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La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que opera el Seguro Popular, no dispuso de información, indicadores, ni metas, para evaluar que se haya garantizado el acceso “efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud”, indica el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La ASF en 2017, mediante el Seguro Popular, se otorgó financiamiento para que más de 53 millones de personas dispusieran de un esquema de aseguramiento en salud. Sin embargo, a 14 años de operación, sigue sin contar con información precisa para valorar la atención del problema público.

La Auditoría de Desempeño: 2017-5-12U00-07-0236-2018, del máximo órgano de fiscalización del país, también evidencia que más de 14 millones de personas no contaron con acceso a la seguridad social.

Asimismo, determinó que de 2013 a 2017, la cobertura de la población potencial se redujo en 6.2 puntos porcentuales, al pasar del 85.4 por ciento, al 79.2 por ciento. En este periodo, pasó de 55 millones 637 mil 999 personas afiliados a 53 millones 505 mil 187 de personas.

En 2017, dice el documento, seis entidades federativas: Baja California, Durango, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala, no lograron la meta del porcentaje de incorporación de personas al Seguro Popular.

Érika Ramírez