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Brasilia, Brasil Por si no bastaran las nefastas consecuencias derivadas del congelamiento de los gastos primarios impuesto por el gobierno de Michel Temer, sobre la salud pública en Brasil pende ahora otra seria amenaza: el llamado “paquete del veneno”.

Bautizado de ese modo, el Proyecto de Ley (PL) 6.299/2002 recibió ya por mayoría de votos (18 a favor y nueve en contra) el visto bueno de la comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de su análisis y presidida por la demócrata Tereza Cristina, representante de la poderosa bancada ruralista, principal beneficiaria de la medida.

El PL 6.299 pasará ahora por el tamiz del plenario de la Cámara baja y de ser aprobado borrará del diccionario brasileño la palabra “agrotóxico”, sustituyéndola por “producto fitosanitario” o “producto de control ambiental”. Además, relaja los controles sobre los mismos al permitir que su uso pueda ser  liberado por el Ministerio de la Agricultura.

Según el relator de la propuesta, el legislador del Partido de la República (PR) Luiz Nishimori, los cambios en la legislación vigente son necesarios para “modernizarla”, pues la misma data del final de la década de 1980 y hoy “la agricultura necesita de los pesticidas como nosotros necesitamos de los medicamentos”, arguyó.

Críticos del proyecto, sin embargo, alertaron reiteradamente y por las más diversas vías sobre los efectos potencialmente catastróficos que su aprobación tendría para la salud pública.

Uno de los principales cuestionamientos contra la propuesta es el hecho que éste restringe la actuación de los órganos de salud y ambiente en todo el proceso de liberación y control de los agrotóxicos, concentrando las competencias en el sector de la agricultura.

Así, el uso de tales productos podría ser liberado unilateralmente por el Ministerio de Agricultura con independencia que órganos reguladores como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), no hubieran concluido el análisis de los mismos.

En ese sentido, y durante una audiencia pública, la directora de Calidad Ambiental del Ibama, Jacimara Machado, enfatizó que las evaluaciones de riesgo y peligrosidad que realizan esos órganos son fundamentales.

La realidad brasileña dice que los agrotóxicos son utilizados de una forma bastante errada en el campo y por eso toda nuestra preocupación, no solo por la salud de la población que consume ese producto, sino también por cuenta de la contaminación del agua, los suelos y el aire, sostuvo.

En ese sentido, y en una declaración difundida a propósito del análisis en el Congreso del “paquete del veneno”, la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC) insistió en que la presencia de esos compuestos en los ecosistemas terrestres y acuáticos representa un riesgo para los organismos, con efectos negativos ya reportados.

La literatura científica nacional e internacional señala que entre los efectos sobre la salud humana asociados a la exposición a los agrotóxicos los más preocupantes son las intoxicaciones crónicas, caracterizadas por infertilidad, impotencia, abortos, malformaciones, neurotoxicidad, y cuadros de neuropatía y desregulación hormonal.

Además de eso –agregó– hay estudios que evidenciaron los efectos inmunotóxicos, caracterizados por inmunoestimulación o inmunosupresión, siendo este último un factor favorable a la disminución en la resistencia a patógenos o incluso disminución de la inmunovigilancia, con comprometimiento del combate a las células neoplásicas llevando a una mayor incidencia de cáncer.

El manifiesto de la SBPC cita asimismo sendos informes del Ministerio de Salud y de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa). El primero precisa que entre 2007 y 2015 se registraron en Brasil 84 mil 206 notificaciones de intoxicación por agrotóxicos.

Mientras, el reporte de la Anvisa, que data de 2013, indicaba que el 64 por ciento de los alimentos en Brasil estaban contaminados por agrotóxicos y que en apenas 12 años, entre 2000 y 2012, hubo un aumento del 288 por ciento en el uso de estos productos en el país.

También la investigadora del Departamento de Geografía de la Universidad de Sao Paulo (USP) Larissa Bombardi se sumó a los debates en la Cámara y presentó un atlas que apunta o Brasil como el mayor consumidor mundial de agrotóxicos. Sólo en 2014 fueron usadas 500 mil toneladas, dijo.

Por su parte, y en un artículo publicado aquí, el diputado federal del Partido de los Trabajadores (PT) Joao Daniel denunció las presiones de la bancada ruralista en la Cámara por aprobar el “paquete del veneno”, alegando presuntas pérdidas financieras para las empresas del sector como consecuencia de demoras en la aprobación de licencias para el uso de los pesticidas.

El legislador petista trajo a colación estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que revelan la ocurrencia en el mundo de 25 millones de casos de envenenamiento por agrotóxicos por año, con 20 mil muertes registradas.

En Brasil, y de acuerdo con la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), aún cuando existe una gran subnotificación dada la falta de recursos para la vigilancia en salud, el número de casos de intoxicación por agrotóxicos en los últimos diez años fue superior a 100 mil, con por lo menos tres 500 fallecidos, abundó.

Joao Daniel significó asimismo que Brasil es, después de China, “el mayor consumidor de venenos agrícolas del mundo”.

Pero mientras la nación asiática desarrolla un enorme programa de biopesticidas para lograr la sustitución progresiva de los agrotóxicos, “Brasil va a contramano de ese proceso e insiste en autorizar la producción y el consumo de veneno en gran escala”, deploró.

Moisés Pérez Mok/Prensa Latina

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