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El Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió la primera resolución favorable contra el Estado mexicano para que se investiguen, procesen, juzguen y castiguen a las personas responsables de las violaciones que se cometieron contra los derechos humanos de la periodista y activista Lydia Cacho, ocurridas después de que publicó el libro Los demonios del Edén.  

Luego de 4 años de que la organización Artículo 19 solicitó al Comité la revisión del caso, según un comunicado, la ONU estableció que los hechos ocurridos en diciembre de 2005 violan los derechos de la periodista a la no discriminación en razón de género, a no ser sometida a tortura, a la libertad, a la integridad personal, a la libertad de expresión, entre otros.

Leopoldo Maldonado, subdirector regional de Artículo 19, dijo en entrevista con Contralínea que en 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado garantizar la seguridad y la integridad física de la periodista, ante las amenazas que ésta recibió. “No analizó todo el caso de fondo, la detención, la tortura, el juicio abierto de manera injusta y la dilación del Estado para investigar los hechos”, agregó.

El organismo de la ONU destacó que “el Estado no cumplió con sus obligaciones de proveer de un recurso efectivo para investigar y sancionar a los culpables en un plazo razonable”, ya que hasta la fecha sólo un agente policial fue sentenciado por tortura.

El subdirector también dijo que la impunidad del caso deriva de “la falta de voluntad política para avanzar en investigaciones […] donde se implican a altos funcionarios del Estado y donde hay empresarios muy poderosos involucrados. Evidentemente al ser una investigación que tocaba intereses de políticos y empresarios de alto nivel, el gobierno mexicano optó, como opta en otros casos, por encubrir y obstruir la justicia”.

El CDH también pidió al Estado adoptar medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, así como para garantizar que periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Aseneth Hernández