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Al menos tres reformas estructurales aprobadas en el actual gobierno de Enrique Peña Nieto se contraponen totalmente al proyecto de nación que Andrés Manuel López Obrador –virtual presidente electo para el periodo 2018-2024– pretende impulsar en México: energética, educativa y laboral.

Por ello, se esperaría que al ser opuestas a los objetivos del futuro mandatario fueran echadas abajo desde inicios de su administración. A favor de ello juega la mayoría relativa que el partido Movimiento Regeneración Nacional tendrá en el Congreso; pero en contra están no sólo los partidos de oposición –principalmente los neoliberalistas Acción Nacional y Revolucionario Institucional–, sino también y sobre todo los poderes fácticos.

Los empresarios que han amasado mucho poder en los últimos sexenios mueven, desde ahora, sus piezas para garantizar que el futuro gobierno no ponga en riesgo sus intereses y el de sus representadas, las trasnacionales que tienen tentáculos en todos los sectores productivos del país.

Algunos de ellos incluso han colocado asesores o ejecutivos de alto perfil en las filas del morenista, lo que augura fuertes presiones para que el actual modelo económico sea casi intocado en los próximos 6 años.

A ello responde que en tan pocos días pasáramos del rechazo que una parte del sector empresarial mostró al entonces candidato de Morena a un proceso de transición de “amigos.

Y no es que los empresarios hayan cambiado de la noche a la mañana esa idea de que López Obrador representa un modelo de desarrollo arcaico –basado en el llamado Estado de bienestar–, es que ante su inminente llegada al poder Ejecutivo no les queda más que transitar con él por el bien de sus negocios.

Por eso los enemigos más acérrimos del político tabasqueño se han mostrado totalmente dóciles en las reuniones que han venido sosteniendo con él. El “romance” entre López Obrador y el sector económico se debe estrictamente al interés de ese último por mantener sus privilegios.

Es decir, las contrataciones multimillonarias a costa del erario, muchas de ellas conseguidas ilegalmente con sobornos, tráfico de influencias y demás formas de corrupción; las concesiones, autorizaciones y permisos para generar lucrativos negocios en diversos sectores –industria extractiva, de telecomunicaciones, de apuestas, e incluso las que explotan los bienes naturales como los mantos acuíferos, por ejemplo–; las devoluciones de impuestos, perdones fiscales y demás facilidades en materia tributaria que por años han recibido; la impunidad cuando violentan las leyes; e incluso su interés por mantener en el hambre los salarios y así acumular más ganancias.

Para ese sector privilegiado es fundamental que nada cambie y por eso pasan de la furia con la que combatieron al candidato, a la amabilidad con la que lo reciben, ahora, en su calidad de virtual presidente electo. Aplican la clásica fórmula de “si no puedes con el enemigo, únete a él”, pero le agregan el elemento de la negociación al más alto nivel para favorecerse.

El asunto es que si la administración de López Obrador no empieza por derribar al menos esas tres reformas, poco de lo que prometió en su campaña por la Presidencia podrá cumplirse.

Por eso la pregunta es si el próximo presidente desafiará todo lo que tiene en contra y echará mano de su fortaleza política que le otorgaron los más de 30 millones de ciudadanos que votaron por él –y a los cuales, por cierto, les prometió que no los traicionaría–; o mantendrá el rumbo del país con un modelo de explotación que profundiza la desigualdad, porque lo único que garantiza es que los ricos acrecienten sus capitales a costa de millones de mexicanos empobrecidos.

Reforma energética

El primer reto, sin duda, será cancelar la reforma energética, pues hasta ahora Obrador no ha sido claro en el rumbo que ésta tomará. Se entiende que –en este periodo de transición– esa indefinición se debe a que lo que menos quiere es generar tensión con los poderes fácticos. Pero es un hecho que ésta choca con sus promesas de campaña.

“La reforma energética no fue pensada para mejorar el bienestar colectivo, sino para facilitar la acumulación de capital y hará más desigual el reparto de la riqueza nacional”, concluye el análisis Los avances de las reformas estructurales. El balance final del sexenio, recién publicado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

Contrario a ello, el centroizquierdista ha prometido que su gobierno velará por el interés general, sobre todo de los más pobres, los desprotegidos y los indígenas. Es claro que eso no será posible si se siguen rematando las pocas riquezas energéticas que le quedan al país y se continua con el despojo de los territorios para privilegiar intereses privados.

Al respecto, el estudio elaborado por el investigador parlamentario Roberto Manuel Candelas Ramírez indica que, gracias a la reforma, las tierras y el subsuelo son de carácter estratégico y, por tanto, las actividades de exploración y explotación son de interés público y están por encima de cualquier otro aprovechamiento de la superficie. Lo que “afecta la vida social y los derechos sobre las tierras de comunidades y pueblos originarios”.

El análisis observa otros puntos de fricción social, como el hecho de que “la celebración de contratos para la exploración y explotación” de los recursos energéticos “significará el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad”.

Más adelante, apunta que “el debilitamiento intencional de Pemex y la CFE conlleva no la privatización de esas empresas, pero sí de sus actividades”. También, que las reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales permite a las empresa locales y transnacionales apropiarse de gran parte de la renta petrolera. Que “se alinea a nuestro país con los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, quien usará los recursos petroleros mexicanos como insumos necesarios para detonar la economía de guerra y para emplearlos en caso necesario en los conflictos bélicos, siendo esto una potencial amenaza para la soberanía de la nación”.

Según el estudio, “esto significa también la caída del último gran bastión del nacionalismo mexicano, un argumento que tuvo mucha efectividad para los intereses de la nación, pues ponía freno a las ambiciones de las grandes potencias extranjeras sobre nuestros recursos. Y, todo esto es algo a lo que el gobierno mexicano ha permanecido omiso o no quiere ver ni oír”.

Otros puntos de fricción son: que “la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo no garantiza que los recursos petroleros van a ser usados con transparencia, ya que si algo es cierto es que los fideicomisos en México han sido una figura institucional que ha sido usada para la comisión de muchos delitos y prácticas fraudulentas”.

También, que “Pemex es sometido a la competencia en condiciones de desventaja con respecto a otros participantes privados, debido a la carga fiscal que le es impuesta”; que “someterá a contratos de utilidad compartida cuantas actividades pueda y el efecto perverso será la ruptura de los encadenamientos productivos que constituyen su estructura y la de muchos otros sectores industriales nacionales”.

Por todo ello, el gobierno de López Obrador está obligado a anular de tajo esta reforma. En la próxima entrega abordaré los puntos medulares de las reformas educativa y laboral que se contraponen al proyecto de nación que prometió el tabasqueño.

Nancy Flores/Primera de dos partes

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