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Modificar las tres reformas estructurales –energética, educativa y laboral– que se oponen al proyecto de nación que pretende impulsar el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador no bastará para marcar un cambio en el actual rumbo que lleva el país. Es necesario echarlas abajo.

Por ello la pregunta es si el próximo gobierno, con mayoría relativa en el Congreso, las cancelará o sólo las maquillará. Y aunque faltan poco más de 4 meses para que asuma el cargo, el cuestionamiento es pertinente por las indefiniciones que han mostrado el propio López Obrador y su equipo.

Estas ambigüedades podrían explicarse porque, al ser temas muy sensibles, se intenta generar las menores reacciones posibles, o bien porque los morenistas están matizando sus objetivos.

En caso de ser esto último, el político tabasqueño quedará bastante lejos de conseguir lo que llama la cuarta transformación del país, que requiere un cambio estructural y no sólo parches.

Las crisis que padece México son tan profundas que los paliativos no van a alcanzar para remediarlas y mucho menos para frenar el descontento social que reina a lo largo del país. Y López Obrador debe ser consciente de que en su espalda carga la esperanza del cambio que más de 30 millones de mexicanos expresaron al votar por él.

De lo contrario, sucederá lo que ha augurado la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional: una gran desilusión nacional. Y no sólo eso, según algunos teóricos afines a ese movimiento indígena y autonómico, ante la falta de resultados sobrevendría un estallido social de proporciones inimaginables. Las condiciones están dadas.

Reforma educativa

Echar abajo esas tres reformas es apenas el primer paso de los cambios que requiere México. En el caso de la reforma educativa, su cancelación contribuiría a desactivar un foco rojo de descontento, en particular de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

De acuerdo con el análisis Los avances de las reformas estructurales. El balance final del sexenio, publicado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, son siete los principales puntos de fricción de esa reforma.

El primero de ellos es el rechazo del magisterio. La “oposición, inconformidad y movilización social de algunas secciones del magisterio por el contenido de la reforma educativa, al considerar que se vulneran sus derechos laborales”.

Le sigue la “centralización de los recursos presupuestales para el pago de nómina, lo que puede significar el condicionamiento de los ingresos de los maestros a la evaluación de desempeño”.

En tercer lugar, el análisis ubica la persistencia “de dudas acerca de si las medidas contempladas en la reforma educativa garantizarán el mejoramiento de la calidad de los contenidos educativos”.

También, como cuarto punto en contra, señala que “la reforma educativa se centra en la educación básica y media superior, pero su incidencia en la educación superior y técnica superior es nula”.

En quinto lugar indica que “se estima insuficiente que el sistema de evaluación docente sea justo y equitativo”.

El sexto punto se relaciona con el primero: “bajo la óptica de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la reforma educativa es una reforma laboral y administrativa que tiene serias implicaciones contra los derechos laborales de los trabajadores de la educación y un retroceso en el ámbito pedagógico, como lo han demostrado expertos en lo jurídico y laboral”.

Agrega que “con la reforma y las leyes derivadas se legaliza un régimen de excepción laboral anticonstitucional, al instrumentar disposiciones jurídicas exclusivas a pesar de que existen preceptos constitucionales que regulan el régimen laboral de los trabajadores al servicio del Estado”.

Finalmente, el séptimo punto de fricción indica que “los avances de la reforma laboral en lo concerniente a la perspectiva de género no han alcanzado el umbral de reconocer y legitimar verdaderamente los derechos de las mujeres y restituir los agravios contra ellas que se han generado en el mercado laboral”.

Reforma laboral

Respecto de la reforma laboral, el análisis elaborado por el investigador parlamentario Roberto Manuel Candelas Ramírez señala nueve puntos de fricción.

De estos destaca que “la reforma laboral no revierte las condiciones de precarización salarial que experimenta el mercado laboral en el país”; no garantiza que el aumento en la productividad laboral se equipare con mejores salarios; por el contrario, es la tasa de ganancia de capital la que se ve favorecida; el límite a los salarios caídos durante los juicios laborales obra en contra de los intereses de los trabajadores”.

Además, que “las jornadas por horas y por obra determinada no generan beneficios ni derechos para las personas contratadas bajo esta modalidad; y que los contratos a prueba perjudican a los jóvenes que se contratan por primera vez, ya que no reciben los beneficios de la seguridad social”.

Otros graves retrocesos son el outsourcing y la legalización de los sindicatos blancos y charros. Al respecto, el análisis indica que esa reforma “permite la subcontratación libre; [también] deja libre al patrón para seguir escogiendo la sindicato de su preferencia, ignorando con ello la condición

de voto secreto en la forma de un contrato colectivo; y se cancelan las garantías vigentes en materia de aviso de despido por escrito y en el procedimiento; se fijan reglas procesales que dejan a los trabajadores en estado de indefensión frente a los términos otorgados a los patrones”.

Finalmente, destaca que “la ausencia de huelgas y paros que se catalogan como parte de la paz laboral en realidad son resultado de la individualización de las relaciones laborales, el debilitamiento y desmantelamiento de los gremios sindicales que tiene lugar mediante la anulación de la negociación de contratos colectivos”.

Es evidente que estas reformas no empatan con el modelo de país que López Obrador prometió durante su campaña electoral y, por ello, el único camino es su anulación total.

Nancy Flores/Segunda y última parte

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