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Por casi 4 décadas, desde que el entonces presidente Miguel de la Madrid promovió su creación, la ahora Secretaría de la Función Pública –antes Contraloría General de la Federación (Secogef)– ha sido omisa y hasta cómplice de la desbordada corrupción gubernamental.

Esa secretaría de Estado, que nunca sirvió para vigilar el buen desempeño del servicio público, sólo ha servido como promotora de una falsa buena imagen gubernamental, de tapadera de funcionarios corruptos y para hacer ajustes de cuentas sobre aquellos burócratas que caen de la gracia presidencial.

Entre las muchas razones del pésimo desempeño de la SFP destaca su dependencia directa y sumisión ante el jefe del Ejecutivo, es decir que el presidente de la República puede decidir a quien se investiga y a quien se protege.

Por ello, observamos lo difícil que va a ser erradicar los viejos vicios de corrupción, complicidad, abuso de poder, impunidad y tráfico de influencias que se cometen todos los días en la administración pública federal, temas de los que se ocupa desde que nació esta columna.

Así que no será fácil para el próximo gabinete erradicar o por lo menos disminuir la corrupción gubernamental. Aunque faltan 5 meses para que Andrés Manuel López Obrador asuma la Presidencia de la República y designe oficialmente a su nuevo gabinete, habría que considerar si se necesita una secretaría de Estado con la dependencia y atribuciones que tiene la Función Pública, responsable de vigilar la actuación de servidores públicos, pero supeditada directamente al presidente.

Hay muchos casos que pueden servir de ejemplo de la ineficacia y complicidad de esa Secretaría durante los últimos 35 años, pues sólo ha servido para despilfarrar recursos públicos. Uno de esos casos más recientes y mayormente difundidos, por su dimensión de corrupción, es lo ocurrido con la “investigación oficial” de la Casa Blanca, en donde un secretario de Estado subordinado exoneró a su jefe, el presidente, de cualquier falta y responsabilidad en la adquisición del lujoso inmueble entregado por un amigo y proveedor del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por supuesto que López Obrador es muy distinto a Peña Nieto y quien será nombrada secretaria de la Función Pública es una honrada y prestigiada académica, por ello no nos referimos a las personas que ocuparán los cargos como tal, sino a las funciones, procedimientos y muchos vicios que se arrastran con esos cargos, y que el nuevo gobierno debe alejar cualquier tentación de autoritarismo, corrupción y complicidad.

También hay que señalar que en el gobierno se han creado leyes y reglamentos que protegen a funcionarios corruptos y por el contrario sancionan a quienes los denuncian públicamente. Esto tiene que cambiar.

Por eso debe ser una renovada secretaría de Estado que actúe como un órgano independiente con total autonomía para investigar el gasto público y la actuación de los mandos medios y superiores del gobierno federal. O de lo contrario, considerar su desaparición para dejar que sea el Congreso de la Unión el que audite e investigue el gasto público.

Además, al ganar Morena la mayoría en el Congreso, será fácil asignarle más presupuesto y atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación, que es desde donde hemos conocido los enormes desvíos de recursos públicos de gobiernos anteriores, y así confiar en que realmente habrá transparencia, ahorro y una eficaz revisión del gasto público.

Puntos suspensivos… Entre los mexicanos más pobres que habitan las regiones apartadas del país están los grupos indígenas y los jornaleros, quienes sobreviven en la miseria extrema, con insuficientes alimentos, sin salud ni educación y sin vivienda digna. En esos casos, los próximos secretarios de Desarrollo Social, Educación, Salud y Agricultura tendrán que replantear las acciones de gobierno y asistir desde el primer día de sus gestiones a esa población vulnerable. México aún tiene 6 millones de analfabetas que viven en extrema pobreza… Empiezan los anuncios sobre las contrataciones para el próximo gabinete lopezobradorista. La nota la dio el próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo –priísta, panista y ahora amloista–, quien anunció que invitó a Manuel Mondragón a su equipo y de inmediato hubo manifestaciones de rechazo en redes sociales, pues se le recuerda como un servil represor abyecto del poder. Por qué no buscar a expertos en materia de seguridad con un perfil de protección a los derechos humanos. Faltan muchos nombramientos que sin duda revivirán a represores y corruptos priístas y panistas, sólo es cuestión de tiempo para conocer sus nombres… Otra sorpresa es la propuesta para dirigir el Instituto Mexicano del Seguro Social en el próximo sexenio: el expanista Germán Martínez, a quien se le recuerda al frente de la Función Pública cuando Felipe Calderón era presidente y no hizo más que encubrir las corruptelas y desvíos de recursos del gabinete panista. Si alguien duda de esto recuerden cómo benefició a uno de sus protegidos para convertirlo en director general de Pronósticos Deportivos y después tuvo que huir a Canadá porque alteraba los resultados de los sorteos. Ponerlo en el IMSS, en donde el gasto público en equipo y medicinas es altísimo, es como darle a un ladrón la llave de tu casa… Entre los priístas resentidos, que son todos, se comenta que entre los primeros servidores públicos que podrían pisar la cárcel el próximo sexenio destaca Rosario Robles y su oficial mayor, a quienes la Auditoría Superior les tiene bien documentadas todas las corruptelas que han cometido en los 6 años del gobierno de Peña Nieto.

Miguel Badillo

[Oficio de papel]

 

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