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A 20 años de la masacre de El Charco, organizaciones sociales denunciaron la falta de investigación y sanción contra el Ejército Mexicano por la ejecución extrajudicial de 11 civiles desarmados en Ayutla de los Libres, Guerrero, en 1998. Reclamaron al gobierno mexicano justicia, investigación, sanción y reparación de daños para los indígenas nu’saavis (mixtecos) víctimas del crimen.

Las organizaciones denunciantes, entre las que se encuentran la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Iglesias por la Paz y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem-Fedefam), exigieron la no repetición del crimen, el regreso de los militares a sus cuarteles y la investigación de los hechos.

La madrugada del 7 de junio de 1998 miembros del Ejército atacaron a un grupo de civiles que se resguardaban en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez en El Charco, Ayutla, Guerrero, después de una asamblea popular de la Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT).

La masacre de El Charco tuvo como resultado la ejecución extrajudicial de 10 indígenas nu’saavis y del estudiante universitario Ricardo Zavala, así como la detención de 22 personas, entre las que se encontraban los estudiantes Ericka Zamora y Efrén Cortés, quienes fueron torturados, presentados ante el Ministerio Público Militar de la Novena Región en Cumbres de Llano Largo y encarcelados durante 4 años.

Según Efrén Cortés, sobreviviente de la masacre, se trató de un ataque contrainsurgente, dada la característica actividad guerrillera de la región, el entonces reciente surgimiento del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y la recién anunciada escisión del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

“En El Charco sí hubo un enfrentamiento del ejercito con la guerrilla, pero lo que nosotros estamos exigiendo es [justicia porque] la masacre se la hicieron a la población civil, por eso se encontraban niños”, señaló Cortés.

Alba Olea