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El Estado colombiano judicializa y criminaliza la lucha social, señala la Casa de los Pueblos-México. La organización puso como ejemplo la detención de Julián Andrés Gil Reyes, colombiano integrante de la Comisión Internacional y secretario técnico del Congreso de los Pueblos-Colombia, ocurrida el pasado 6 de junio.

De acuerdo con la denuncia, Gil Reyes fue detenido por cinco sujetos vestidos de civil y dos uniformados de la policía; y posteriormente fue conducido en un vehículo particular al comando de policía de Cundinamarca, en Bogotá, Colombia.

La organización mexicana condenó la privación de la libertad del licenciado en filosofía por la Universidad Pedagógica Nacional, miembro de la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia (ANJECO), y del Movimiento Juvenil y Popular Quinua.

Agregó que su caso se suma a las detenciones de 13 líderes sociales del Sur de Bolívar y de 33 más pertenecientes a diversos municipios del Suroccidente de Colombia.

Con la consigna “¡ser líder social no es delito!”, organizaciones sociales latinoamericanas han denunciado la detención de Julián Andrés Gil Reyes y la sistemática estigmatización, amenaza y asesinato contra miembros de organizaciones sociales.

En 2017 se registraron 152 casos de uso indebido de la fuerza, 95 por ciento de los cuales son responsabilidad del Estado colombiano, según indica el Observatorio de Derechos Humanos Orinoco-Magdalena.

Según información de la misma organización, en 2017 se registraron 224 ejecuciones de líderes sociales, indígenas, afrodescendientes, defensores de derechos humanos y ambientales.

Alba Olea