El Estado federal está siendo socavado en sus cimientos, por esa moda autoritaria y antidemocrática de integrar órganos donde se reúnen los gobernadores y los procuradores para imponer resoluciones políticas. Estos últimos encabezados por el suplente del titular de la PGR, un tal Alberto Elías Beltrán, puntualmente dependiente de Peña. Igual que gran parte de la Suprema Corte –pues seis de sus ministros le deben su cargo al mexiquense–, el mismo Tribunal Federal Electoral y no se diga el Congreso de la Unión, con lo que los tres Poderes son manejados por el presidente de la República imponiendo anticonstitucionalmente un Estado unitario, centralista y unipersonal. Y ahora que por una resolución del Tribunal Colegiado Décimo Noveno de Circuito se ha creado una Comisión para investigar nuevamente lo ocurrido en Ayotzinapa entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, con el objeto de llegar a la verdad jurídica de lo que Peña, Murillo y ahora Elías Beltrán, insisten en mantener como su versión de los hechos, dicha resolución ha sido ferozmente atacada.
Así que manipulados por la PGR-Elías Beltrán y por órdenes de Peña usando su centralismo autoritario, se han reunido los 31 procuradores del país para, inconstitucionalmente, tomarse el atrevimiento de rechazar la sentencia que ordena a la PGR, a representantes de los 43 normalistas y a integrantes de los derechos humanos, crear una Comisión de la Verdad. Y por boca de uno de ellos: Víctor Carrancá, la Conferencia Nacional de Procuradores –como si fueran un tribunal constitucional–, afirmó que como Ministerios Públicos rechazan lo dictado por el Tribunal Colegiado, alegando que “trastocan” la esencia de las procuradurías.
Por lo que ante la ausencia de un Tribunal Constitucional, la Suprema Corte con esa facultad, debe, si es posible, por unanimidad (dudoso porque hay ministros pro-Peña), confirmar que el resolutivo de crear esa Comisión de la Verdad, es una sentencia legalmente fundada; ante una PGR que obstaculiza la justicia.
Elías Beltrán y los 31 procuradores (entrevista de Manuel Espino y otra de Abel Barajas, respectivamente en El Universal y Reforma, 22 de junio de 2018), se han puesto en la mira de ser destituidos por su rebelión, ya que no han esperado a lo que debe decir la Suprema Corte. Por lo que ésta debe ratificar la validez jurídica de la resolución-sentencia del Primer Tribunal Colegiado; como primer paso para encontrar, contra las mentiras, la verdad jurídica.
Aquí se ve claramente la anulación de la separación de poderes que está vigente, y que pervierte la democracia representativa al nombrar incondicionales que manipulan casos como Ayotzinapa y Atenco; y la tolerancia para que los capos entren y salgan de la cárcel “como Juan por su casa”. Esta falta de impartición de justicia es tan sólo una de las miserias en que Peña deja inmerso al país. Ya éste y su peñismo están casi fuera de la Presidencia, quien con su alter ego, Luis Videgaray (quien mañosamente se salió de la jugada de la sucesión, para poder huir envuelto en la suciedad de la corrupción), desgraciaron a los mexicanos, ya que sus casi 20 contrarreformas rematadas con meter al mercado privado las cuencas y otras reservas de aguas, fueron para aumentar los precios del gas, electricidad, gasolinas, telefonía… todo con tal de favorecer a los empresarios –uno de los cuales le regaló una mansión que se vio obligado a vender y quedarse con su importe–.
Enriqueció más a los empresarios nativos. Y entregó a los extranjeros gran parte de la riqueza nacional. O sea que Peña deja un país más empobrecido. Millones en las calles en el comercio informal. Más delincuencia. Homicidios, con feminicidios, secuestros, desaparecidos, sepultados en fosas clandestinas. El narcotráfico y su poder de matar y desafiar al gobierno. Y la narcopolítica de funcionarios y policías con militares coludidos en la comercialización de las drogas. Las cuentas del Inegi y otros organismos que cuantifican los muertos, no han dicho la verdad sobre el medio millón de homicidios que, agregado al de Calderón, arroja al menos un millón de mexicanos privados de la vida. Todo esto aunado al cochinero administrativo, político y de mal gobierno que hereda Peña.
Sus “promesas del futuro” fueron los desgobernadores del presente que robaron con la ventaja de la impunidad, aunque sólo dos que tres de los 19 estén en prisión. Elogió a Javier Duarte, a Borge, a César Duarte. Y resultaron peor que pillos. Permitió una “estrategia” para combatir a los cárteles y las consecuencias son que los mexicanos estamos en manos de las delincuencias. Y los gobiernos estatales y el federal están atascados en la corrupción y con cero eficacia administrativa. Deja Peña un cochinero político y por eso les “salió el tiro por la culata” con su “Mid”, Anaya y el Bronco y el pleito a muerte con Trump que deja al país al borde de un grave conflicto bélico y comercial, con quien expulsa mexicanos, enjaula niños y los convierte en huérfanos.
Deja una nación con todas las miserias por su mal gobierno: sangrienta violencia, un cochinero político y multimillonarios desfalcos de dineros públicos. Peña es de los peores presidentes que hemos tenido. Lo peor de lo peor. Y se irá sin responder de sus actos, donde robar es la constante. Complicado será enderezar al país, pues se han acumulado seis sexenios desgobernando y esto representa problemas que demandan soluciones, ya que la descomposición social es un volcán anunciando una erupción de malestares que pueden llevarnos a una severa crisis general por el hambre de 55 millones en la pobreza.
Álvaro Cepeda Neri
[OPINIÓN][CONTRAPODER]
