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La Habana, Cuba. El gobierno saharaui llega este mayo al décimo mes de denuncias sistemáticas por violaciones marroquíes contra 23 presos políticos del territorio ocupado de Gdeim Izik, sentenciados a penas extremas en un juicio ilegal el 19 de julio de 2017.

Aparte de la posición histórica de defender en general a todos sus reclusos por delitos de conciencia, las autoridades de ese país africano aprovechan desde entonces todos los foros y visitas internacionales para reclamar los derechos del grupo de condenados de forma injusta.

Acorde con el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), esos presos, en la actualidad dispersos por varias cárceles de Marruecos, fueron víctimas de un juicio ilegal y también de una acusación injusta, al inculparlos por la muerte en 2010 de 11 soldados de Rabat durante una protesta en la región de Gdeim Izik, ocupada por Marruecos.

El presidente de la RASD, Brahim Ghali, recordó a propósito de aquel juicio que los tribunales marroquíes carecen de jurisdicción para juzgar sobre asuntos del Sahara Occidental.

Consideró Ghali también extremas las sentencias contra los reclusos por parte de un tribunal civil en el juicio de julio pasado, que causaron un verdadero escándalo y recibieron la condena de gobiernos y organismos internacionales.

El jefe de Estado solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) interceder para la liberación de sus 23 ciudadanos apresados desde 2010, y luego víctimas de veredictos entre 20 años de prisión y cadena perpetua.

Ghali, también líder del Frente Popular de Liberación de Saguia, el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario), rechazó el proceso ante el organismo mundial y la Unión Africana mediante respectivas cartas dirigidas a sus máximos líderes.   Igualmente calificó las sentencias de “clara repetición de las asumidas en 2013 por un tribunal militar”, en alusión a un proceso judicial previo cuyos cuestionamientos condujeron al mencionado juicio de mediados de 2017.

La ONU aboga por retomar negociaciones

La etapa cerrada este mayo de 10 meses de intensas gestiones saharauis por la liberación de los presos políticos de Gdeim Izik, coincidió con una resolución aprobada el 27 de abril pasado por el Consejo de Seguridad sobre el conflicto global en que se inserta la nueva violación marroquí.

Conocedor de que esa y otras muchas aristas del contencioso resultan de las contradicciones de Rabat y la RASD por la presencia colonial marroquí en el Sahara Occidental, el máximo órgano de la ONU propuso retomar las negociaciones entre ambas partes.

La resolución de los 15 miembros del órgano de la ONU extiende por 6 meses más el mandato de la Misión de la Organización para el Referendo en el Sahara Occidental (Minurso) y pide a las partes reanudar “sin condiciones previas” el diálogo hacia una solución al conflicto, cuya última ronda de conversaciones fue en 2008.

El documento, aprobado por 12 votos y tres abstenciones (China, Rusia y Etiopía), favorece la posición saharaui respecto a que la ONU cumpla con la convocatoria a ese tipo de consulta popular sobre autodeterminación, prometida por la comunidad internacional en 1991.

La Minurso, que dispone de un personal de 400 efectivos y un presupuesto anual de 52 millones de dólares, debía concluir sus funciones el 30 de abril, pero ahora se extenderán hasta el próximo 31 de octubre, a fin de reimpulsar el proceso político en la región.

Dicho documento resolutivo pide también a los Estados vecinos de la RASD y Marruecos contribuir a este proceso político y acentuar su implicación en las negociaciones, y destaca “la necesidad de avanzar hacia una solución política realista, viable y duradera”.

Horst Koehler, enviado del secretario general de la ONU para el Sahara Occidental, por su parte, prometió al Consejo de Seguridad una nueva ronda de negociaciones en este año.

Las autoridades y el pueblo del Sahara Occidental rechazaron los resultados del juicio publicado por la Cámara de lo Criminal del Tribunal de apelaciones de Salé, cerca de Rabat, y los consideraron “una palpable nueva violación del derecho internacional humanitario”.

Tales sanciones son “otra demostración de las intenciones de Marruecos de continuar su política de abusos contra los derechos humanos sin la presencia de testigos”, expresó.

Según Ghali, la crítica unánime contra aquel proceso judicial por parte de organizaciones nacionales, regionales e internacionales en todo el mundo, “subrayó la necesidad urgente de establecer un mecanismo de derechos humanos en la región”.

Acusaciones fabricadas y expedientes inventados

El líder saharaui reveló que las sentencias se basaron “en acusaciones fabricadas y preparadas, y expedientes inventados en las comisarías marroquíes donde los detenidos son sometidos a todo tipo de tortura”.

Calificó Ghali además el hecho de “nuevo crimen contra indefensos civiles saharauis” y afirmó que “constituye un reflejo de las frecuentes actitudes de las fuerzas de ocupación y colonización” de esa región, invadida por Marruecos en 1975 tras la retirada de España como anterior potencia ocupante (desde 1884).

El presidente de la RASD llamó además a la comunidad internacional “a que asuma su responsabilidad, para cesar las salvajes actitudes de Marruecos y la ausencia de voluntad política creíble, de colaborar con los esfuerzos del Secretario General de la ONU”.

Del mismo modo, ratificó sus exigencias respecto a la desocupación del Sahara Occidental como última colonia de África, el respeto a los derechos humanos de su población y el cese de la explotación de sus recursos naturales.

Antonio Paneque Brizuela

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