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Ya empezó Andrés Manuel López Obrador a dar muestras, con hechos a realizarse en cuanto asuma el cargo, de sus actuales actos autoritarios (metiéndole mano al Congreso de la Unión, incluso sin reformas constitucionales, que lo encaminan a ejercer el poder presidencial absoluto). Y es que como la mayoría de los actores políticos desde 1946, tiene raíces priistas. Eso podría ser poca cosa, ante lo que es ser titular del Poder Ejecutivo Federal; con una suma de facultades y funciones que tradicionalmente ha caracterizado a ese poder. Y que más temprano que tarde lleva a que “el poder corrompe” y el “poder absoluto, corrompe absolutamente”. La corrupción no sólo es robar en los cargos públicos. Una de sus caras es abusar del poder aunque sea para querer hacer el bien. Si esa presidencia está de cabeza, López Obrador quiere ponerla de pie sacudiendo al sistema, caiga quien caiga. ¿Puede hacerlo? Tal vez sí.

Pero ni en un país de ángeles los cambios se pueden hacer como si el presente escapara a la real política de buscar los medios legales vigentes, con todo y que cuente con la legitimidad que logró López Obrador: con mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados para lograr reformas constitucionales que cimbren al sistema presidencial, sus instituciones descentralizadas y desconcentradas. Los 32 gobernadores se han inclinado a él como si fuera un monarca. Y debe relativizar ese poder absoluto y someterse a contrapesos, o puede ir cayendo en las mismas tentaciones que los priistas (y los dos panistas), aunque sea para –dice– mejorar las actividades nacionales.

Hay que agregarle al poder absoluto presidencial a la mexicana, los poderes fácticos o metaconstitucionales de que han hecho uso los expresidentes del PRI-PAN para dañar a la Nación. Hacer lo mismo al calor de los 30 millones de votos obtenidos, significa que hay un abismo con un volcán en el fondo, esperando hacer erupción y tragarse lo que esté a su alcance. El absolutismo presidencial, del que ha estado alardeando López Obrador con sus anuncios de cambiarlo todo, sus protagónicas conferencias y entrevistas de prensa (su visita a La Jornada y al resto de la prensa ninguneada), son demostraciones de que puede hacer lo que quiera, minando la institución presidencial de Peña; que será de palo, pero es el presidente hasta el 1 de diciembre, cuando entregue la banda presidencial.

Casi todos los medios de comunicación de radio, televisión, prensa escrita y medios tecnológicos (salvo el periódico El País) dieron cuenta informativa de la investidura como presidente electo de Andrés Manuel López Obrador, quien a los 65 años (nacido en el municipio de Macuspana, Tabasco en 1953), y tras dos reveses, logró triunfar. A esas adversidades debe López Obrador su resistencia política, tras haber sido empollado por Enrique González Pedrero y terco, persistente, lograr la Presidencia de la República maltrecha, sobre todo a partir de 1946; es decir, de Miguel Alemán a Peña.

Todavía brusco y con una jerga violenta para atacar –empezando a moderarse después de las elecciones–, se ha ido despojando de la ideología y militancia priista, sacando su nacionalismo histórico de lo que él ha llamado la primera, segunda y tercera transformaciones, prometiendo encabezar la cuarta con su lema: “Juntos haremos historia”, asido a la enseñanza de Benito Juárez. Pero para ello se requiere hacerse estadista.

La palabra-concepto: estadista se deriva de Estado, como medio jurídico y fines englobados en política, para normar actos y conductas de los gobernantes, para coordinar-dirigir “a la insociable sociabilidad” del pueblo, constituido en sociedad civil. Estadista es, pues, un dirigente que se hace en la competencia política, en el contexto de la democracia representativa, desde su aurora griega-ateniense de carácter demócrata, enraizado en la democracia directa para obtener, en ambas vertientes, su legitimidad en el marco de la legalidad de normas jurídicas escritas a partir de su constitucionalidad.

El estadista siempre está formándose en la vida pública en lo que se ha llamado el republicanismo de la división de poderes, elecciones periódicas, libertades de pleno derecho positivo (ahora como derechos humanos) y los contrapesos. El estadista dirige y coordina siempre al llamado Poder Ejecutivo, integrado por funcionarios y manteniendo una conducta ejemplar e intachable de probidad y honradez; cualidades puestas al servicio de gobernar con invariable legalidad y cuando no es así, no como regla sino excepcionalmente, dirimir en los tribunales autónomos los conflictos.

El estadista nunca se asume como “el Estado yo soy”, característica del autócrata y los autoritarismos, sino como titular de uno de los poderes legales; actuando como gobernante en el estira y afloja de la participación de los ciudadanos en sus diversas actividades. Nunca el estadista es ni el Estado ni todo el gobierno ni la sociedad con su pluralismo político, sus intereses legales y sus libertades como derechos humanos. El estadista se hace en esos yunques; y si además, por su formación y estudios tiene la semilla, llevará a cabo aquello de que el gobierno es “el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo”. Y que “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Ejerciendo tales principios como norma de gobernante para servir a los gobernados con el espíritu de “siervo de la Nación”. Estas enseñanzas democráticas universales, son la semilla para hacerse estadista. ¿La tiene López Obrador?

Álvaro Cepeda Neri

cepedaneri@prodigy.net.mx

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