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Si alguien aún tiene dudas de que la “guerra” contra el narcotráfico en México ha sido un negocio redondo, bastará decir que en lo que va de este sexenio que ya agoniza, el gobierno federal ha gastado más de 7 mil millones de pesos tan sólo en la compra de armamento y equipo militar, y cuenta con una bolsa superior a los 1 mil millones para ese mismo propósito en 2018.

Siete mil millones de pesos que bien pudieron invertirse en salud, educación, vivienda o cualquier otro tipo de bienestar social que pudiera contener la pobreza y, de alguna manera, también el descontento social que ahora vivimos.

Pero no, se gastó en las armas que han profundizado la espiral de violencia en la que estamos inmersos desde 2007, cuando Felipe Calderón inició esta absurda “guerra” para garantizar su estancia en la Presidencia mediante la mano dura, tras su cuestionada e ilegítima llegada al poder.

Para compra de armas y equipo militar, el gobierno de Calderón le heredó al de Peña una bolsa de 2 mil 76 millones 570 mil pesos. Así es como se garantizó la continuidad de la supuesta “guerra” contra el narco.

Históricamente, este gasto ha beneficiado a una industria bélica carente de ética y humanismo, pues ha suministrado el armamento a nuestro país aún sabiendo que miles de inocentes mueren por el accionar de esas armas.

Y resulta que ese negocio no sólo es rentable, sino sobre todo es discrecional. Esta característica sobresale en un lugar con autoridades tan corrompidas como lo es México, porque significa que se potencian los negocios paralelos: el pago de diezmos, por ejemplo; los ilegales sobrecostos; las asignaciones directas pactadas por debajo de la mesa entre empresas y funcionarios, etcétera.

Y es que, escudado en el ambiguo y muy conveniente concepto de “seguridad nacional”, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha comprado equipo y armamento militar por al menos 7 mil 213 millones 41 mil pesos en forma discrecional, revelan datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregados al Congreso de la Unión.

El gasto se ha hecho entre enero de 2013 y el pasado mes de marzo, a través de la opaca figura fiduciaria, considerada como la caja chica del gobierno para eludir la transparencia y la rendición de cuentas, tal como lo ha denunciado por años la Auditoría Superior de la Federación.

Y es que los fideicomisos que maneja el gobierno, aunque sean considerados públicos, no rinden cuentas porque los “protege” el secreto fiduciario. Tampoco son auditados y mucho menos devuelven el dinero que no gastan a la Tesorería de la Federación al término de los ejercicios, porque no están sujetos a etiquetas del gasto dispuesto en los presupuestos públicos anuales.

Así, en el gasto para compra de armas y equipo militar se blindan por dos vías: por una parte, el argumento de la seguridad nacional que clasifica la información como secreta; y, por otra, el secreto fiduciario que impide conocer el destino del dinero.

En este caso, los miles de millones de pesos extraídos de las arcas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) van a parar al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, que maneja esa institución.

De acuerdo con los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, a ese fondo se le han destinado recursos públicos por 8 mil 273 millones 381 mil 710 pesos, entre enero de 2013 y el primer trimestre de 2018.

Es decir que la Sedena se ha gastado la mayoría de los recursos del fondo fiduciario, pues los egresos en el mismo periodo superan los 7.2 mil millones de pesos.

Oficialmente, el Fideicomiso tiene por objeto “administrar los recursos que forman su patrimonio y cubrir las erogaciones por las adquisiciones de bienes tales como equipo militar, terrestre, aéreo y refacciones; así como la contratación de obra pública y de los servicios de mantenimiento necesarios para dichos bienes y obras, destinados a la realización de operaciones de orden interior y seguridad nacional de carácter contingente o urgente, que lleve a cabo la Sedena en términos de las disposiciones aplicables, a fin de contar con los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.

De los datos de Hacienda destaca que para el cierre del actual gobierno aún se cuenta con una bolsa multimillonaria para este fin. Su saldo disponible al tercer trimestre de 2018 fue de la nada despreciable cantidad de 1 mil 886 millones 690 mil 359 pesos.

Además, según los Informes de Hacienda, entre enero y marzo pasado el Fideicomiso se gastó 859 millones 266 mil 374 pesos, mientras que la Sedena le destinó 110 millones 499 mil 955 pesos.

La apuesta por la “guerra”

A estas alturas queda claro que el negocio ha sido redondo tanto para la industria como para los propios militares a cargo de estas compras.

También resulta evidente que en este sexenio se ha privilegiado la guerra contra la sociedad, que ha costado miles de muertes, desapariciones y desapariciones forzadas y otras expresiones de violencia extrema, y no el gasto social que tanta falta hace.

Y es que lo que realmente necesita México es que se combatan los flagelos que más angustian a las familias mexicanas, como la pobreza y la marginación.

Algo bastante alejado del gobierno actual, pues su herencia serán más de 53 millones de mexicanos en situación de pobreza que reconoce oficialmente, cifra que podría realmente superar los 80 millones, pues los datos gubernamentales generalmente están maquillados.

Pese a la gravedad del problema, el priísta no tuvo como prioridad su combate, sino que se concentró en continuar la supuesta “guerra” contra el narcotráfico.

Y por ello sostuvo, al igual que su antecesor Calderón –responsable de desatar las masacres que han enlutado a miles de familias mexicanas–, el multimillonario gasto militar en beneficio de la industria bélica de Estados Unidos, Israel, Sudáfrica, Bélgica, Suiza, República Checa, España, Italia, Brasil, Uruguay, Canadá, Turquía y Alemania.

Industria que ha contado con la complicidad de gobiernos supuestamente democráticos.

Nancy Flores/Segunda de dos partes

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