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Los maestros adherentes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), retornaron a la Ciudad de México para alzar su justificado reclamo a las autoridades para derogar la Reforma Educativa, planteada como una persecutoria Reforma Laboral, ajena a toda intención de mejorar la educación en el país.

La impuesta reglamentación recaló en el tercer debate presidencial donde hasta el desesperado candidato de la derecha, Ricardo Anaya, aceptó la necesidad de replantear el engendro que en nada ha abonado a la mejora de la calidad educativa en el país.

Un asunto medular que está a discusión es la inquisitoria medida llamada evaluación educativa que ha incidido en el despido de infinidad de profesores cuyo único pecado ha sido laborar en las regiones más apartados del país y no tener ni la oportunidad ni el tiempo para, de acuerdo con el modelo evaluatorio, poder “capacitarse” para ser aptos a conservar su empleo.

El asunto tiene un trasfondo más allá del mero maquillaje informativo que los medios masivos han dado en todos estos años al aparente estado de “canonjías” y la “herencia de plazas”; la muerte de 43 normalistas de Ayotzinapa, tiene tras de sí el sistemático desmantelamiento a las normales rurales de donde han surgido luchadores social en defensa de las comunidades indígenas y campesinas de estados como Guerrero.

El abandono y persecución a estos centros de formación de profesores que, además, han llevado la educación a las regiones más apartadas del país, no es casual: los organismos internacionales le apuestan, como en el caso de sectores como el energético, a que el sector educativo sea desmembrado y privatizado, anulando el derecho de millones de mexicanos a la educación laica y gratuita.

Los medios masivos han ocultado que parte de las movilizaciones sociales del magisterio de la CNTE en estados como Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México, obedecen al despido de maestros que han sido privados de su trabajo, de manera arbitraria, por las autoridades educativas bajo la excusa tanto de no haber aprobado la evaluación educativa como de haber faltado a su trabajo en tres ocasiones.

Si nos remitimos a que el millón 200 mil trabajadores de las educación forman parte del apartado “B” del 123 constitucional y, por ende se rigen por lo establecido en la Ley Burocrática que norma a los trabajadores federales del país, no puede más que inducirse que tanto el titular de la SEP como quienes desde el Congreso dieron luz verde a un engendro persecutorio e ilegal, mostraron una innegable ignorancia a las leyes en la materia.

Vamos al detalle: de origen, todos los burócratas federales y los que forman parte de la FSTSE –donde estás inscritos los maestros–, pueden faltar hasta 6 días al mes sin que se les levanten actas administrativas.

Si la Reforma Educativa no fuera impositiva y se hubiera apegado al estado de derecho, antes que determinar en sus leyes secundarias las tres faltas como motivo de despedido para los maestros, se tendría que haber reformado la Ley Burocrática y sus acuerdos a las Condiciones Generales de Trabajo (CGT), que rigen a los empleados públicos sindicalizados del país.

Resulta entonces que de acuerdo con la Reforma Educativa, los maestros son un estado de excepción que raya en el peor de los absurdos jurídicos.

Peor todavía, sucede que expresarse libremente y exigir sus derechos le ha costado a innumerables mentores terminar en la cárcel. Los profesores que de manera injusta han sido privados de su libertad son presos políticos y el reflejo de un sistema de gobierno que no pone tras las rejas a los delincuentes que lesionan a la sociedad sino a los que llevan educación a las nuevas generaciones.

De parte de las autoridades, persiste la negativa a sentarse a dialogar sobre la verdadera situación de la educación en México. A la clase política le tiene sin cuidado que los niños y jóvenes aprendan más, y menos le preocupan los ingresos del magisterio. Su objetivo es imponer un modelo que tiene su origen en los dictados de los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional.

Investigaciones periodísticas señalan que desde 2015 a la fecha, el gobierno federal entregó alrededor de 1 mil 630 millones de pesos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para que publicitara en los medios las supuestas bondades de la Reforma Educativa.

La duda razonable es: ¿por qué tales recursos no fueron utilizados en apoyar programas educativos de capacitación de los maestros que laboran en las zonas rurales y de difícil acceso en el país o en mejorar las lamentables condiciones en que se encuentran los planteles educativos del país?

Se insiste en suplir al diálogo por medio de la fuerza pública y los toletes, pero se critica a los supuestos estados totalitarios del continente por abolir la democracia y la libre expresión. Al final del día, queda clara que las autoridades han venido negando un diálogo nacional del tema por carecer de los argumentos que justifiquen una Reforma Laboral encubierta de Reforma Educativa.

A la actual administración le quedan 5 meses de vigencia y porfía en cerrarse a abrir una vía de solución a una reforma que nació torcida de origen y que como otras tantas ha mostrado su inviabilidad en los hechos, abonando el cúmulo de problemas que no ha podido resolver.

Ha llegado el momento de alzar la voz y exigir al gobierno federal respuesta a la lucha magisterial como al incumplimiento de los acuerdos para dar solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La lucha de los maestros de la CNTE es parte de un reclamo nacional para hacer justicia a infinidad de sectores sociales, olvidados por una partidocracia que extravió el sentido de las políticas públicas en favor de las mayorías.

Martín Esparza Flores*

*Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas

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