El Servicio de Investigación para el Congreso de Estados Unidos (CRS, por su sigla en inglés) señaló que en caso de que el presidente Donald J Trump intentara retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Congreso desafiaría o retrasaría dicha decisión.
El Servicio de Investigación –a cargo del Congreso– emitió el informe Renegociación y modernización del TLCAN, en el que explicó que, aunque el presidente Trump ha planteado la posibilidad de retirarse del TLC, el Congreso desafiaría o retrasaría ese esfuerzo, ya que este órgano bicameral posee la autoridad constitucional para regular todo lo concerniente al comercio internacional.
En el mismo documento, el CRS mostró que no está claro si el presidente tiene la autoridad legal para retirarse de un acuerdo sin el consentimiento del Congreso, ya que según lo establecido en la ley de Autoridad de Promoción Comercial, el Congreso es la instancia encargada de implementar cambios en la legislación de todos los acuerdos comerciales. Asimismo, esta ley obliga al ejecutivo a notificar y consultar a esta institución antes, durante y después del proceso de negociación de algún acuerdo.
Algunas de las funciones que le competen al Congreso estadunidense son: analizar la relación de Estados Unidos con Canadá y México, examinar los efectos económicos del TLC y las implicaciones estratégicas económicas para un posible retiro del tratado.
El CRS expuso que Estados Unidos necesita “flexibilidad sobre las disposiciones clave más controvertidas”, para llegar a un acuerdo final que beneficie a las tres partes (México, Estados Unidos y Canadá), pues de lo contrario, “las renegociaciones tienen el potencial de afectar el progreso de la última década, en lo que respecta a seguridad, competitividad y asuntos de interés mutuo” entre las tres naciones.
Por último, el mismo Servicio de Investigación advirtió que, en caso de que las renegociaciones del tratado creen nuevas tarifas o barreras comerciales, se perturbarían las cadenas de suministro de América del Norte, “lo que aumentaría los costos para los consumidores estadunidenses y, posiblemente, los bienes y servicios producidos en Norteamérica serían menos competitivos en los mercados extranjeros”.
Karen Ballesteros
