Autor:

En la Terminal Dos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México, llama la atención una serie de carteles apostados en las puertas de abordaje, donde el gobierno de México –en vez de despedir a quienes se van o dar la bienvenida a quienes llegan– explica que los constantes retrasos en los vuelos comerciales no son culpa del “avión presidencial”.

No es broma: la administración de Enrique Peña Nieto no sólo enfrenta el rechazo social porque la aeronave es excesivamente lujosa y ha costado al menos 6 mil 769.9 millones de pesos al erario, sino también por los inconvenientes que genera su propia operación.

Y por ello ahora gasta nuestros impuestos en esta publicidad oficial, para tratar de lavarle la cara a la ostentosa aeronave que, según se ha denunciado, incluye un restaurante y hasta alcoba presidencial.

Lo que es un hecho es que sigue siendo un continuo malestar entre decenas de pilotos de distintas aerolíneas, quienes ante los reclamos de los usuarios han dicho claramente que los atrasos son precisamente culpa de ese costoso avión que usa el presidente Peña y que arribó a México en 2016.

Y aunque el gobierno federal asegure que ello es falso, ¿quiénes, si no los operadores de los vuelos comerciales –que constantemente arriban y despegan de este aeropuerto– podrían saber lo que realmente ocurre en él?

Según denuncian los pilotos, por supuestas razones de “seguridad” establecidas en los protocolos presidenciales, para su operación es necesario parar durante algunos minutos el resto de las maniobras, por lo que el avión presidencial acaba retrasando la llegada y la salida de las aeronaves comerciales.

Cada semana, el ya famoso Boeing 787-8 –de nombre José María Morelos y Pavón– realiza en promedio ocho operaciones: cuatro despegues y cuatro aterrizajes, indica la información oficial de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.

Según la explicación del gobierno federal, que omite ese dato de las ocho maniobras semanales, las operaciones oficiales causan el 0 por ciento de los atrasos.

En la publicidad de los carteles se lee: “en repetidas ocasiones, pilotos de aerolíneas comerciales han justificado ante pasajeros que el retraso de los vuelos a su cargo se ha debido a operaciones del avión presidencial. Eso es falso”.

Y agrega: “la estadística demuestra que 66 por ciento de las demoras son responsabilidad de las aerolíneas y 0 por ciento es imputable a vuelos oficiales”.

E incluye una gráfica pastel, donde asegura que el retraso en 46 mil 704 vuelos, lo que representan el 66 por ciento, es responsabilidad de las propias aerolíneas; en 18 mil 597, el 26 por ciento, son por el clima; en 5 mil 560, el 8 por ciento, por el aeropuerto; y 0, por las operaciones oficiales. Lo cierto es que miles de pasajeros sufren todos los días atrasos y cancelaciones, sin que nadie se haga responsable de ello.

El rechazo a la ostentosa aeronave

Desde que el presidente Peña anunció la adquisición de ese avión, la sociedad manifestó su abierto rechazo. Así quedó manifestado incluso en la encuesta de Parametría, aplicada entre enero y febrero de 2016, en la que el 75 por ciento de los encuestados estuvo en desacuerdo y sólo el 13 por ciento indicó que estuvo bien la compra.

En un país tan miserable como lo es México, donde centenas de personas mueren por hambre y enfermedades curables, el despilfarro en ese avión sin duda es insultante.

Y es que más de 53 millones de mexicanos enfrentan una situación de pobreza, según las cifras oficiales; es decir que el número real de pobres podría ser superior a los 80 millones de personas, pues las estadísticas del gobierno permanentemente se manipulan para mostrar una situación menos  lacerante que la realidad.

Esos mexicanos, que no tienen siquiera que comer, nunca han viajado en avión. Menos aún pisarán algún día una aeronave tan ostentosa como la que abordan constantemente Peña Nieto, su familia y amigos, a costa de nuestros impuestos.

La mayoría de mexicanos en pobreza ni siquiera puede transportarse al hospital más cercano a su comunidad cuando tiene una urgencia médica, simplemente porque en esas zonas donde habitan no hay caminos.

Y es que para el gobierno –en sus tres niveles– no es rentable construir carreteras en ciertas áreas rurales, porque en esos pueblos ni siquiera hay comercio por las carencias que enfrenta la población. Pero para comprar un pomposo avión sí hay recursos y eso sí es rentable a la administración federal, que tanto defiende ese gasto.

Con estos niveles tan profundos de pobreza y marginación que padecemos, los casi 7 mil millones de pesos que se gastaron en la aeronave podrían haberse empleado en esos caminos que tanta falta hacen a los pueblos más humildes. O podrían haberse destinado a otras urgencias sociales, como la construcción y mejora de hospitales públicos y escuelas rurales. Pero no, los pobres no son prioridad, como sí lo es el confort de quien nos gobierna.

Por eso el gobierno decidió gastar el multimillonario recurso público en una aeronave con todas las comodidades para el presidente y su familia: ese avión ha estado dispuesto para los viajes que la consorte y sus hijos, así como los hijos del mandatario han hecho al extranjero, muchos de ellos ventilados en la prensa por ser a las tiendas de las marcas más caras del mundo.

Según los datos de la Presidencia, el avión José María Morelos y Pavón es tan grande que tiene la capacidad de transportar 80 pasajeros. El que le precedió, de nombre Presidente Juárez, era menos fastuoso: tenía capacidad para un máximo de 60 personas, por lo cual resulta injustificable tanto gasto y lujo.

La aeronave que el candidato Andrés Manuel López Obrador ha prometido vender en caso de llegar a la Presidencia, y que utilizaría cualquier otro de los candidatos y su familia en caso de ganar –pues hasta ahora ni José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala ni Jaime Rodríguez han dicho que se desharán de él–, cuenta con equipos en telecomunicaciones satelitales e internet.

Su vida útil se estima en 25 años, por lo que estaría en servicio hasta 2040, señala la información oficial. Veinticinco años de insulto a este pueblo de México que tanto ha sufrido por los excesos, la corrupción e impunidad de sus gobernantes.

Nancy Flores

[COLUMNA][AGENDA DE LA CORRUPCIÓN][D][SEMANA]