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Empobrecidos y con más de 70 años de vida, los exbraceros que trabajaron legalmente en Estados Unidos de 1942 a 1962 siguen a la espera de recuperar el 10 por ciento del salario que el gobierno mexicano les retuvo. Han ocupado la Presidencia ocho priístas y dos panistas y todos han mostrado la misma indolencia frente a los trabajadores

El cansancio marca sus cuerpos, encorvados en su andar lento. Han llegado a las 7 y 8 décadas de vida. Dormitan involuntariamente y la fuerza de sus manos se ha quedado en algunas señales de reumatismo. Sus cabezas blancas se cubren con sombreros de paja. De origen campesino, Nicasio y Norberto vienen a la capital del país en busca de justicia.

Llevan 16 años pugnando por que les sean entregados los recursos que el Estado mexicano les descontó de sus salarios como migrantes legales en Estados Unidos, allá por las décadas de 1940 a 1960, con los intereses generados.

La pobreza ha sido insuperable desde antes de realizar aquellos viajes en los que salieron a trabajar como jornaleros, a ganar lo que sus tierras no les daban. Al igual que otros 3.5 millones de campesinos, según documenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que se apegaron al Programa Bracero, pactado entre ambos gobiernos, en un momento en que Estados Unidos lo necesitaba.

El Bracero History Archive señala que se firmaron 4.6 millones de contratos temporales, y este pacto se convirtió en el mayor programa laboral contratado con Estados Unidos, el mismo en el que “muchos trabajadores enfrentaron un sin número de injusticias y abusos, incluyendo alojamiento deficiente, discriminación e incumplimiento de contratos, incluso fueron estafados al recibir sus salarios”, documenta.

El Archivo Historia del Bracero es un proyecto del Centro para la Historia y Nuevos Medios, la Universidad George Mason, el Museo Nacional de Historia Americana Smithsonian, la Universidad Brown y el Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso.

Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, la carencia de mano de obra en las granjas estadunidenses motivó que, bajo el mandato de Franklin Delano Roosevelt, en aquel país y de Manuel Ávila Camacho, en México, los países acordaran emplear en esos campos a los mexicanos.

El 4 de agosto de 1942, Estados Unidos concluyó un acuerdo intergubernamental temporal para el uso del trabajo agrícola mexicano en las granjas de Estados Unidos (oficialmente denominado Programa de Trabajo Agrícola Mexicano), y comenzó la afluencia de trabajadores legales temporales mexicanos. Pero el programa duró mucho más de lo previsto.

En 1951, documenta el archivo histórico estadunidense, después de casi una década de existencia, las preocupaciones sobre la producción y la entrada de Estados Unidos en el conflicto coreano llevaron al Congreso a formalizar el Programa Bracero con la Ley Pública 78.

Pactos incumplidos

Los de Nicasio y Roberto fueron contratos pactados como consecuencia de que en aquel país no había suficiente mano de obra en el sector rural y los bajos salarios eran despreciados por los mismos estadunidenses, aunque para los hombres oriundos de Tlaxcala significó una leve mejora en su economía.

Nicasio Martínez Juárez cuenta 82 años de edad. Forma parte de la Asamblea Nacional de Braceros (ANB), donde otros 300 de sus afiliados buscan un pago justo por la deuda que ha reconocido el Estado.

Tenía 22 años cuando viajó por primera vez a Estados Unidos, llegó a Michigan para la cosecha de pepino, trabajó 45 días y lo regresaron al país con el 10 por ciento menos de su salario. “Cuando nos entregaban el cheque ya nos habían quitado el 10 por ciento, era 1943 y así siguieron haciendo a los braceros de esta época”.

“Preguntamos por el destino de ese 10 por ciento y nos dijeron que nos sería devuelto 30 días después de regresar a México, pero ya han pasado muchos años y esto no ha ocurrido”. Han vivido al desamparo de las autoridades.

En aquel tiempo, comenta Nicasio, la devolución pudo haber sido material, con la entrega de alguno de los instrumentos que utilizan en el campo: una pala, una hoz, un machete, “toda clase de herramienta que usábamos en el campo, pero no se nos regresó nada y nosotros, desgraciadamente, no sabíamos a fondo lo que había pasado”.

Al dinero le perdieron la pista, hasta que en Estados Unidos se comenzaron a entregar recursos a miles de personas que como ellos habían formado parte del ejército jornalero que migró por más de dos décadas. Una nota publicada en un diario de circulación local en Los Ángeles, California, los puso en tanto.

De la nota periodística se hicieron volantes que circularon por diversas zonas de la República Mexicana. En ella, platica Nicasio, decía que los braceros que se habían quedado en Estados Unidos ya iban a cobrar su dinero. Entonces, “se hicieron volantes, los repartieron en los pueblos. Nosotros nos encontrábamos con la abogada Luz Rivera quien ha llevado el caso”.

La Auditoría Superior de la Federación ha documentado que en dicho programa se incluyó un fondo con la retención del 10 por ciento de los salarios de cada uno de los trabajadores. El porcentaje se depositó durante 14 años en el Banco Wells Fargo y, presumiblemente, ascendió a 700 millones de dólares.

Negligencia transexenal

La voluntad de Nicasio por recuperar los recursos que se le descontaron en aquella época no ceja. Desde el sexenio de Vicente Fox Quesada ha venido luchando por recuperarlos, pero ninguno de los que conforman la Asamblea ha conseguido ser atendido por algún funcionario.

Durante la administración de Fox Quesada hubo miles de exbraceros que se apegaron al cobro de 38 mil pesos, como parte de la campaña que hizo el gobierno para apaciguar el reclamo de miles de personas y, en el caso de fallecimiento, de sus familiares más cercanos.

“El gobierno hizo las oficinas en todos los estados y les recogieron sus documentos a todos los braceros, les iniciaron el trámite, pero a muchos ya no se les devolvió la documentación ni el dinero”, dice Nicasio.

Norberto Flores Heliosa tiene 78 años de edad; 53 más que cuando viajó por primera vez a San Diego de Santa Ana, en Estados Unidos, uno más de los defraudados por el propio gobierno, pues “en el convenio que se hizo estipula rotundamente que nos descontarían un 10 por ciento como un ahorro para que cuando regresáramos a México trajéramos unos centavos más, pero no fue así”.

Don Norberto dice que, pese a su edad, no ha dejado de trabajar el campo, pues todavía es su único sustento. Ha decidido seguir en el reclamo de sus ahorros, pese al desgaste que esto significa para él y decenas de sus compañeros.

Oriundo de Tlaxcala, Norberto comenta que la negligencia del gobierno para atenderlos ha pasado de un sexenio a otro: “¿Cuándo nos van a regresar ese dinero, con sus respectivos intereses? Calculamos que nos corresponden, aproximadamente, 1 millón de pesos por bracero”, espeta.

El movimiento que ellos llevan ha sido atractivo para quienes buscan llegar a un puesto de elección popular, pues han llegado de diversos partidos políticos a ofréceles la solución de sus peticiones a cambio del voto.

“Ellos sólo han jugado con nosotros y han dejado que la gente se vaya muriendo. Quedamos unas 300 personas en la Asociación: de Oaxaca, Puebla, Hidalgo… muchos ya son mayores y nos han ido dejando porque ya no pueden continuar por motivos de salud, o mueren. ¡No es justo!”, dice el campesino de 78 años.

En 2005, el Poder Legislativo aprobó y publicó la Ley que creó el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. En dicha ley se estableció el otorgamiento de 38 mil pesos a los Ex Trabajadores Migratorios que prestaron sus servicios en Estados Unidos de 1942 a 1964, de conformidad con el Programa Bracero o, en su caso, a los cónyuges o hijos que sobrevivan y acrediten la procedencia del mismo.

Las inconsistencias en la operación de este fondo han sido motivo de desconfianza entre los integrantes de la Asamblea Nacional de Braceros; y por ello, la petición de esclarecimiento a niveles presidenciales.

Lourdes Guilliem Partida es hija de Amador Guilliem Salcedo, un exbracero que murió sin saber que el gobierno mexicano había recibido el 10 por ciento de sus ganancias en aquel país.

Lulú, como la llaman los excompañeros de sus padres, es una de las encargadas en llevar escritos a las oficinas de gobierno y legislativas. Durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, el 13 de abril de 2013, llevó la primera carta a Palacio Nacional, para el ahora presidente saliente. La misiva fue turnada a la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, y nunca se obtuvo respuesta.

En ella, los integrantes de la Asamblea Nacional de Exbraceros, originarios de Tlaxcala, solicitan la “entrega de nuestro fondo de ahorro, constituido con una retención del 10 por ciento que para ese efecto nos descontaban los subempleadores […] ponemos a su apreciable consideración nuestros anhelos últimos de recuperación de nuestro fondo de ahorro […]. Wells Fargo, en Estados Unidos, fue el encargado del fondo de ahorro, en tanto que en México fue operado por el Banco de Crédito Agrícola.

“[…] No deseamos que por nuestra urgencia y necesidad, la autoridad nos quite nuestro derecho laboral al fondo de ahorro campesino a cambio de un apoyo, obligándonos a firmar un documento en el que renunciemos a ese derecho. La alevosía y ventaja con que se conduce el fideicomiso no es para nosotros, que en momentos como la Segunda Guerra Mundial, contribuimos con nuestro trabajo al bienestar nacional. Ahora, no queremos que el gobierno nos apoye, sino que nos cumpla, entregándonos nuestro fondo de ahorro, para sobrellevar lo que nos quede de vida”, exigían hace 6 años.

En una nueva carta, ahora dirigida al actual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitan su intervención urgente para atender a los exbraceros, a quienes “se nos ha despojado de nuestro pago del ahorro campesino que nos corresponde derivado del periodo en que laboramos en Estados Unidos”.

Los exbraceros de la ANB exigen la devolución del 10 por ciento de los salarios pagados para constituir a su favor el Fondo de Ahorro Campesino, y del cual se prometió la devolución monetaria o en especie, “lo que no sucedió por lo que las autoridades se quedaron con nuestro dinero, incumpliendo con ello su obligación legal de entregar el ahorro”.

Los trabajadores enfatizan que “son pocas ya las personas que quedan”. Siguen esperando el pronunciamiento de las autoridades, a efecto de que resuelvan a su favor. “Somos personas de la tercera edad, esparcidos en toda la República Mexicana, que por ser ancianos no podemos aspirar a un trabajo, o trabajamos de lo que podemos; somos ancianos sin dinero, sin trabajo… somos campesinos violentados en nuestros derechos humanos y en nuestra integridad física y emocional”.

Los exbraceros indican que no están pidiendo “ni una dadiva ni queremos quitarle nada a nadie, ni que se nos regale algo; no deseamos formar parte un programa de gobierno de asistencia social porque, aunque si lo necesitamos, lo que necesitamos aún más es justicia”.

Indican que hasta hoy desconocen el destino de sus ahorros: “Nos hemos acercado a la Secretaría de Gobernación y aunque les hemos manifestado nuestro sentir, sus respuestas siguen siendo evasivas, no contamos con el apoyo de ninguna institución y las que se han acercado, desafortunadamente lejos de hacernos un bien, nos han afectado”.

Érika Ramírez

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