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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNTP), exigió al gobierno de Baja California corregir irregularidades relacionadas con la falta de trato humano y digno, así como de protección a la salud para los reos, en seis Centros de Reinserción Social (Ceresos) de dicha entidad.

La mala calidad de los alimentos, el maltrato que reciben por el personal de seguridad y custodia, el insuficiente personal técnico para la reinserción social, la casi nula participación de las mujeres, además de la inexistente atención especializada hacia los internos con discapacidad física, personas mayores, indígenas o pertenecientes a la comunidad LGBTTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travestis, Transexuales e Intersexuales) son algunos de los factores que la CNDH exigió al gobierno de Baja california cambiar.

Tras la visita realizada a “El Hongo”, “El Hongo 2”, “El Hongo 3” y a los Ceresos de Ensenada, Tijuana y Mexicali, durante los primeros dos meses de 2018, la CNDH exhibió las deficiencias en cuanto a legalidad, seguridad, salud e integridad física y emocional que viven los internos y que, de acuerdo con establecido por el MNPT, pueden provocar malos tratos y/o tortura.

En el Informe de Supervisión ISP-5/2018, el MNPT se dirigió a Francisco Arturo Vega Lamadrid, gobernador de Baja California, para que garantice los recursos necesarios con los que los reclusos puedan tener las condiciones adecuadas de vida dentro de los centros de reinserción, e investigue y sancione actos de tortura, penas crueles o demás actividades degradantes e inhumanas.

En dicho informe también se expuso que, en “El Hongo 2”, el Cereso de Mexicali y en el Centro de Tratamiento para Adolescentes en Ensenada, el c iento por ciento de las 11 mil 332 personas privadas de la libertad están inconformes con las 24 horas de encierro en sus celdas, la ausencia de actividades e insuficientes visitas familiares, falta de mantenimiento en las instalaciones, carencia de ventilación e iluminación, agua corriente, lavabos o la fuga de agua en los mismos y humedad en las paredes. Mientras que en “El Hongo”, “El Hongo 3” y en el Cereso de Tijuana los internos se quejaron por la falta de colchonetas y cobijas.

Al respecto, Karen Silva, investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa, explica en entrevista con Contralínea que aunque es obligación del Estado garantizar las condiciones de vida digna de las personas privadas de su libertad, “es la falta de voluntad política y la percepción cultural la que no permite que se hagan esfuerzos para voltear a verlos”.

La investigadora del programa de justicia asegura que la sociedad ve a los miembros de los Ceresos como “los otros”, por lo que no existe una presión social que exija condiciones de vida adecuadas para ellos; y “aunque hay un sector de la sociedad civil que trata de poner la lupa en este sector, no es algo redituable políticamente; para las autoridades no hay un costo mayor; no hay voluntad para tratar de mejorar.”

Silva recalca que sí existen mecanismos efectivos de control que no existía antes, “la cuestión es que la sociedad funja como observador y aproveche estos mecanismos”. “La sociedad no tienen que dejar de poner el dedo sobre el renglón (…) la Ley Nacional de Ejecución Penal autoriza que la sociedad civil tenga la puerta abierta en los centros penitenciarios y que observen cómo se dan las cosas ahí y puedan interponer algún tipo de recurso cuando se esté violentando algún derechos”, finaliza.

Karen Ballesteros

[NOTA DEL DÍA]