemex) está hoy en su peor momento.
La petrolera paraestatal registra sus más bajos niveles de producción de crudo, mientras el país precisa importar el grueso de la gasolina que consume.
Las seis refinerías de Pemex han confrontado problemas operacionales, en un escenario marcado además por la liberalización de los precios de los combustibles ordenada por Peña Nieto y que entró en vigor el 1 de enero de 2017.
El llamado gasolinazo provocó protestas, pero continúa desde entonces incluso con el aumento desmedido del gas doméstico LP, que se usa en millones de hogares del país.
Al respecto, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que se detendrán las nuevas licitaciones petroleras y los contratos ya establecidos estarán sujetos a revisión.
Junto a su propuesta de austeridad republicana, con el recorte de fondos para gastos superfluos, el próximo jefe de Estado anunció un millonario plan en materia energética, que contempla la rehabilitación de las refinerías y la construcción de una nueva en Tabasco, que será la capital energética del país.
Resulta paradójico, además, que entre los pendientes de Peña Nieto esté el crecimiento de la deuda externa, a la par de una marcada disminución de la inversión pública durante su mandato.
Hay luces y sombras en el balance del gobierno que se va, pero no en balde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) encajó la más profunda de sus derrotas en las elecciones de 1 de julio, donde emergió como fuerza victoriosa el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que dice ser la esperanza de México.
Orlando Oramas León*/Prensa Latina
*Corresponsal jefe de Prensa Latina en México.
[OPINIÓN][ARTÍCULO]
