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Después de 8 años de la masacre donde murieron 72 migrantes –en su mayoría, originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala–  en el poblado de San Fernando, en Tamaulipas, el caso continúa impune y familiares de las víctimas siguen buscando la verdad de lo ocurrido, justicia y reparación de los daños.

Los familiares han enfrentado irregularidades respecto a la correcta identificación y entrega de los cuerpos hallados; falta de coordinación entre los gobiernos de países centroamericanos y de México, así como dificultades para acceder a las copias de los expedientes y conocer el avance de las investigaciones, informó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en un comunicado.

Como parte de los avances logrados por el Estado mexicano en el tema están: la creación de la Comisión Forense, la Unidad de Migrantes de la Procuraduría General de la República y el Mecanismo Transnacional de Acceso a la Justicia para Migrantes, señaló el representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab.

Jarab también mencionó que se necesita el desarrollo de políticas públicas respetuosas de los derechos de las personas migrantes en tránsito por México y el reforzamiento de las políticas de apoyo que los países de origen puedan brindar a sus connacionales.

Para tener mejores resultados, el representante de la ONU-DH explicó que los Estados de origen, tránsito y destino de migrantes deben redoblar los esfuerzos en la búsqueda, investigación y sanción de los responsables de los delitos cometidos en contra de estas personas, a fin de prevenir que estos hechos sigan ocurriendo.

Rodrigo Ek