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Organismos defensores de derechos humanos denuncian que el sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido el más violento: ha dejado un saldo de 104 mil ejecuciones extrajudiciales y 37 mil desapariciones forzadas. Mientras, durante el sexenio de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se reportaron 102 mil 586 ejecuciones extrajudiciales y 24 mil desapariciones forzadas.

La desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales son considerados crímenes de lesa humanidad y son efectuados por agentes del Estado, aunque en el gobierno de Felipe Calderón dichos crímenes se cometieron con la justificación librar una “guerra” contra el narcotráfico. Este sexenio se caracteriza porque las víctimas han sido trabajadores del campo, activistas y defensores de derechos humanos, señalan las organizaciones.

Asimismo, en un  pronunciamiento del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, las organizaciones declaran que las cifras de víctimas muestran los efectos de la magnitud del “terrorismo de Estado”. Y que por cada denuncia que se realiza, 10 no se hacen. Y si se contemplaran las víctimas indirectas, se hablaría de millones de víctimas y de una violencia sistémica.

Las ejecuciones extrajudiciales

Las organizaciones registraron más de 151 mil ejecuciones extrajudiciales del 2006 a 2015. Y afirman que de 2006 a 2007 el gobierno mexicano autorizó que efectivos del Ejército Mexicano y de la Armada de México realizaran graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Algunos casos de  ejecuciones extrajudiciales son: el de Tlatlaya, Estado de México, en el que murieron 22 personas a manos de soldados en 2014; el de Apatzingán, Michoacán, donde agentes de la Policía Federal y de otras fuerzas de seguridad mataron a 16 personas en el 2015; y en el mismo año en Tanhuato, Michoacán, las fuerzas de seguridad mataron a 43 personas en un operativo.

Sin embargo, los casos no se investigan adecuadamente y quienes las realizaron siguen gozando de impunidad. De acuerdo con Amnistía Internacional, las autoridades no publican las cifras de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y fuerzas militares, ni información acerca de los cargos penales en el caso de Tlatlaya.

Berenice Santos