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Desde la despenalización del aborto, en abril de 2007, 198 mil 906 mujeres interrumpieron su embarazo de forma legal en la Ciudad de México.

En su mayoría, se trata de mujeres residentes de la capital, de entre 18 y 24 años de edad, solteras, sin hijos, estudiantes y trabajadoras del hogar, de acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa).

Según la Sedesa, hasta el 6 de agosto de 2018, el 70 por ciento de las mexicanas que interrumpieron su embarazo en las Clínicas de Salud Sexual y Reproductiva son originarias de la capital, el 26 por ciento provienen del Estado de México y el 4 por ciento restante, de otros estados.

Ana Teresa Peña Hernández, maestra en estudios de género por el Colegio de México, explica a Contralínea que el hecho de que la interrupción voluntaria del embarazo sea legal únicamente en la Ciudad de México vulnera los derechos sexuales y reproductivos del resto de las mexicanas y las hace más proclives a sufrir abortos clandestinos.

La experta en derechos sexuales y reproductivos señala que, si bien las mujeres de otros estados pueden venir a la Ciudad de México a practicarse un aborto, no todas tienen la posibilidad de hacerlo. Existe una distinción de clase y etnia.

El aborto es un derecho ciudadano, más allá del debate moral, explica Peña Hernández. “Nuestras mujeres más pobres son quienes mueren en abortos clandestinos: se les niega el derecho a la vida y a la salud”.

A nivel federal, existen tres formas no punibles de aborto: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando peligra la vida de la madre o el producto, cuando el aborto es provocado de forma imprudencial.

“Las mujeres que tienen la posibilidad de probar que existe una causal tipificada permitida para tener un aborto legal, son mujeres con cierta escolaridad y con cierta posición dentro del mercado laboral”, señala Peña Hernández.

Según el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Sedesa, del total de las pacientes que abortaron, el 34.8 por ciento se ocupa en labores del hogar; el 25.1 por ciento son estudiantes; el 24.2 son empleadas y el 5.3, desempleadas. Las comerciantes representan el 4.9; las trabajadoras domésticas, el 0.8; las profesionistas, el 0.7 y las obreras el 0.2 por ciento.

En los último once años, el 76.7 por ciento de las interrupciones realizadas se efectuaron con medicamentos, el 21.7 por ciento mediante aspiración y el 1.5 mediante legrado uterino.

En México el aborto es posible hasta la decimosegunda semana, pues se ha demostrado médicamente que en esa etapa el embrión todavía no tiene un sistema nervioso completo. En ese sentido, la legalización del aborto protege los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

“No se lucha porque todas las personas aborten. Pedir aborto legal, libre y seguro no obliga a nadie a hacerlo. Se trata de que menos mujeres mueran en abortos clandestinos y que más mujeres tengan la posibilidad de decidir sobre su cuerpo sin necesidad de que haya una lupa que evalúe si pueden hacerlo o no”, concluye Ana Teresa.

Alba Olea/Jordana González