El activista recientemente asesinado, Manuel Gaspar Rodríguez, ya había recibido amenazas de muerte por su oposición a la imposición de proyectos mineros en comunidades indígenas.
Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), el asesinato del defensor indígena confirma “la impunidad con la cual actúa el gobierno mexicano al implementar una estrategia de despojo y muerte en contra de los pueblos campesinos que se niegan a entregar sus tierras”.
El lunes 14 de mayo, en el municipio Cuetzalan del Progreso, al norte de Puebla, fue asesinado Manuel Gaspar, quien ya había recibido amenazas de muerte vía telefónica, detalló en un comunicado el Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular (MIOCUP). La organización exigió al fiscal encargado de llevar el caso agotar todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos que derivaron en la muerte del activista.
Manuel Gaspar era un defensor del medio ambiente que impulsó la lucha contra la minería a cielo abierto en el noreste de Puebla. Recientemente, como integrante del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban (CDHAE), también había impulsado la clausura de “un relleno sanitario convertido en basurero que desde 2015 la autoridad municipal se negó a cerrar a pesar de los señalamientos de mal manejo por instancias ambientales”, explicó el MIOCUP.
A la condena del asesinato se sumaron otras organizaciones como el Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO) y la Mesa DESCA (sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales) de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos.
Marcial Yangali
