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Si de algún sistema-régimen aprendió y se contaminó el mexicano fue del español, como está históricamente investigado desde la colonización de España –del río Bravo a la Patagonia–, con especial implantación en los gobiernos mexicanos de Hernán Cortés a Peña (1519-2018), para pervertir antidemocráticamente nuestra vida institucional. Y en este caso, desde el Tribunal Mayor de Cuentas de la Nueva España de 1524, llamado Contaduría Mayor de Hacienda hasta 1963 (como este columnista presenta en su investigación publicada en 1974, con prólogo de Miguel Ángel Granados Chapa: La Contaduría Mayor de Hacienda).

Ésta es la raíz-antecedente de lo que ahora es la Auditoría Superior de la Federación –la iglesia en manos del diablo– que en mala hora preside el “periodista” David Colmenares Páramo, impuesto en ese cago con la “carga” del mayoriteo priísta y quien ya está pagando facturas al cesar a quien puso al descubierto la “Estafa maestra” en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de más de 7 mil 700 millones de pesos, que implican a Rosario Robles y José Antonio Meade Kuribreña, quien fuera el candidato presidencial de Peña, Videgaray y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El tal Colmenares dio la orden del despido de Muna Dora Buchain, quien dirigió la auditoría que arrojó el multimillonario desfalco en Sedesol y que los reporteros del portal Animal Político, tras una penetrante investigación periodística, abortaron para conocimiento de la opinión pública (trabajo que los hizo merecedor de un reconocimiento internacional); acumulando el peñismo más deterioro por su corrupción. Colmenares ha estado escribiendo (si no es que se las escriben) sus columnas (en El Financiero) de crítica anticorrupción, pero resulta que para pagar su imposición en la Auditoría Superior de la Federación cesó a la auditora, generado protestas y exigencia de explicación, porque apesta a corrupción su decisión para quedar bien con Peña-Videgaray.

Y es que con el robo de los casi 8 mil millones de pesos en la Secretarían de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Sedesol, quedan exhibidos tanto: “no te preocupes, Rosario”, Robles como Meade Kuribreña, quienes se beneficiaron o beneficiaron a terceros y no pudieron ocultarlo gracias a la auditora Dora Buchahin. Colmenares ya enseñó de lo que es capaz y su nombramiento debe ser cuestionado hasta llegar a las últimas consecuencias, ya que no sirve como auditor. Y llegado el caso de comprobarse que actuó como emisario de Peña para tratar de encubrir a Robles y Meade, debe ser llevado a los tribunales junto con éstos. Quieren los incondicionales de Colmenares ensuciar a la auditora cesada para justificar sus abusos. Pero no debe quedar en la impunidad peñista el caso y en cuanto Peña –ya en agonía– deje el cargo, Meade y Robles deben ser investigados y con ellos Colmenares por abusar de su nombramiento al despedir a la directora general de auditoría forense.

Aquí viene como anillo al dedo el análisis de Evaluación y Control emitido por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, donde afirma que “la sociedad y los medios de comunicación han creado una percepción errónea de la ASF o sea Auditoría Superior de la Federación que tiene por obligación la de fiscalizar el desempeño de las instancias de gobierno en sus tres niveles… Los medios de comunicación y la sociedad retoman esta información e inician con ese proceso de descrédito de funcionarios y dependencias, sin contar con los elementos definitorios de culpabilidad. La sociedad, a lo largo de estos años (18 años), ha generado un sentimiento social de impunidad, toda vez que no ha visto la concreción de resultados sobre los procedimientos penales y administrativos asociados a los presuntos daños y perjuicios difundidos anualmente por la ASF” (Roberto Garduño en La Jornada, 14 de junio de 2018).

En la elaboración del dictamen colaboró un señor de nombre Isaac Rojdkin (al que deben conocer en su casa y quienes lo contrataron para elaborar el Compendio de Investigación en Materia de Combate a la Corrupción). Algo hay de verdad, aunque no toda; ya que esas auditorías sí están hechas cuantitativamente, sobre todo, y la “sociedad” se entera de los robos o corrupción de los funcionarios en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, y no son todos sancionados. El “señor presidente” ni por equivocación rinde cuentas. Tampoco los secretarios del despacho presidencial. Y esa Auditoría pide autorización para ventilar la corrupción para no desprestigiar a los funcionarios ladrones. Y cuando el “presidente en turno” da luz verde, nos enteramos de los Duarte (uno de ellos: César todavía protegido por el peñismo) y uno o dos más. Así que la multiplicación de rateros que gozan de impunidad no es una falsa percepción de la sociedad.

Los mexicanos sabemos lo que se roban los jefes de gobierno y delegados de la Ciudad de México –antes Distrito Federal– en lo que pronto serán alcaldías, y que debieron llamarse presidencias municipales. Sabemos que los desgobernadores (caciques en las 31 entidades), saquean, roban y despojan… impunemente. Los jueces, magistrados y ministros no rinden cuentas del dinero que reciben. Nunca la Corte regresa lo que no gastó del presupuesto de ingresos que le dan.

Así que lo dicho por la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados no es verdad, ya que no revisan a los mismos legisladores Y no obstante que la Auditoría Superior de la Federación tiene autonomía, se comporta (¡y más ahora con David Colmenares Páramo!) servilmente y sólo hace observaciones y recomienda despidos de funcionarios menores. Y cesa a la auditora que exhibió los desvíos (¿desvíos?) de Sedesol, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Educación Pública (SEP). No hay mala percepción. Es cierto que la ASF es cómplice de la corrupción que roba a la nación. Y los medios de comunicación informan de esos hechos como es su deber con la libertad de expresión como derecho fundamental.

Álvaro Cepeda Neri

[OPINIÓN][CONTRAPODER]