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La Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas (ONU) reconocieron, a través de un informe oficial, que el acoso, los secuestros y los homicidios contra periodistas en México representan “la amenaza más directa y significativa a la libertad de expresión”.

Estos dos organismos que tienen como función reconocer las deficiencias en materia de derechos humanos y libertad de expresión, emitieron un informe en el que formulan recomendaciones para México, pues aseguran que “este ataque expansivo contra periodistas busca sofocar el debate público y la participación cívica, [lo que constituye] un ataque general a la esencia de la vida democrática” del país.

De acuerdo con los datos reunidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde 2010, 73 periodistas han sido asesinados, 12 periodistas han sufrido desaparición forzada y hubo 44 intentos de asesinato. En 2017, se registraron, al menos, 12 homicidios de periodistas. Mientras que, desde inicios de 2018 y hasta la fecha, han sido asesinados seis periodistas: Carlos Domínguez, Héctor González Antonio, Pamela Montenegro, Leobardo Vázquez, Juan Carlos Huerta,  Alicia Díaz; y todavía se desconoce el paradero del periodista Agustín Silva.

Muchos de estos ataques han tenido como víctimas a periodistas que informaban sobre corrupción, narcotráfico, colusión de funcionarios públicos con la delincuencia organizada, violencia policial y temas electorales.

En el mismo informe se registran diversos obstáculos a la libertad de prensa y de expresión individual, como “la cooptación que realizan diversos actores delictivos y autoridades públicas para sus propios fines”, lo que ocasiona la existencia de “zonas silenciadas” en varias regiones del país, es decir, áreas peligrosas para ejercer el derecho a la libertad de expresión, limitando qué tipo de información se puede o se tiene que publicar.

Asimismo, se describe que “muchas de las leyes” y mecanismos creados para proteger a los comunicadores han acotado la definición de “periodista”, lo que merma la protección de los mismos, por lo que recomiendan al Estado mexicano adaptar la Recomendación General 24 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la que se incluyen a todas aquellas personas que recaban, generan, procesan, editan, comentan, fomentan, publican, difunden o proveen información, a través de cualquier medio de comunicación y/o difusión.

Karen Ballesteros