Autor:

En un sexenio, más de 800 mil migrantes, principalmente de origen centroamericano, han sido retenidos en las 58 “estaciones migratorias” y “estancias provisionales” por el “delito” de ingresar a territorio mexicano sin documentos

Entre 15 y 30 días –en promedio– permanecen detenidos los migrantes que, buscando llegar a Estados Unidos, cruzan territorio mexicano irregularmente. Otros, con menos suerte, pasan meses “bajo custodia” de las autoridades migratorias mexicanas. Son recluidos en cárceles a las que oficial y eufemísticamente se les llama “estaciones migratorias” o “estancias provisionales”, en condiciones que vulneran sus derechos humanos. Incluso, los niños que viajan solos también son internados en estas prisiones.

Desde 2011 y hasta marzo de 2018, un total de 846 mil 933 personas habían sido retenidas por su irregular ingreso al territorio nacional. De la cifra –obtenida de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Mapa de Estadísticas de la Secretaría de Gobernación (Segob)–, México apenas ha reconocido la condición de refugiados a 1 mil 417 personas y ha otorgado protección complementaria a 277 migrantes. La gran mayoría son sometidos a un proceso de deportación o “retorno asistido”.

Mientras se realiza el “trámite”, los migrantes son detenidos en las estaciones y estancias “bajo custodia” o “bajo resguardo” del Instituto Nacional de Migración (INM).

Todo a pesar de que, para las leyes mexicanas, ingresar al país sin documentos oficiales es una falta administrativa y no un delito. Se trata de detenciones contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales signados por México.

De hecho, claramente el Artículo 11 constitucional señala: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes […]”.

Para la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, el encarcelamiento de migrantes resulta escandaloso. Señala que se trata de detenciones ilegales.

“La Constitución es absoluta y totalmente tajante en este sentido. Si nosotros pretendemos volver a la Constitución y que la Constitución se aplique, tenemos que acatarla de forma irrestricta”, señala la jurista.

La causa de este trato de México a los migrantes centroamericanos es claro, a decir del doctor Valeriano Ramírez: la presión que Estados Unidos ejerce sobre México.

De acuerdo con el politólogo y sociólogo, las autoridades mexicanas han aceptado el papel que le ha asignado las estadunidenses para sellar sus fronteras.

Y es que los migrantes deben sortear los delitos que particulares comenten en su contra, pero también las violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios.

De acuerdo con la Evaluación de la política pública migratoria, realizada por la ASF, en promedio cada año los servidores públicos federales cometen 2 mil 80 actos violatorios de los derechos humanos contra migrantes.

Más aún, una de cada cuatro violaciones que acredita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se comete en contra de migrantes. El documento de la ASF también consigna que por cada migrante se cometen 1.3 violaciones a los derechos humanos, entre ellas tratos crueles, inhumanos y degradantes.

“Entre las violaciones más recurrentes se encuentran: prestar indebidamente el servicio público; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; el trato cruel, inhumano o degradante, y omitir fundar el acto de autoridad en contra de los derechos al trato digno, a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, y a la legalidad.”

Destaca que la cifra negra es mucho mayor, pues “muchas de las violaciones no se denuncian por desconfianza a las autoridades o por temor a ser deportados”. En el documento se consigna que, probablemente, sean 400 mil los migrantes que cada año transitan por territorio mexicano.

La reclusión que padecen los migrantes en México también resulta violatoria a sus derechos humanos y no sólo por el encierro. La evaluación de la ASF señala que “las carencias materiales que se presentan en las estaciones y estancias contradicen los principios básicos de bienestar que el gobierno tiene la obligación de asegurar a los migrantes durante su alojamiento, tales como el derecho a la vida y a la integridad personal, al ejercer un control total sobre aquéllos”.

Y es que desde que Estados Unidos conminó a México a sellar sus fronteras, los agentes del INM –organismo descentralizado de la Segob– tienen la misión de buscar, detectar, detener y presentar a los migrantes irregulares en las “estaciones migratorias” o en las “estancias provisionales”. Formalmente, en tales recintos los migrantes podrían “regularizar” su situación migratoria. Lo cierto es que, en los hechos, los migrantes sólo tienen dos posibilidades: el retorno asistido o la deportación. Al final, es una: regresar a su país de origen.

Los 846 mil 933 migrantes detenidos por los agentes del INM desde 2011 y hasta el pasado marzo fueron interceptados en 204 puntos identificados en el territorio nacional como “de tránsito de extranjeros”.

Se trató de 45 mil 987 en 2011; 64 mil 268 en 2012; 64 mil 691 en 2013; 102 mil 803 en 2014; 165 mil 897 en 2015; 146 mil 639 en 2016; 95 mil 417 en 2017, y 32 mil 714 durante los primeros 3 meses de 2018.

Niños y niñas migrantes no acompañados también son recluidos en las estaciones migratorias, “en virtud de la falta de capacidad en las instalaciones del SNDIF [Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia]”, señala la evaluación de la ASF. El INM no aportó datos precisos a la Auditoría. Sólo pudo acreditar que en 2013 los menores de edad internados en las estaciones sumaron 5 mil 614.

El procedimiento administrativo para que una persona extranjera en situación irregular salga de México demora, en un 60 por ciento de los casos, 10 días hábiles, es decir, 2 semanas. El resto puede tardar hasta un par de meses, según el país de origen del migrante.

La calidad y eficiencia de los servicios migratorios es una recurrente fuente de quejas entre los extranjeros. De las 58 instancias para resguardo de migrantes irregulares a cargo del INM, 32 son estaciones migratorias y 26 son estancias provisionales. En conjunto, cuentan con una capacidad instalada total de 3 mil 705 migrantes; sin embargo, el total de migrantes alojados, en promedio mensual, fue de 7 mil 725, es decir, siempre contaron con 4 mil 20 migrantes más de los que la capacidad instalada permitía.

De acuerdo con los reportes del propio INM a los que la ASF tuvo acceso, las estaciones migratorias y estancias provisionales padecen “deficiencias en los servicios, en la infraestructura y operativas”.

Tales irregularidades son: falta de mantenimiento e higiene; deficiencias en la integración de los expedientes de los migrantes; falta de áreas recreativas, comedores, familiares y para menores de edad no acompañados; inconsistencias en los registros de los extranjeros alojados; deficiencias en los servicios de salud; inexistencia de buzón de quejas o su falta de uso; debilidades en las tecnologías de la comunicación e información, falta de materiales didácticos; instalaciones inseguras; ausencia de sicólogos; falta de carteles para difundir los derechos de los alojados y las reglas de estancia; falta de personal; hacinamiento; falta de capacitación en el personal, y vehículos obsoletos o inservibles para el traslado de migrantes.

Además, resaltan otras deficiencias, como las que impiden que los migrantes ejerzan su derecho a recibir atención sicológica, realizar una llamada a un representante consular o alguien de confianza, acceso a áreas de esparcimiento y materiales didácticos. Lo anterior ha provocado en algunos migrantes cuadros de depresión y agresividad.

El INM ejerció durante 2017 un presupuesto cercano a los 680 millones de pesos. En respuesta a la solicitud de información 0411100038018, el Instituto notificó que la mayor parte de ese presupuesto se destinó a “gastos por servicios de traslado de personas”: 370 millones pesos. Para la partida de actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria a migrantes, apenas se destinaron 3 millones 600 mil pesos.

“En el caso de menores de edad, no se les procura un trato adecuado, al existir casos en los que sólo se les registra en las estaciones migratorias, pero no se le da aviso al SNDIF, ni se canalizan a las estancias adecuadas para su resguardo”, se consigna en el documento de la ASF.

A este respecto, Olga Sánchez Cordero –quien se desempeñara como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por más de 10 años– deplora que el INM, la Subsecretaría de Gobernación y la propia Segob traten a los migrantes como “seres humanos de segunda”. Explica que cuando se trata de migrantes pareciera que en México no hay una universalidad de los derechos. “Los derechos humanos son para todos, incluyendo los migrantes”.

Condena la existencia de “estas cárceles migratorias, que privan a los migrantes de su libertad”.

Recuerda que en México no es delito ingresar sin documentos al país. “No acreditar la legal estancia en este país es una falta administrativa, como no tener licencia de conducir o como que te pare el alcoholímetro y te mande al Torito [Centro de Sanciones Administrativas]. No puedes estar más de 36 horas en el Torito, porque las faltas administrativas son arrestos administrativos que no pueden exceder constitucionalmente de las 36 horas. Entonces, a ver, cuánto estás privando de su libertad a los migrantes… semanas o meses”.

Añade que es necesario que en México todos cumplan con las leyes, incluyendo a las autoridades. “Y si cumplimos con la Constitución, es ilegal que se detenga a las personas por más de 36 horas por una falta administrativa, que es no tener una calidad migratoria en orden o legal en nuestro país”.

Donde sí es un delito es en Estados Unidos, advierte. “Pero acá no; sí es una conducta ilícita pero administrativa. Es como no tener licencia de conducir. Es exactamente igual. Insisto: este tipo de [detenciones] no pueden llegar a más de 36 horas. La Constitución es absoluta y totalmente tajante en este sentido. Si nosotros pretendemos volver a la Constitución y que la Constitución se aplique, tenemos que acatarla de forma irrestricta”, señala Sánchez Cordero, quien encabezaría la Segob en caso de que Andrés Manuel López Obrador gane las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio.

Sobre el papel de los estadunidenses en la actual política mexicana frente a los migrantes, el doctor en estudios políticos Valeriano Ramírez Medina, investigador y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explica que México ha optado por la integración regional a Estados Unidos. Y esta decisión se traduce en una nueva doctrina de política exterior y en una serie de acciones concretas ante fenómenos como el de la migración.

“La actual política migratoria es resultado de las presiones de Estados Unidos. Desde hace 10 años, el vecino norteño exige mayor agresividad frente a los migrantes que vienen de Centroamérica.”

Explica que el abandono de la Doctrina Estrada y la construcción de una “relación más íntima con Estados Unidos” tuvieron como consecuencia un cambio en la manera de ver la migración. Ernesto Zedillo fue el impulsor de ese viraje.

El máximo órgano de fiscalización del país concluye que el marco jurídico nacional en materia migratoria aún se encuentra desarticulado y no permite la atención integral del fenómeno migratorio. Además, observa ausencia de estrategias del gobierno que incorporen una visión transversal de los principios y normas generales para atender el fenómeno migratorio.

La política del gobierno de Enrique Peña Nieto ante los migrantes que atraviesan el país con rumbo a Estados Unidos padece una débil coordinación intersectorial e interinstitucional de las autoridades migratorias. Incluso las dependencias son incapaces de ofrecer estadísticas confiables y no cuentan con investigaciones para la formulación de estrategias.

“[Es] Limitada [la] disponibilidad de información oportuna, confiable y estandarizada sobre los delitos y violaciones de derechos humanos contra las personas migrantes y sus defensores.

Asimismo, la ASF encontró insuficientes acciones de profesionalización, capacitación, certificación y depuración de la autoridad migratoria.

“Los flujos migratorios regulares e irregulares son agraviados en sus derechos fundamentales por parte de las autoridades mexicanas. La calidad y eficiencia de los servicios migratorios es una recurrente fuente de quejas entre los extranjeros que ingresan al país.”

Un asunto de seguridad nacional

México es parte del corredor migratorio de América del Norte, el más transitado del planeta. Es un país de ingreso y tránsito de extranjeros, con 1.9 millones de kilómetros cuadrados de superficie continental, por el que pasan cada año miles de migrantes provenientes, principalmente, del llamado Triángulo Norte de Centroamérica: Honduras, Guatemala y El Salvador.

En todo el mundo, los 10 principales países de destino de los migrantes son Estados Unidos, Arabia Saudita, Alemania, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Francia, Canadá, España y Australia. Mientras, las 10 naciones de origen más importantes son India, México, Rusia, China, Bangladesh, Pakistán, Filipinas, Afganistán, Ucrania y el Reino Unido.

En el mundo existen cuatro corredores migratorios: Sur-Norte, Norte-Norte, Norte-Sur y Sur-Sur. En el corredor Sur-Norte, los países de destino son Estados Unidos y Rusia, y los de origen son México, Kasajistán, China, India y Filipinas.

Con 12 millones de migrantes (datos de 2015), el corredor de migración más importante del mundo es el de México-Estados Unidos. Por su parte, India-EAU se sitúa en el segundo lugar, con casi 3.15 millones de migrantes, seguido por Rusia-Ucrania (3.3 millones) y Rusia-Kasajistán (2.4 millones), según la clasificación de la Organización de las Naciones Unidas.

Así, México es el principal corredor migratorio en el mundo, y aun cuando la mayoría de los migrantes son de origen mexicano, esta migración también se compone de originarios del Triángulo de Centroamérica: Honduras, Guatemala y El Salvador.

La nación mexicana es país de origen, tránsito y destino de migrantes. Cuenta con 4 mil 301 kilómetros de fronteras terrestres. La Norte, en colindancia con Estados Unidos, tiene una extensión de 3 mil 152 kilómetros; y la Sur, con Guatemala y Belice, una extensión de 1 mil 149 kilómetros.

El pasado 20 de marzo el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dio posesión como nuevo comisionado del INM a Gerardo Elías García Benavente, en sustitución de Ardelio Vargas Fosado, quien había ocupado el cargo desde que Peña Nieto asumiera la Presidencia de la República. Ambos personajes tienen en común su paso por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

García Benavente, hoy al frente del INM, trabajó los pasados 25 años en el Cisen, en el que, entre otros cargos, se desempeñó como secretario general y coordinador de inteligencia.

La protección a los migrantes está establecida desde el primer artículo de la Constitución mexicana, que garantiza derechos para todos los seres humanos. Por ello, señala la ASF en su Evaluación: “[…] las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Asimismo, en consonancia con los tratados internacionales en materia de ayuda humanitaria y derechos humanos, en el Artículo 11 de la Constitución se prevé que: “Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político […]”.

El 25 de mayo de 2011 se promulgó la Ley de Migración con el objeto de regular el ingreso, tránsito, estancia y salida de los migrantes, “en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos”, luego de la matanza de 72 migrantes ocurrida en San Fernando Tamaulipas en agosto de 2010. Lo cierto es que tal disposición trasladó el fenómeno de un planteamiento coyuntural “a uno de seguridad nacional”, en concordancia con Estados Unidos.

En doctor Valeriano Ramírez explica que la disposición de México para frenar la llegada de migrantes a Estados Unidos, junto con el problema de la delincuencia, hicieron posibles violaciones masivas a los derechos humanos de los migrantes e, incluso, la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Por su parte la ASF reconoce que “las modificaciones legislativas de la política migratoria suscitaron un rediseño institucional en el interior de la Segob, ya que por medio de reformas a su reglamento, en la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, se instauró la Unidad de Política Migratoria (UPM); además, se adecuaron las atribuciones y estructura del INM. Con este nuevo modelo, la Segob definió el ejercicio pleno de sus atribuciones de coordinar la política migratoria, de manera tal, que a la UPM le corresponde la responsabilidad de formular, monitorear y evaluar la política migratoria, y al INM, ejecutarla.”

El trato de México hacia los migrantes es otro de los saldos de haber abandonado una política exterior independiente, considera Ramírez Medina.

“México abandona la doctrina Estrada y la cambia por una incorporación regional a Estados Unidos, ‘alianza estratégica’ le llaman.”

Para el investigador, México debe cambiar su política porque no está obteniendo nada a cambio. Con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, ese país ha dejado de tener cualquier tipo de deferencia en el trato bilateral.

“Trump está tratando a México con el mismo rasero con el que trata a Guatemala, Honduras o El Salvador. No es considerado un socio estratégico. Ahora es visto como parte del problema. Y aquí México incluso podría presionar a Estados Unidos facilitando la llegada de migrantes a ese país.”

Zósimo Camacho

[INVESTIGACIÓN][SOCIEDAD][SEMANA][D]