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En todo el mundo se da un trato indigno e inhumano a los migrantes pobres. No sólo son las jaulas y la separación de familias en Estados Unidos, que han provocado el rechazo internacional; también son las cerradas fronteras europeas hacia los africanos y árabes. O, para peor, la violencia extrema con la que México recibe a los centroamericanos.

Si quien migra es un magnate, no importa su tono de piel o su nacionalidad: ningún gobierno lo rechaza por mucha política de cero tolerancia que aplique a la migración, porque para el capital no hay fronteras. En cambio, si quien migra es pobre, no sólo se le impide el paso, sino que se le violenta de todas las formas posibles.

El miedo hacia la pobreza y hacia los pobres tiene nombre: aporofobia. Su significado implica “repugnancia y hostilidad ante los pobres, sin recursos o desamparados”. Y esa repugnancia pareciera que es la que mueve las políticas migratorias que repatrian a todo aquel que no lleva capital consigo.

Las políticas de México no son excepción. A pesar de ser un país expulsor de su propio pueblo –tanto por los niveles de pobreza como por los de violencia–, aplica medidas deshumanizadas y crueles contra los indocumentados.

Los menores de edad que pasan por este país reciben un trato igual o peor que el que da Donald Trump. Aquí, los niños también son separados de sus familias, se les maltrata, se les tortura. En Contralínea he documentado casos de violaciones sexuales cometidas en las propias “estaciones migratorias”, e incluso muertes no naturales durante su retención.

Tras el ilegal encarcelamiento, que puede durar más de 3 meses en condiciones infrahumanas, México acaba expulsando a esos niños migrantes a los contextos de violencia y pobreza de los que están huyendo.

La Secretaría de Gobernación informa que, entre enero de 2013 y abril de 2018, el gobierno de Enrique Peña deportó a 127 mil 140 menores de edad que se habían internado al país sin documentos migratorios, principalmente procedentes de Centroamérica. En ese mismo periodo, Estados Unidos repatrió a este país 69 mil 755 niños mexicanos que habían cruzado la frontera de forma irregular.

Por eso la “condena” externada por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, en torno al escándalo de los niños migrantes enjaulados en bodegas ubicadas en Texas, fue tan tibia. El canciller seguramente sabe que aquí el trato hacia los niños no es mejor y, en ocasiones, es mucho peor.

Por eso a México se le conoce como el infierno. Y es que aquí, para capturar a los indocumentados –sean menores de edad o adultos– se permite todo: golpes, insultos, tortura, vejaciones.

Una vez atrapado por autoridades migratorias, policías o personal militar, el migrante es encerrado en las prisiones que para ese fin se han construido, denominadas “estaciones migratorias”.

Pero también se les llega a encarcelar en sitios clandestinos, al igual que sucede en Estados Unidos según se evidenció en los videos que la propia Patrulla Fronteriza entregó a la prensa de ese país.

La “Estancia Migratoria Fortín” es uno de esos inmuebles que ilegalmente utiliza el Instituto Nacional de Migración para retener migrantes. Ubicado en Fortín de las Flores, Veracruz, el lugar no está reconocido legalmente como recinto migratorio y antiguamente era utilizado como cárcel municipal, refiere información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El organismo autónomo considera que el alojamiento de migrantes en ese lugar es, por lo menos, indebido, pues, además de no ser legal, tampoco reúne las características que debe tener un alojamiento migratorio para otorgar una estancia digna.

Pero estancia digna en México jamás reciben los migrantes. Las “estaciones migratorias” son cárceles de máxima seguridad: en vez de tener habitaciones, tienen celdas. Y aunque las opera personal del Instituto Nacional de Migración, las vigila el Ejército Mexicano, como si en ellas se albergaran los peores delincuentes del mundo.

En esos lugares, las autoridades no proporcionan asistencia consular, atención médica, ni acceso a llamadas telefónicas con familiares y consulados.

La Red Jesuita con Migrantes México señala que la detención de niños, niñas y adolescentes migrantes representa no sólo el lado más cruel de las políticas migratorias en el mundo, sino también constituye una grave violación a los derechos humanos, contraria a lo establecido en instrumentos internacionales que velan por el interés superior del menor.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas establece que ningún menor de edad debe ser criminalizado y sujeto a medidas punitivas y de privación de su libertad por su estatus migratorio o el de sus padres. También, que los Estados tienen la obligación de brindar alternativas a la detención. Algo que nuestro país incumple.

La Red Jesuita con Migrantes México critica las declaraciones del secretario Videgaray Caso, quien se refirió a la política migratoria de Estados Unidos como cruel e inhumana, porque –recalca– “la política migratoria de México no dista mucho de estas mismas características”.

Agrega que en México existen aproximadamente 59 centros de detención migratoria y, tan sólo en 2016, 40 mil 522 niñas, niños y adolescentes fueron detenidos en ellas. De éstos, el 43 por ciento viajaba solo. Además, el 95 por ciento fue deportado a su país de origen.

La Red señala que “la privación de la libertad de niñas, niños y adolescentes es una práctica constante en este país y muchas veces viene acompañada de abusos, e incluso violaciones de menores al interior de los centros de detención migratoria”.

Actualmente, al menos 3 mil 471 niñas, niños y adolescentes solicitan la condición de refugiados en México, pero el gobierno les suspendió sus trámites. Esto implica que se encuentren sin posibilidades de acceder a derechos básicos –como salud y educación– porque no cuentan con un documento migratorio que reconozca su estatus de refugiados. Así la tragedia que pasa en México, pero aquí no hay videos.

Nancy Flores

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