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Ante la ola de violencia presentada contra activistas medioambientales en diferentes municipios de Chihuahua, más de un centenar de asociaciones, entre ellas organizaciones no gubernamentales y personas de la sociedad civil exigen a las autoridades federales y estatales tomar las acciones necesarias para garantizar la vida e integridad física de todos los activistas medioambientalistas.

Esto tras el asesinato, efectuado el pasado 13 de junio, de Ramón Hernández Nevárez y su hijo, Anselmo Hernández Andujo, integrantes de El Barzón – organización civil en defensa activa de los derechos humanos, conformada por ciudadanos del sector rural y urbano–, quienes luchaban contra la sobreexplotación de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen, ubicada en el mismo estado. Las víctimas habían denunciado, además, la presencia de grupos armados en la misma región.

De acuerdo con un boletín emitido por Greenpeace, el líder agrario ya había denunciado ante las autoridades correspondientes diversas amenazas, pero “éstas no fueron atendidas con las medidas respectivas”, por lo que las organizaciones también exigen a las autoridades emprender las investigaciones necesarias para resolver ese doble asesinato y garantizar la vida e integridad física de los integrantes de El Barzón y de sus familias.

En entrevista con Contralínea, María Colín, campañista legal de Greenpeace México, recalcó que la “demanda en particular va hacia el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, [hacia] Cesar Jáuregui, como secretario de gobierno de esa entidad e, igualmente, a la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Periodistas para que implementen y ejerzan mecanismos adecuados para proteger a todos los compañeros de El Barzón”.

Colín expresó que en Greenpeace tenían “conocimiento de que estaban detenidas varias de las posibles personas involucradas en el asesinato de los compañeros Ramón y su hijo Anselmo, y lamentablemente, hoy nos enteramos que por falta de elementos probatorios las personas han quedado en libertad”.

En el mismo comunicado, las organizaciones y personas firmantes hacen un llamado a Roberto Ramírez de la Parra, Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Guillermo Haro Bélchez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para atender, inspeccionar y vigilar, así como de sancionar y clausurar las obras hidráulicas ilegales que “están siendo la causa y raíz de la conflictividad en la región, acrecentando el clima de inseguridad, persecución, hostigamiento e intimidación en contra de integrantes de El Barzón”.

La representante legal de Greenpeace agregó que, con respecto de la sobreexplotación de la cuenca en Chihuahua, esta asociación había mandado una carta a Conagua y “la respuesta lamentable” fue que las personas involucradas en la construcción de estos pozos ilegales se habían amparado ante jueces de distrito, por lo que no estaba en sus manos hacer algo al respecto. “Ésta no es una respuesta adecuada, dado que la problemática se está incrementando”.

Por último, Colín aseguró que estos casos de violencia provocan que “la actuación de defensores ambientales se desincentive y la gente deje de actuar en defensa del medio ambiente dadas las graves amenazas que sufren, pues te obligan a salir de la región; tienes que huir y tienes que esconderte y esto ocasiona que ya no haya una lucha en defensa del medio ambiente”, por lo que es necesario que todos los poderes asuman “posturas mucho más fuertes y apegadas a la ley para combatir estos niveles de impunidad”.

Karen Ballesteros