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Vía telefónica o a través de una visita domiciliaria, la trasnacional Goodyear inició el despido de los trabajadores que pretendieron conformar un sindicato independiente, al margen del impuesto por la priísta CTM

Una llamada a su celular le comunicaba que su relación con la transnacional Goodyear, instalada en San Luis Potosí, terminaba. Lorena Alvarado estaba a 1 mes de conseguir su base, y pactar una seguridad laboral para ella y en beneficio de su familia. Eran las 9 de la mañana del 9 de julio pasado.

La voz de quien le notificaba la decisión de la llantera no se identificó. Sólo le informó que se trataba de un despacho de abogados externo a la empresa, con el que tendría que agendar una cita para concluir el proceso de despido y que ya no tenía nada a que ir a las instalaciones; únicamente de esta manera le sería entregada su liquidación económica. Lorena se negó a seguir esas instrucciones.

Como todos los días, subió al transporte de la compañía que la llevaba hasta su fuente de trabajo. Una vez que llegaron a las puertas de las instalaciones, personal de Goodyear subió con listas en mano, donde se había boletinado con fotografía, número de nómina y nombre a los “despedidos”, Lorena entre ellos.

 “La empresa no quiere ningún trato contigo, se acaba el contrato”, le dijo el hombre que sostenía el listado, en otro momento, su compañero de trabajo. Le pidió que bajara del camión. Ella intentó grabar el trato con la cámara de su celular, pero el encargado de la seguridad de la compañía le decía que no podía hacerlo pues estaba en propiedad privada. Fue bajada forzadamente del vehículo.

Como la mujer, madre de familia, otras 80 personas han sido despedidas desde el 24 abril de pasado, cuando iniciaron un paro de labores por 24 horas. Ese día, los trabajadores de Goodyear decidieron detener la producción para manifestarse en contra del Contrato Colectivo de Protección Patronal (CCPP) que había firmado la compañía con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), central sindical pilar del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Para que se reactivara la planta productiva, la empresa pactó con los inconformes total libertad sindical. Prometió que no habría represalias, pero incumplió su palabra una vez retomadas las labores, comenzó el acoso, se incrementó la exigencia de producción y la inestabilidad inició con los despidos vía telefónica y con visita domiciliaria por parte de los abogados contratados para finiquitar a los empleados.

Sin libertad sindical

Tal es el caso de Josué Josafat López, quien era empleado por Goodyear como montacargas y operador. Al joven lo “visitaron” en su domicilio hombres vestidos de traje sastre para notificarle, también, que por órdenes de la compañía quedaba fuera de ella.

Josué fue otro de los participantes en el paro de labores de aquel 24 de abril. El obrero decidió unirse al movimiento para exigir, junto con sus compañeros, salarios dignos, respeto a sus derechos laborales y libertad sindical para conformar el Sindicato Independiente de Trabajadores de Goodyear México (SITGM).

El 24 de abril, relata Josué, “los trabajadores nos manifestamos con un paro de labores para dar a conocer a los demás trabajadores que el sindicato que tenemos en la planta no responde por los derechos laborales de los empleados sino por enriquecer los bolsillos de la propia empresa, al no tener un Contrato Ley que nos corresponde, sino que nos tienen bajo un ‘convenio singular’ en el que nos destituye todas las prestaciones que debemos tener; de ahí que comenzamos a levantar la voz para pelar nuestro derecho”.

Y es que, expone el joven obrero, la empresa firmó ese convenio con la CTM liderada en aquella entidad por el senador priísta Tereso Medina, incluso antes de que la planta iniciara operaciones en México. Con el movimiento que iniciaron, “no pedíamos más ni menos”, dice; simplemente, que se respetara el contrato Ley de la Industria de la Transformación del Hule en Productos Manufacturados, dentro de su planta de trabajo.

Los trabajadores pretendían, además de la conformación de su propio sindicato, iniciar el proceso para el alza salarial, “porque tenemos una empresa en competencia dentro de la misma ciudad, Continental, y ellos ganan en promedio de 880 pesos diarios; mientras que nosotros 220 pesos al día”, dice.

También pretendían estipular sus días de descanso y el número de horas en las jornadas laborales, pues actualmente, es de 48 horas semanales, cuando el Contrato Ley estipula 40 horas a la semana.

El documento dice en su artículo 26: “Tanto para los trabajadores destajistas como para los de sueldo fijo, se establece en este Contrato la jornada de 40 horas para los turnos diurno, mixto y nocturno respectivamente, laborando cada trabajador 5 días de 8 horas diarias durante la semana; no obstante lo anterior, las empresas podrán reducir a los destajistas la jornada semanaria hasta 27 horas (sin considerar en estas los días no laborables), y siempre que lo justifiquen al Sindicato dándole aviso previo, y en el caso de no ser posible, dentro de las 24 horas siguientes a la reducción; este aviso deberá ser siempre por escrito indicando las causas de la reducción”.

Héctor de la Cueva, coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), comenta que se trata de despidos arbitrarios. “Es un peligro de que ahora la tónica sea así: que no se tomen la molestia ni siquiera de cuidar las formas y estén simplemente despidiendo a la gente de la manera en que más cómodamente le queda a la empresa”.

 “Todo esto es ilegal y es uno de los temas pendientes en una nueva reforma laboral sobre impartición de justicia. El año pasado, los abogados patronales, en contubernio con autoridades, querían hacer la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en donde podían facilitar todos los mecanismos de despido, pero quedó congelado. Ahora, con el cambio de partido en el poder incluso, cambió el panorama para una posible reforma laboral con un tinte progresista en el futuro”, dice el coordinador del CILAS.

Contrato atípico

En México, existe el Contrato Ley de la Industria de la Transformación del Hule en Productos Manufacturados, que en su artículo 4 estipula: “Cada Empresa está obligada a tratar los asuntos derivados de la prestación de servicios de su personal con el Sindicato que represente el mayor interés profesional dentro de su negociación. Cuando en una factoría hubieren dos o más sindicatos, el patrón estará obligado a tratar exclusivamente con el Sindicato Mayoritario, a quien deberá considerarse como administrador de la contratación colectiva”.

A partir de ello, expone Francisco Retama, asesor sindical de los trabajadores de Goodyear, la empresa firmó en 2015 un “contrato singular” que está considerado en el Contrato Ley, pero generalmente se utiliza para mejorar algún aspecto particular si la empresa tiene condiciones para hacerlo, pero en este caso se utiliza para anular el mismo Contrato Ley y establecer un Contrato Colectivo de Protección Patronal.

Esta situación, explica Retama, “es grave porque se trata de una simulación: la empresa, en el texto del convenio singular argumenta que como está empezando el negocio, necesita de condiciones diferentes al del Contrato Ley, lo cual es una ilegalidad porque cualquier empresa que tenga interés en transformar el hule para productos manufacturados con esta materia prima debe tener las condiciones para cumplir el Contrato Ley”.

El Contrato de Protección existe desde 2015, cuando Goodyear ni siquiera estaba edificada y no había trabajadores. “Hablamos con el secretario del Trabajo de San Luis Potosí, Manuel Lozano, quien nos decía que no es sencillo identificar un contrato de protección, pero en este caso es evidente porque se firma sin que haya trabajadores y después, contratados, tampoco se les informa que tengan un sindicato que los representa”.

Contratos de Protección Patronal, vigentes

En México, bajo el amparo del estado, las empresas han encontrado el mecanismo para nulificar la libertad sindical, a través de los llamados Contratos Colectivos de Protección Patronal, que actualmente acaparan el 90 por ciento de la firma de Contratos colectivos firmados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Contratación Colectiva de Protección, investigación de Alfonso Bouzas Ortiz –investigador Titular C del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – expone que en el país, nueve de cada 10 contratos colectivos “son una simulación; la mayoría son los llamados ‘contratos de protección’: convenios laborales acordados, firmados y revisados al margen de los trabajadores. Los patrones escogen al sindicato que ofrece más ventajas y ‘paz laboral’; a cambio, los líderes reciben una jugosa ganancia. Es el modelo ideal para los empresarios y un negocio permitido por las autoridades laborales. Es una práctica extendida en todo el país: los dirigentes sindicales venden trabajo barato, inseguro, con mínimos derechos”.

En entrevista, el académico de la UNAM, dice que el país tiene, por segunda vez, la posibilidad de un cambio en el esquema corporativo sindical. La primera fue con Vicente Fox, “pero tengo la impresión de que ni si quiera entendieron cuál era la relación entre el gobierno y los sindicatos”.

En cuanto a lo laboral, el sindicalismo más independiente, añade, “tiene una oportunidad de oro para recomponerse, recomponer las organizaciones, retomar su papel de elección de los trabajadores, encontrar la manera de dar respuesta a sus requerimientos y volver a ser un sujeto activo en nuestra sociedad”.

A decir de Bouzas Ortiz, los sindicatos perdieron desde la década de 1980 el papel que tenían en la sociedad. Ahora, puede ser la oportunidad de recomponerse “tendrá que mediar un cambio de conducta por parte del sindicalismo corporativo y un empuje de parte del sindicalismo independiente, los sindicatos tienen que regresar a manos de los trabajadores por ser verdaderamente representantes de sus intereses e interlocutores respetados y respetables ante los empleadores y el Estado; es decir, el esquema corporativo tal y como funcionaba ya no va a funcionar”.

Los Contratos Colectivos de Protección patronal, según la investigación del académico de la UNAM, Alfonso Bouzas Ortiz, tiene como objetivo proteger al patrón de la posibilidad de que los trabajadores se organicen de forma auténtica, ya que la finalidad, negociar sus condiciones de trabajo, se encuentra cercenada.

Asimismo, evitar la intervención de los trabajadores en la gestión y negociación de sus condiciones de trabajo, es decir, no hay una negociación bilateral. Estos contratos se firman entre representantes sindicales y patronales sin que en el proceso de discusión y aprobación intervengan los trabajadores que están sujetos al mismo.

 “Estamos viviendo el desmoronamiento del PRI; las grandes centrales obreras fueron sus pilares, los mismos que fallaron. Los resultados de la reciente elección presidencial nos los dicen: tienen que recomponerse, yo no digo que van a desaparecer”, advierte el académico de la UNAM.

Carta solidaria de IndustriALL

Después de iniciados los despidos, el secretario general de IndustriALL Global Union, Valter Sanches, que representa a más de 50 millones de trabajadores de los sectores de la minería, energía y manufactura en todo el mundo, incluidos México y Estados Unidos, envió una carta Richard Kramer, director Ejecutivo The Goodyear Tire & Rubber Company, en el que solicita su intervención para resolver la situación.

En el documento, el líder sindical, expresa su preocupación por la conducta de la gerencia local de Goodyear en San Luis Potosí y “por su clara falta de respeto por los derechos fundamentales de los trabajadores, en particular el derecho a la libertad sindical, la negociación colectiva y condiciones de trabajo decentes”.

También anuncia que el sistema de contratos de protección tendrá que ser eliminado por el recién electo presidente, Andrés Manuel López Obrador, y quien será la próxima titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

“Los trabajadores han constituido un sindicato democrático e independiente, el SITGM, que ofrece a Goodyear la oportunidad de relegar al pasado el corrupto sistema de contratos de protección. La solución más lógica en este momento sería que la gerencia local de Goodyear, en San Luis Potosí, colaborara con el nuevo sindicato con miras a concluir un convenio colectivo genuino y se esforzara por conformar una fuerza laboral estable y feliz, similar a la de su competidor en San Luis Potosí, Continental”, expone Valter Sanches.

Érika Ramírez

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: TRABAJO]