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Los Comités de Cuenca Río Sonora exigieron a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se falle a favor del amparo interpuesto en 2016 para que los tomen en cuenta y participen de manera informada en la decisión de la construcción de una nueva presa de jales, se informó en un comunicado de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por su sigla en inglés).

La construcción de la presa de jales en Cananea, Sonora, representaría un riesgo para los habitantes del mismo municipio y de aquellos cercanos a los ríos Bacánuchi y Sonora , ya que “podría suceder otro derrame” de sustancias provenientes de minerales refinados por la empresa Buenavista del Cobre, como el ocurrido hace cuatro años y que afectó directamente al poblado de Bacánuchi, que los dejó sin agua potable y con daños a la salud, explica a Contralínea Luis Miguel Cano, abogado de los Comités y de la organización PODER.

La presa “acabaría con todo Bacánuchi”, declara Maribel Bustamante, miembro de Los Comités. Y es que la cantidad de químicos que pudieran derramarse y llegar otra vez a los ríos serían el doble de lo vertido años atrás. “Podría contener hasta 80 mil veces más, es decir, aproximadamente unos 3 mil millones de metros cúbicos de desechos”, advierte el abogado Cano.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es la autoridad responsable de la autorización de la construcción de la presa y la que también en 2013 concedió los permisos para que la minera depositara los residuos en presas más pequeñas. “No se informó y no se permitió la participación de la comunidad antes de que Semarnat autorizara la construcción de la nueva presa”, precisa.

Luis Miguel Cano señala que construir y operar el nuevo proyecto “es anticonstitucional” y tendría que tener como efecto mínimo la detención de la obra, además de ponerse a consideración de la población información, que se les deje participar y consultar a expertos para saber si la obra representa un peligro.

En caso contrario de que la SCJN falle en contra el próximo 22 de agosto, el abogado Cano plantea el escenario de llevar el caso a instancias internacionales para exponer violaciones a los derechos humanos importantes, como la participación pública y el acceso a la justicia.

“Lo que pasa a lo largo del país es que la gente amanece con proyectos en su propio territorio. Proyectos que las empresas presentaron con el gobierno en una relación bilateral, en la que pidieron los permisos y el gobierno se los dio como si las personas fueran parte del paisaje”, concluye Luis Miguel Cano.

Jordana González