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El Cairo, Egipto. Israel lo ha vuelto a hacer. Lo que inició hace 70 años con el comienzo de la Nakba, término en árabe que significa “catástrofe” o “desastre” y es utilizado para designar al éxodo palestino, alcanza ahora un nuevo nivel. Israel se proclama Estado Nación del Pueblo Judío.

No fueron suficientes las consecuencias de la guerra árabe-israelí, a raíz de la creación del Estado sionista en 1948; ni la subsiguiente expansión de su territorio con la Guerra de los Seis Días de 1967; todo ello en detrimento de la soberanía de los países vecinos y, especialmente, del pueblo palestino.

Ahora, aún con el reproche de países y organizaciones alrededor del planeta, el Knesset (Parlamento) de Israel aprueba una controvertida ley que define al país como el Estado Nacional del Pueblo Judío y que, a decir de medio mundo, ignora a las minorías étnicas.

La propuesta se aprobó el 19 de julio pasado con 62 votos a favor, 55 en contra y dos abstenciones. La legislación, definida como una “ley básica”, tiene un estatus casi constitucional y pudiera incluso llegar a ser recurrida ante la Corte Suprema.

El gobierno informó que lo único que hace el texto es dar fuerza de ley al carácter que ya tiene Israel. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, calificó la votación de “momento histórico en la historia del sionismo”.

Por su parte, los contrarios a la nueva legislación señalan que la misma margina a la minoría árabe del país (alrededor del 20 por ciento de la población) y degrada el idioma árabe de oficial a tener una posición “especial”.

Ayman Odeh, líder de la lista conjunta árabe en el Parlamento, advirtió sobre las implicaciones de la norma: “se aprobó una ley de supremacía judía que nos dice que siempre seremos ciudadanos de segunda clase.

 “Hoy tendré que decirles a mis hijos y a todos los niños de las localidades árabes palestinas que el Estado ha declarado que no nos quiere aquí”, señaló el diputado.

Benny Begin, hijo del exprimer ministro israelí Menajem Begin, quien fundó el gobernante partido Likud, se abstuvo en la votación y advirtió sobre la creciente desconexión del partido de Netanyahu con los derechos humanos.

El pasado 22 de julio, los legisladores retiraron la cláusula más controversial del proyecto de ley, que había permitido el establecimiento de “comunidades separadas”; un punto que los críticos calificaron de racista.

La Liga Árabe también condenó la nueva normativa, y aseguró que con ella se legaliza el régimen segregacionista del Apartheid.

Mediante un comunicado, la organización regional consideró de grave la validación de esta legislación y la describió como una nueva desconsideración hacia los derechos históricos del pueblo palestino, así como una extensión de la herencia colonial.

La Liga Árabe agregó que la nueva norma no tiene en cuenta a los demás porque legaliza los asentamientos y da completa libertad a las autoridades de la ocupación israelí para confiscar terrenos y dejarlos baldíos, demoler casas y no respetar los derechos palestinos.

También pidió a la comunidad internacional que presione al gobierno sionista para obligarle a aplicar las leyes internacionales y rendir cuentas por la violación sistemática de los mecanismos aprobados por la Organización de las Naciones Unidas.

El representante de la Unión Europea en Tel Aviv, Emanuele Giaufret, se unió a la lista de detractores, con comentarios que le valieron el ser convocado por el gobierno del país levantino. Y por si fuera poco, el propio presidente israelí, Reuven Rivlin, recriminó duramente la legislación.

Por supuesto que la respuesta de los más perjudicados –el pueblo palestino– tampoco se hizo esperar. El primer ministro del Estado palestino, Rami Hamdallah, declaró que la ley racista ve el desarrollo del asentamiento judío como un paso para alentar y promover su establecimiento y consolidación.

Esta controvertida legislación es otro intento de eliminar la identidad árabe-palestina e institucionalizar y legitimar las políticas de Apartheid en lugar de promover la paz, apuntó Hamdallah.

La moción recientemente adoptada afectará a 1.8 millones de palestinos que poseen la ciudadanía israelí, 2.8 millones que viven en Cisjordania (rodeados por 700 mil colonos israelíes) y 1.9 millones que viven bajo el asedio militar sionista en la Franja de Gaza.

La ley “Estado-Nación” estipula que sólo los judíos tienen “derecho exclusivo a la autodeterminación nacional” en los territorios palestinos ocupados por Israel y elimina el árabe de las instituciones y escuelas, reconociendo en su lugar el hebreo como idioma oficial. También declara a Jerusalén como capital de Israel y al calendario hebreo como el oficial del país.

Por ello, decenas de personas, opuestas a una norma que consideran discriminatoria, salieron a las calles de Tel Aviv el sábado 21 de julio para protestar.

La declaración de independencia de Israel de 1948 definió su naturaleza como un Estado judío y democrático, un delicado equilibro que la nación ha intentado mantener por la fuerza durante 70 años.

Por su lado, el Estado palestino aun reivindica sus territorios definidos antes de la guerra de 1967, los cuales se mantienen bajo ocupación sionista.

El presidente Mahmoud Abbas afirmó que Jerusalén será la capital eterna del Estado de Palestina, y advirtió que –aún con la nueva ley– no prevalecerá la paz ni la seguridad a menos que la ciudad permanezca como tal.

“El derecho del pueblo palestino a regresar a su tierra es sagrado, inquebrantable y garantizado por los mecanismos internacionales, entre ellos la Resolución 194 de la ONU, que ratifica el derecho al retorno de los refugiados palestinos a sus hogares”, apuntó Abbas.

Se trata de un conflicto que tiene cada vez menos posibilidades de llegar a un acuerdo, y esta nueva legislación es prueba de ello.

Las palabras más categóricas al respecto se le podrían atribuir a Hamdallah cuando sentenció: “éste es el último clavo en el ataúd de la solución de dos Estados”.

Nicholas Valdés/Prensa Latina

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