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Guatemala. Fue en 2011 cuando Manuel Antonio Baldizón, fundador del Partido Líder, contendió por primera vez en los comicios para la Presidencia de Guatemala. Su rival fue Otto Pérez Molina, un general retirado postulado por el partido Patriota que hoy se encuentra en prisión por corrupción.

En aquellos comicios, Baldizón perdió y quedó en segundo lugar. Sin embargo, 4 años después regresó con la firme intención de llegar a la Presidencia. Sus amigos y aliados también lo creían porque no había manera de perder. Al menos no en esas elecciones. Sin excepción, en los últimos cuatro procesos electorales para votar el Poder Ejecutivo en Guatemala, el candidato que perdió y que ocupó el segundo lugar se convirtió en el siguiente presidente.  Era una regla no escrita: el llamado “te toca” que en Guatemala patrocinó varias décadas de corrupción en campañas políticas.

Baldizón también está acusado de corrupción y en julio próximo conocerá la decisión del gobierno de Estados Unidos sobre su petición de asilo político. Antes, en 2015, Baldizón llevó al extremo aquella práctica del sistema político guatemalteco de que el candidato que ocupaba el segundo lugar en las elecciones se convertía –sin excepción y 4 años después – en presidente de Guatemala.

La campaña de Baldizón tuvo como lema “Le toca…”, “Le toca al pueblo…” y, por supuesto, “le toca a Baldizón”.  Estos son los textos que se podían leer en los muros de muchas calles en Guatemala.

Esa práctica se transformó, dice la exinvestigadora de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Luz Adriana Camargo Garzón,  en un incentivo perverso para los grupos de interés político y empresarial dispuestos a realizar aportaciones “anónimas” a cambio de favores del nuevo presidente.

Fue en 2013 cuando Baldizón, siendo candidato del desaparecido Partido Libertad Democrática Renovada, se presentó ante la brasileña Odebrecht como el futuro presidente de Guatemala. Lo acompañó Alejandro Sinibaldi, quien también aspiraba a ese puesto, para pactar apoyos por 3 millones de dólares.

En septiembre de 2014, 1 año antes de las elecciones generales, el entonces partido oficial lo había proclamado como su candidato, lo cual terminó en una campaña adelantada, la destitución de Roxana Baldetti como secretaria general y, finalmente, la cancelación del PP, relata la exfuncionaria de la CICIG en entrevista.

Fue esa comisión la que condujo la investigación conocida como caso La Línea, que demostró ampliamente la corrupción en el financiamiento no autorizado a candidatos rumbo a la Presidencia y a gobiernos locales.

Las elecciones, al menos en teoría, deberían tener un pronóstico reservado, reflexiona la experta en investigaciones vinculadas con flagelos como el lavado de dinero y el financiamiento ilícito a campañas políticas.

En Guatemala el techo de campaña se ubica en alrededor de 50 millones de quetzales, aproximadamente 7 millones de dólares. En teoría, no se tendría necesidad de tener financiamiento anónimo.

Si la CICIG no hubiera interrumpido esta sucesión pactada entre partidos en Guatemala, el siguiente en la línea hubiera sido Alejandro Sinibaldi, quien estaba listo para postularse como candidato para los comicios presidenciales de 2019.

 “En realidad lo que es perverso del sistema de financiamiento anónimo es que el financista esconde su cara porque el día de mañana no le podrán decir, cuando aspira a tal o cual licitación: usted está cobrando ese favor”, dice Camargo Garzón.

Claudia Villegas

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