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La cobertura mediática de este proceso electoral ha sido una de las más peligrosas para los periodistas. En este año se tiene registro de 61 agresiones, 20 más que las registradas durante los comicios electorales pasados, afirma Juan Vázquez, miembro de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19.

Agrega que el año pasado fue el más violento para la prensa en México: se registraron 12 asesinatos y 507 agresiones contra periodistas.

A una semana de las elecciones, organizaciones de derechos humanos exigieron al Estado garantías de seguridad y condiciones ideales para que los periodistas puedan cubrir debidamente la jornada electoral y contribuir al flujo de información.

Artículo 19, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Fundar-Centro de Análisis e Investigación y R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales también denunciaron los ataques contra la libertad de expresión y la impunidad causada por el Estado mexicano.

Por ello, llamaron la atención sobre la respuesta del Estado ante el informe sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión en el país, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según dicho análisis, desde 2010 se tiene registro de 73 periodistas asesinados, 12 periodistas víctimas de desaparición forzada y 44 de intento de homicidio. Además, desde 2006 se registran 52 ataques contra medios de comunicación.

Tan sólo en 2017 se registraron al menos 12 homicidios contra comunicadores; y en 2018, hasta la publicación del informe, fueron asesinados cinco periodistas: Carlos Domínguez, Pamela Montenegro, Leobardo Vázquez, Juan Carlos Huerta y Alicia Díaz.

El informe, publicado el 11 de junio, fue elaborado por Edison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en colaboración con David Kayne, relator especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas.

Contiene información y valoraciones realizadas por los relatores durante la visita realizada a la Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017, donde se reunieron con más de 250 periodistas y representantes de la sociedad civil de 21 estados.

Los relatores recabaron testimonios sobre asesinatos, desapariciones, secuestros, ataques físicos y psicológicos, amenazas, intimidación, desplazamiento interno, y prácticas perjudiciales como la asignación de cobertura de publicidad oficial, el despido de periodistas críticos, la falta de pluralidad en los medios y condiciones de trabajo deficientes.

Entre las problemáticas denunciadas por el organismo interamericano destaca la inexistencia de un sistema único que recopile datos sobre agresiones contra periodistas, y la falta de criterios y metodologías comunes entre instituciones estatales y federales.

El Estado mexicano no reconoce los señalamientos de la CIDH, pues, asegura, existen resultados positivos en la protección de periodistas, afirman las organizaciones defensoras de derechos humanos.

 “Nosotros no sólo buscamos que se creen mecanismos y que exista una falsa sensación de protección, sino que se investiguen los casos, se dé con los responsables, y se castigue y se repare el daño. Sólo así es posible que la impunidad termine y se envíe un mensaje para que los agresores entiendan que hay consecuencias si agreden a la prensa”, explica a Contralínea Juan Vázquez.

Alba Olea