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En México, aproximadamente 8 millones de personas son víctimas potenciales del mercado negro de los fármacos; es decir, consumen medicinas falsas, robadas o caducas que adquieren en puestos semiclandestinos y en internet, refiere la Cámara de Diputados.

Con base en información de la Secretaría de Salud y la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), el análisis legislativo indica que las ventas ilegales van de los 650 millones a 1 mil 500 millones de dólares anuales, y tienen mayor incidencia en Jalisco, Michoacán, Puebla, Nuevo León y la Ciudad de México.

Según la Canifarma, el crimen organizado obtiene ganancias por 11 mil 500 millones de pesos anuales por la comercialización de este tipo de medicamentos falsos, robados o caducos.

El problema es tan grave que México se ubica ya como el sexto lugar mundial en venta de medicinas ilegales, pues seis de cada 10 fármacos provienen de ese mercado clandestino, indica el reporte de la Cámara de Diputados, de mayo pasado.

Pero si hablamos de fármacos, la problemática va mucho más allá, porque el país carece de una política pública en la materia, advierte el doctor Alejandro Nieto Rodríguez.

El investigador de la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de México explica que una política de este tipo no sólo atendería el tema criminal, sino que también fijaría criterios para atacar otros problemas relacionados con la industria.

Y es que si hablamos del mercado mexicano de las medicinas, el desastre que heredará la próxima administración federal es mayúsculo. “Si el próximo gobierno quiere reducir costos y mejorar la atención sanitaria debe cambiar la visión en este tema, y no sólo aplicar las compras consolidadas”, señala el experto.

En entrevista, el químico farmacobiólogo, maestro en biotecnología y doctor en ciencias biomédicas indica que además de combatir el mercado clandestino, se deben atender los otros problemas: la excesiva importación de productos, que a su vez genera dependencia hacia India y China; la nula vigilancia de la calidad de los productos importados; las anomalías en la adquisición y distribución de las medicinas; la carencia de criterios para la atención de enfermedades; la pululación de consultas en farmacias, y la ausencia de profesionales –licenciados en farmacia– en el sistema de salud.

Una política nacional farmacéutica debe regular desde la adquisición de medicamentos –que incluya los tópicos de precio, calidad y cantidad–, hasta la distribución de los mismos; e incluso debe determinar las enfermedades prioritarias.

Al respecto, sugiere que se deben atender los padecimientos que más afectan a los mexicanos, en vez de gastar en enfermedades raras o poco presentes en la población; además, que se deben generar políticas para prevenirlos. Sólo así el gasto social será efectivo y en beneficio de la sociedad.

Actualmente, por la falta de una política farmacéutica, cada clínica y hospital del sector público define qué y cómo compra, dejando en la indefensión a muchos enfermos, asegura. Es decir, cada unidad médica decide arbitrariamente qué enfermedades atender y con qué protocolo médico.

No obstante, la Secretaría de Salud asegura que sí cuenta con una política farmacéutica, que “está alineada con las tres prioridades en salud establecidas por el gobierno de la república y tiene como objetivo principal fortalecer el acceso efectivo y oportuno de la población a un mercado debidamente abastecido con productos seguros, eficaces y de calidad a los menores precios”.

Dependencia y deficiente calidad

Uno de los peores problemas en el sector es la dependencia. Según la Canifarma, más del 95 por ciento de los medicamentos comercializados legalmente en el país proviene del extranjero. Al respecto, Nieto Rodríguez explica que México ha quedado a merced de los dos grandes productores internacionales: India y China.

Tan sólo entre abril y junio pasados, las importaciones de productos farmacéuticos ascendieron a 1 mil 242 millones 26 mil dólares (unos 24 mil 840 millones de pesos), refiere el Sistema de Información Económica del Banco de México. De ese tamaño es el negocio de las medicinas importadas.

La dependencia conlleva otra anomalía en la cadena, concretamente en el ámbito del control de calidad, en el cual México prácticamente está en pañales.

La encargada de evaluar este aspecto es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), “concebida como una agencia de regulación sanitaria con amplias competencias, en comparación con otras agencias internacionales que regulan individualmente los sectores de la economía”, indica el órgano de la Secretaría de Salud.

Agrega que su actividad primordial es prevenir riesgos sanitarios transversalmente, al ofrecer al consumidor las mejores alternativas en el mercado de calidad y precio de insumos para la salud, así como con una vigilancia sanitaria inteligente y efectiva.

Además de los insumos para la salud, la Cofepris regula alimentos y bebidas; servicios de salud; productos de uso y consumo (cosméticos); plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas; emergencias; salud laboral, y riesgos ambientales.

Nieto Rodríguez observa que, en el caso de los fármacos importados, la Comisión no se da abasto para evaluar su calidad y, por tanto, no lo hace. “Ha homologado los criterios de calidad con los de otros países, particularmente con Estados Unidos. Así, el que evalúa es Estados Unidos y México acepta esa conclusión”.

Advierte que esto ha derivado en que nadie vigile que esos productos realmente tengan las propiedades que aseguran, porque pueden ser distintos a los que se venden en el vecino país. El riesgo, dice, es para la salud de los mexicanos: una medicina de mala calidad no sólo no cura el malestar sino que puede generar un daño.

Otro problema asociado es que los laboratorios ya no producen aquí las medicinas, sólo las importan, porque en el sexenio de Felipe Calderón se eliminó la obligatoriedad de poseer una planta en México para poder vender sus medicinas, asegura el doctor Nieto.

Para dar una respuesta integral a la salud de los mexicanos, el próximo gobierno estará obligado a atender toda esta problemática que es, sin duda, uno de los grandes pendientes que deja el gobierno de Enrique Peña.

Nancy Flores