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Un aniversario más de los terremotos del 19 de septiembre (1985 y 2017) y la exposición a amenazas a la seguridad humana por terremotos, huracanes, sequías, olas de calor e incendios continúa. La población, entre víctimas y pérdidas materiales, enfrenta además desplazamientos forzados y violencia entre comunidades por estos fenómenos ocasionados por el cambio climático.

De ocurrencia sorpresiva, rápida evolución y violencia, los desastres naturales se multiplican por el cambio climático y dejan a su paso una larga estela de desolación y muerte, frente a un gobierno incapaz de prevenirlos y que no aprende con las experiencias y que reacciona tardíamente.

Sabedor de su incapacidad para atender con eficacia los desastres naturales, y rebasado por una sociedad cada vez más activa y solidaria, como se demostró en los sismos de 1985 y 2017, los órganos de seguridad nacional del Estado Mexicano han clasificado en primer lugar los desastres naturales entre los 10 graves problemas enlistados en la Agenda Nacional de Riesgos.

Rescate de sobrevivientes, atención de heridos, extinción de incendios, control de escapes de sustancias peligrosas, establecimiento de albergues, entrega de agua y comida para damnificados, evacuación de personas, resguardo de la seguridad y el orden público, así como la recuperación y manejo de cadáveres, son tareas a las que se enfrentan oficinas anacrónicas de protección civil que desde hace 30 años no saben qué hacer en momentos de crisis para salvaguardar la vida de las personas.

Y es que, por su ubicación geográfica, diversidad climatológica de suelo, relieve e hidrológica, México está expuesto a riesgos y amenazas naturales -que los especialistas definen como riesgos “socialmente construidos”-, que derivan en cuantiosos daños humanos y materiales.

Después del Continente Asiático, América es la segunda región más afectada por desastres naturales. De acuerdo con The International Disaster Database, entre 1900 y 2017 se han registrado 3 mil 589 desastres en la región. En el mismo periodo, en México han ocurrido 259 desastres naturales, lo que lo convierte en el segundo país con mayor ocurrencia de este tipo de eventos, después de Estados Unidos, con 979 desastres.

En el periodo de 1900 a 2017 se han registrado en México 34 terremotos, que han causado poco más de 11 mil muertos, haciendo de estos fenómenos geológicos el más peligroso para el país en cuanto a pérdidas humanas se refiere, señala el informe La vulnerabilidad de México ante el cambio climático, una revisión del Sistema Nacional de Protección Civil, publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Precisa que la frecuente ocurrencia de ciclones tropicales, 92 para el mismo periodo, hace de este fenómeno el más costoso de afrontar, con daños calculados en 31 mil 144 millones de dólares a lo largo de poco más de 100 años.

 “A pesar de lo anterior, en términos de costos financieros, la suma histórica de los daños por tipo de desastre revela que no ha habido mejoras sustanciales en prevención y mejora regulatoria, contrario al caso de la disminución de pérdidas humanas”, subraya el documento de la autoría de Raúl Zepeda Gil, Alejandra Huerta Pineda, Mara Karina Sánchez y María Cristina Sánchez.

De acuerdo con los expertos, el Sistema Nacional de Protección Civil no ha sido capaz de generar mecanismos de protección a la población por las consecuencias del cambio climático antropogénico y sus secuelas como tormentas, inundaciones, terremotos, actividad volcánica, temperaturas extremas, deslizamientos de tierra, incendios, sequías y epidemias.

Los daños provocados por los 10 peores desastres naturales, medidos por el número de muertes que estos ocasionaron tanto en el periodo amplio de 1900 a 1917, como en un segundo periodo que va del año 2000 a 2017, revelan que, en ambos casos, los terremotos de 1985 y 2017 han sido los que mayores pérdidas humanas han causado; a pesar de ello, entre el primer y segundo evento se registra una importante disminución de dichas pérdidas. (Tablas 1 y 2)

Asimismo, el estudio del Senado de la República señala que es evidente que los fenómenos hidrometeorológicos como los ciclones tropicales y las inundaciones, cuya peligrosidad aumentará debido al cambio climático, han tomado relevancia en las últimas décadas, no sólo por la frecuencia de ocurrencia sino por el monto de los daños que estos provocan.

De los 259 desastres naturales registrados en México entre 1900 y 1917, el 80 por ciento (207) fue causado por fenómenos hidrometeorológicos: tormentas, inundaciones, sequías, deslizamientos de tierra y temperaturas extremas. La ocurrencia de estos fenómenos provocó 11 mil 350 muertos, 16 millones de afectados y daños totales calculados en 38 mil millones de dólares.

En comparación con los desastres geológicos, tan solo representan el 17 por ciento (44) del total; se estima que han provocado 12 mil 134 muertos y 2.8 millones de afectados, así como costos por daños que ascienden a 8 mil 378 millones de dólares.

Es decir, “el riesgo que representan los fenómenos meteorológicos es casi tan mortífero como los grandes terremotos, con pérdidas monetarias cuatro veces superiores”, consigna el diagnóstico del instituto Belisario Domínguez.

Humberto González Arroyo, maestro en protección civil y prevención de desastres por la Universidad Iberoamericana, asegura que el cambio climático es un detonador de fenómenos ciclónicos en México, un proceso del que se debe hacer conciencia de adaptación y ejercer medidas para enfrentarlo ante el incremento de temperatura, que conduce a la extinción de especies y problemas de seguridad nacional, como desplazamientos de población forzados por desastres como las sequías.

“La sequía va a obligar a muchos municipios a acercarse a otras poblaciones, lo cual es un tema de seguridad nacional y de seguridad pública por incendios forestales, deforestación, extinción de especies, ecocidios, ciclones, huracanes, y su derivación en conflictos, incremento de epidemias y pandemias y violencia en comunidades obligadas a desplazarse de manera forzada por el cambio climático”, acota.

Refiere en entrevista con Contralínea que desde 1989 se registra el desplazamiento forzado en muchas comunidades del país que carecen de oportunidades de sobrevivencia económica y que genera violencia.

 “Es un tema prioritario de la Agenda Nacional de Riesgos que el nuevo presidente (Andrés Manuel López Obrador) deberá atender, porque tiene que ver con pobreza, cambio climático, seguridad alimentaria y gobernabilidad”, precisa el académico.

González Arroyo, especialista en inteligencia para la seguridad nacional por el Instituto Nacional de Administración Pública, señala que el cambio climático es un tema no solo para la agenda de protección civil, sino para la Agenda Nacional de Riesgos y la seguridad nacional que el nuevo gobierno debe contemplar.

 “El cambio climático es un tema delicado por la inversión que realiza el Estado Mexicano en el rubro de desastres, los cuales no son naturales, sino socialmente construidos, por ejemplo, construir en zonas de alto riesgo, lagos, etcétera, donde va a haber un riesgo por fenómenos meteorológicos”.

Indica que para el Estado, de entre los desastres naturales el problema número 1 de la Agenda Nacional de Riesgos son las inundaciones, contrario a lo que se piensa de los sismos, ya que desde 2012 hubo un aumento del 40 por ciento de anegaciones en el país ocasionadas por el cambio climático.

 “El cambio climático nos habla de canícula, aumento en la temperatura, epidemias y pandemias, desplazamientos forzados, violencia entre comunidades porque se acaba la actividad económica, así como de la obligación de enfrentarlo como una amenaza a la seguridad nacional”, destaca el catedrático.

La violencia entre comunidades -dice el especialista- es el efecto colateral del cambio climático, un tema irreversible que demanda medidas de adaptación y de una cultura de prevención y de gestión integral de riesgo y protección civil. En su opinión, persiste la acción reactiva frente a la preventiva por parte de las instituciones, “como lo vimos en los sismos de 2017”.

González Arroyo explica que el modelo internacional habla de la gestión integral del riesgo, es decir, de una gestión preventiva y reactiva y de prospección de prevención de riesgos a los que está expuesta la población, para que esta sepa a lo que se está enfrentando y aprenda a manejarlo. Pero, sobre todo, es un fenómeno relacionado con la pobreza que está relacionada intrínsicamente con los desastres.

Advierte que si no se generan políticas transversales que reduzcan la pobreza y la vulnerabilidad de las comunidades, resulta muy complicado que no vaya a haber damnificados por desastres “mal llamados naturales”, derivados del cambio climático, es decir, socialmente construidos.

“Falta mucha cultura de protección civil, no hemos trascendido de una gestión de riesgos de carácter reactiva a una preventiva, sino que todo recae en las fuerzas armadas y en la sociedad civil. México necesita trascender y no ver el niño ahogado y tapar el pozo sin invertir en prevención de la gestión de riesgo y revertir el gasto en acciones reactivas como forma de enfrentar los desastres”, añade González Arroyo.

Se requiere conjuntar la capacidad de Inteligencia Naval, de la Sección Segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Policía Federal, de los Centros de Alertamiento de Tsunamis y Sismos, y romper el paradigma que demuestre que se puede hacer algo en el ámbito de la seguridad pública y la protección civil.

“La protección civil tiene que ver con imparcialidad y neutralidad, por lo que al estar en áreas de seguridad pública se complica. Se tiene que analizar cuál es el modelo que pueda funcionar, porque durante años el sistema está debilitado y corrupto, aunque hay excepciones de autoridades capaces en estados y municipios”, indica el también investigador del Instituto Mora.

Para González Arroyo el gobierno debe centrar el tema en la seguridad humana, alimentaria, seguridad nacional y de desarrollo, enfrentar el cambio climático, para lo cual “se requiere de funcionarios capacitados en una cultura y conocimiento de la gestión integral de riesgos desde el marco de Sendai y que cumplan la Ley de Protección Civil, porque la gente sigue viviendo en las calles, hay problemas de reconstrucción por los sismos de 2017 sin resolver, incluso también desde el los sismos del 85”, remata.

Protección civil, 30 años de fracasos

 “Justo 32 años, 5 horas y 55 minutos después del sismo del 19 de septiembre de 2017, la sociedad y autoridades de una de las ciudades más grandes del mundo y de las más importantes de América, no estuvieron del todo preparadas para un escenario muy similar al que se vivió en el ´85”, refiere César Orlando Flores Sánchez, maestro en prevención de riesgos por la Universidad Politécnica de Valencia, España.

Los sismos de septiembre de 2017, al igual que otros eventos desastrosos como el impacto de los huracanes Ingrid y Manuel en 2013, el huracán Odile en 2014, la explosión en San Martín Texmelucan en 2010 o las inundaciones en Tabasco en 2007, son muestra de lo poco eficiente que resulta el modelo de una Agencia de Protección Civil subordinada a despachos ajenos a la gestión de riesgos, como la Subsecretaría de Protección Civil que anunció el gobierno de López Obrador.

Considera que la creación de dicha Subsecretaría de la Secretaría de Seguridad Pública del próximo gobierno representa un retroceso de 30 años en la gestión integral del riesgo de desastre, “íntimamente ligado a la gestión del desarrollo sostenible, lo que lo hace un tema prioritario de seguridad nacional”.

La Subsecretaría de Protección Civil será un obstáculo para cumplir con los programas y proyectos para alcanzar las metas del marco de Sendai y sus cuatro fases: prevención, preparativos, respuesta y recuperación, responsabilidades de los órdenes de gobierno y la racionalidad de la comprensión holística de las amenazas y riesgos, enfatiza el especialista.

“El tema (de protección civil) quedará relegado, por carecer del respaldo profesional, académico y gubernamental que exige un organismo de esta naturaleza… Lo que se necesita es un organismo autónomo y con mayor autoridad”, subraya Flores Sánchez en su análisis Subsecretaría de Protección Civil, un retroceso de 30 años, publicado por el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav).

Jesús Manuel Macías, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), manifiesta que la idea errónea de que los desastres representan retos para la gobernabilidad fue la causa de que en México la protección civil se alojara en la Secretaría de Gobernación.

Explica que la ocurrencia de desastres tiene que ver más con la pobreza y malos gobiernos que no atinan a desarrollar la mejor organización para enfrentar desastres, considerando integralmente el marco de Sendai.

Destaca que cuando el mundo ha evolucionado hacia el concepto de gestión integral del riesgo de desastre, México sigue hablando de protección civil como si ésta fuera realmente una política pública o como un eje de acción gubernamental. “Todo esto resulta más bien una idea obsoleta que sólo conducirá a que México siga quedando fuera del concierto mundial” en protección civil, apunta el investigador.

Refiere que hace un año en México se llevó a cabo la Plataforma Global para la reducción del riesgo de desastre, y que hace sólo un mes se participó en la Plataforma Regional para la reducción del riesgo de desastre en las Américas, en Cartagena, Colombia, donde México se comprometió a implementar acciones en el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030.

Entre las acciones destaca reconocer el carácter multidisciplinario e interinstitucional de la reducción del riesgo de desastres, a fin de aumentar y promover la resiliencia; promover la investigación conjunta sobre los fenómenos que potencialmente ocasionan pérdidas en la región; promover la concientización y conocimiento entre la sociedad en una cultura de prevención de desastres, resiliencia y responsabilidad ciudadana.

Macías anota que quienes llevan a cabo acciones de protección civil en otros países son unidades autónomas; por ejemplo, dice, Ecuador cuenta con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que es un organismo descentralizado; Colombia cuenta con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre.

Posibilidad de macrosismo de 8.5 grados

José Raúl Cantón y Lara, presidente del Congreso Nacional de Protección Civil (CNPC), alerta que se espera un sismo de magnitud considerable sobre el Pacífico, precisamente “en la brecha de Guerrero que va de Ixtapa, Zihuatanejo, hasta Acapulco, donde se ha concentrado un cúmulo de energía”, aunque aclara que no se puede predecir científicamente cuándo ocurrirá ni su magnitud, “pero se estima que podría ser un sismo de intensidad de entre 7.5 y 8.5 grados”.

La zona del Pacífico está expuesta a una mayor ocurrencia de alta sismicidad, relacionada con la actividad volcánica y el reacomodo de las placas tectónicas, por lo que de ocurrir un macrosismo, sus efectos se percibirían en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco, Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Ciudad de México.

El experto afirma en entrevista con Contralínea en que la protección civil no es sinónimo de bomberos ni de socorristas o paramédicos, o de rescatistas ni de policías, por lo que estima que no debe estar adscrita a bomberos ni a grupos de rescate ni de socorrismo, y mucho menos a seguridad pública o a dependencias policiacas.

En las dependencias de protección civil debe haber científicos, ingenieros civiles, licenciados en derecho y en psicología, antropólogos, geólogos, médicos especializados en medicina forense, ingenieros químicos, arquitectos corresponsables en seguridad estructural, especialistas en la gestión integral del riesgo.

La protección civil se consideraba como un conjunto de normas y procedimientos encaminados a prevenir desastres o minimizar sus efectos. Ciertamente la implementación tiene su complejidad, pero ésta se basa principalmente en ciertas normas que reduzcan la vulnerabilidad de las zonas con mayor posibilidad de afectación, y principalmente en la educación de la población en esta materia para lograr crear cultura respecto a la protección civil.

Sin embargo, explica que las bases del Sistema Nacional de Protección Civil de 1986 cada quien las interpretó a su manera, y peor aún es que en muchas entidades federativas se elaboraron leyes sin siquiera saber lo que contenían dichas bases.

Lentamente fue madurando todo lo que involucraba la protección civil y cómo se debería manejar; entre 1992 y 2012 se produjo un retroceso al imponer a personas ineptas al frente del sistema, añade el experto en protección civil.

Advierte que insertar la protección civil en la Secretaría de Seguridad Pública, como propone el gobierno de López Obrador, “es un error garrafal”, y plantea que esta tarea compleja debe recaer en un organismo totalmente independiente y autónomo, que lleve a cabo las actividades de gestión de riesgos y prevención de desastres.

 “Justo 32 años, 5 horas y 55 minutos después del sismo del 19 de septiembre de 1985, la sociedad y autoridades de una de las ciudades más grandes del mundo, y de las más importantes de América, no estuvieron del todo preparadas para un escenario muy similar al que se vivió en el 85”, arguye César Orlando Flores Sánchez, exdirector de Protección Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los sismos de septiembre de 2017, al igual que otros eventos desastrosos, como el impacto de los huracanes Ingrid y Manuel en 2013, el huracán Odile en 2014, la explosión en San Martín Texmelucan en 2010 o las inundaciones en Tabasco en 2007, son muestra de lo poco eficiente que resulta el modelo de una agencia de protección civil subordinada a despachos ajenos a la gestión de riesgos.

“Cuántas veces hay que equivocarse y seguir experimentando con errores del pasado, más aún cuando ha quedado demostrado que ese camino no ha sido el idóneo a lo largo de 30 años”, cuestiona Flores Sánchez.

Expone que México es muy vulnerable a distintas amenazas, pero el mensaje oficial que se transmite es que la gestión integral del riesgo de desastre aún no está contemplada como una prioridad, íntimamente ligada a la gestión del desarrollo sustentable, y por ende es una materia muy importante para la seguridad nacional.

Flores Sánchez advierte que el nuevo gobierno deberá entender que no es posible seguir siendo reactivos en cuestión de desastres. “Todo el ahorro y la disciplina que se obtendrá con la ‘austeridad republicana’, podría perderse en temas de reconstrucción, en lugar de invertir para la mitigación y preparación, como lo establece el marco de Sendai”.

Insiste en que no se debe confundir el tema de seguridad pública con el de protección civil “ni semántica ni coloquialmente existe una relación donde una se subordine a la otra, sino que coadyuvan entre sí para un mismo fin, pero con métodos y conceptos absolutamente diferentes y en casos específicamente definidos”.

Aglutinar varias agencias dedicadas al tema central de seguridad en la futura Secretaría de Seguridad Pública “no es adecuado, puesto que los conceptos son divergentes; es decir, no es lo mismo la política criminal que la prevención del delito, no es lo mismo la inteligencia policial que la inteligencia para la seguridad nacional, y la prevención del delito tiene técnicas y prácticas muy diferentes a la prevención de desastres”.

Añade que se requiere una autoridad única que pueda lograr la gobernanza y transversalidad que el tema exige, tanto en la administración pública federal, estatal y municipal, de manera que se asegure una gestión del desarrollo sostenible, en el marco del cambio climático.

Apunta que México necesita una autoridad autónoma en materia de protección civil que realmente pueda ejercer con independencia acciones, programas, proyectos e iniciativas encaminadas a la gobernanza, a la prevención, a la mitigación de riesgos y amenazas a la población.

 “Esto incluye la reorganización conceptual y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, recursos federales, estatales y municipales para la prevención y atención de emergencias y desastres, y la recuperación o reconstrucción de las zonas afectadas. Y, sobre todo, solventar lo más peligroso: el centralismo en la atención de los aspectos de gestión de riesgos”, enfatiza el experto.

Argumenta que la protección civil no se creó para actividades de prevención del delito ni combate a la delincuencia, sino para establecer medidas y protocolos de prevención de accidentes, siniestros y desastres, auxiliar a la población en caso de verse afectada por algún fenómeno natural, coordinando las actividades de grupos especializados, no actuando como bomberos, socorristas, ni rescatistas.

En enero de 2014, 178 municipios fueron afectados por sequías; en los primeros 15 días de enero de 2018 fueron 996.

José Réyez

 

Contralínea 607 / del 10 al 16 de Septiembre 2018