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Relatores especiales para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), periodistas y representantes de la sociedad civil de 21 entidades federativas se reunieron para exhortar al Estado mexicano su obligación de garantizar la seguridad de todas las personas.

Ante esto, ambas relatorías expidieron el Informe conjunto del relator especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH sobre su misión a México, en el cual se argumenta que el país “atraviesa una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos de la población. Uno de los aspectos centrales de la crisis es el debilitamiento del estado de derecho y la gobernabilidad a nivel local que se ha extendido en el país”.

Consecuencia de ello se registran homicidios, desapariciones, torturas, violencia contra periodistas. Se trata de un ataque general a la esencia de la vida democrática en el país, indica el análisis.

El Informe se basa en la reunión de noviembre de 2017, encabezada por los relatores Edison Lanza y David Kaye y en la cual participaron funcionarios federales y estatales, más de 250 periodistas, representantes de la sociedad civil, víctimas y familiares de víctimas, para brindar información detallada y testimonios sobre la crisis de seguridad y de libertad de expresión que sufre el país.

Según el documento, “la delincuencia organizada se ha infiltrado en la vida pública del país”, sobre todo, a nivel de  estados y municipios, según decenas de funcionarios gubernamentales, periodistas y organizaciones no gubernamentales.

Durante su visita a México, los relatores especiales acudieron, además de la Ciudad de México, a cuatro de los estados más inseguros según el Semáforo Delictivo: Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa. Las Relatorías pidieron a las autoridades garantizar la instrumentación y sostenibilidad de los planes de contingencia en todas las entidades, específicamente en Chihuahua y Veracruz, y que incluyan la participación efectiva de la sociedad civil, de periodistas y de todos los mandos correspondientes.

Karen Ballesteros