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Un alumno de excelencia, apasionado de sus estudios en derecho, fue encontrado ahogándose en un pozo en Ciudad Universitaria. “Suicidio”, se apresuraron a decir las autoridades sin presentar una sola prueba. Por el contrario, han hecho demorar las investigaciones

Autoridades universitarias y judiciales les han dicho a los padres de Luis Roberto Malagón de Gaona, en entrevistas extraoficiales, que su hijo se suicidó, que murió de forma natural y que dejen de buscar culpables. “Quieren cansarnos”, denuncia el papá.

Han pasado 8 meses desde que encontraron al estudiante de la licenciatura en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ahogándose en un pozo de absorción dentro del campus y aún no existe una explicación congruente. La familia busca justicia en medio de un proceso legal lleno de irregularidades.

El viernes 18 de agosto del 2017 en la mañana, Luis Roberto salió rumbo a Ciudad Universitaria antes de que su padre regresara de comprar leche. Al despedirse de su madre le dijo que pasaría al trabajo de su papá después de clases. “Se veía muy tranquilo y contento”, recuerda. Esa mañana sería la última vez que vería a su hijo consciente.

Luis Roberto, una historia de excelencia y superación

Desde que estaba en la secundaria quiso ser abogado, cuentan María y Roberto, sus padres. Con este propósito preguntó a sus profesores sobre qué escuela de nivel bachillerado le permitiría lograr sus sueños. Le aconsejaron estudiar en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco, de la UNAM. Años después, ya cursando en la Facultad de Derecho de la misma universidad, regresaría para dar la bienvenida a los jóvenes estudiantes de nuevo ingreso y motivarlos a seguir con sus estudios.

Siempre fue un estudiante con buen desempeño académico, por lo que siempre contó con becas, rememora su padre con orgullo. Sólo en una ocasión el señor Roberto tuvo que ir a la Facultad de Derecho por un problema de calificación: no se había subido a la plataforma. “La profesora me dijo que no me preocupara, que mi hijo tenía el 10, nada más que algo había pasado con su número”, recuerda.

Una compañera suya, Sharon Alcántara Muñoz, también advirtió el buen desempeño de Luis Roberto: siempre obtenía excelentes calificaciones y entraba a clases de cursos pasados para mantenerse “estudiado”, aun cuando ya había pasado la materia con 10. Era el caso de la asignatura Acto Jurídico y Personas. Tenía un “entusiasmo contagioso por saber más y ser un abogado con principios”, añade.

Aunque reconoce que no era íntima amiga de Luis Roberto, Sharon Alcántara afirma que empezaron a hablar en la materia de Bienes y Derechos Reales y se llevaban bien como compañeros. Como él no tenía suficiente dinero para comprar los tres libros que les solicitaron, le dijo a Sharon que si podían resolver los cuestionarios juntos.

La situación económica nunca fue fácil en casa y por este motivo después de clases iba con su padre a ganar algunos pesos como “viene-viene” (acomodador de coches) en un estacionamiento de la colonia El Rosario en la delegación Azcapotzalco. “Llegaba, se quitaba el traje y guardaba sus libros”, recuerda el padre.

Roberto ayudaba a su hijo con dinero para los pasajes pero él debía costear sus materiales de texto. Algunos eran muy caros y Luis Roberto iba al centro de la Ciudad para encontrarlos más baratos. “Una vez compró por 60 pesos un libro que costaba 400 en las librerías”, cuenta el padre. También pagaba a plazos los trajes que usaba para ir a la universidad, de manera que trabajaba aún en fines de semana.

Las carencias no le impidieron continuar con sus estudios. Como no tenía computadora en casa, hacía sus tareas en la biblioteca. “Siempre lo veía allí”, recuerda Sharon Alcántara y añade que Luis Roberto “era una persona reservada y callada”.

Sin videos de seguridad, solo testimonios

Aquel viernes era lluvioso. Luis Roberto fue a la Biblioteca Central después de clases, según los videos de las cámaras de vigilancia a los que tuvieron acceso los padres. Después no hay nada claro: la UNAM, ante la demanda del Ministerio Público, ha proporcionado videos que “no tienen mucho que ver”, lamenta el abogado de la familia, Víctor Caballero.

Del momento en que Luis Roberto cayó, o fue arrojado, al pozo de absorción en un estacionamiento de la Facultad de Medicina no se han proporcionado videos, a pesar de que hay una cámara “clave” en el muro adyacente al lugar, explica Víctor Caballero. Detalla que varios de los videos que la UNAM mandó al Ministerio Público son de horas muy anteriores a los hechos, entre las 14:00 y 17:00 horas, cuando la tragedia sucedió aproximadamente hasta las 19:00 horas.

De acuerdo a detalles proporcionados por el abogado de la familia Malagón, la primera testigo afirmó que nunca vio cómo llegó Luis Roberto. Lo que sí vio, desde una ventana de uno de los edificios de la Facultad de Medicina, fue a una persona que estaba tratando de salir del pozo de absorción. Ella, quien trabaja como personal administrativo, le avisó a su jefe, quien llamó al Servicio de Urgencias de la UNAM.

Otros dos testigos, que también eran parte del personal administrativo y estaban en otra ventana del mismo edificio, fueron en auxilio de Luis Roberto. Uno de ellos se dirigió hacia el pozo y detalló que avanzaba con dificultad porque todo alrededor se encontraba lodoso, producto de la lluvia que no dejaba de caer. Declaró que cuando llegó junto al estudiante, este ya se había dejado de mover.

Lo sacó, lo acostó junto a unas jardineras y la otra testigo le aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Ambos declararon que el estudiante tenía “moretones” en el rostro.

“¿De dónde sacaron que sufrió un ataque de epilepsia?”

Cuando estos testigos advirtieron que se aproximaba la ambulancia de la UNAM, transportaron a Luis Roberto a una banqueta del Circuito Escolar, un lugar más visible. La primera acción de los paramédicos fue medirle la frecuencia cardiaca mediante un oxímetro, un aparato médico que se coloca en el dedo, relata el abogado.

Los tres paramédicos decidieron subirlo a la ambulancia y llevarlo al seguro social, ya que Luis Roberto era beneficiario del seguro facultativo al que tienen derecho los universitarios. En hospital Gilberto Flores Izquierdo, del  Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirmaron que el estudiante había sufrido un ataque epiléptico. “¿De dónde sacaron esa versión?”, se pregunta el abogado y añade que en ese momento empezaron las irregularidades.

A partir de esa declaración, el personal médico del hospital le suministró medicamentos para tratar problemas neurológicos y nunca le prestaron atención como una persona que se había ahogado. Cuatro días después, Luis Roberto murió y, tal como lo señala la necropsia realizada por el Instituto de Ciencias Forenses, fue a causa del ahogamiento, que le provocó un edema pulmonar y otro craneal. “Tenía agua en el pecho y la cabeza”, explica el abogado.

Según los padres, Luis Roberto nunca manifestó síntomas de padecer epilepsia. “Era un muchacho normal, sano como cualquier joven”, comenta el padre. Otros estudios que le realizaron demuestran que el estudiante gozaba de buena salud general, apuntó Víctor Caballero.

¿Muerte natural? ¿Suicidio?

Después de la muerte de su hijo, Roberto y María empezaron a preguntar y tocar puertas en busca de ayuda. Entre algunas de las autoridades universitarias a las que acudieron fue con el director de la Facultad de Derecho: Raúl Contreras Bustamante. Durante el primer mes y medio no los recibió, pero “cuando vio que empezamos a pedir justicia, con ayuda de los colectivos, activistas y redes sociales, nos manda a llamar”, recuerda el padre.

Roberto recuerda que fue a la entrevista junto con su esposa y que en la oficina del director había otros maestros y colaboradores. El director sacó un supuesto informe del hospital que “señalaba que nuestro hijo había fallecido de una muerte natural, que estaba muy desnutrido y que estaba muy malo del hígado”, recuerdan ambos padres, quienes aquel día recibieron la recomendación por parte de esta autoridad universitaria: “ya no busquen culpables”.

En el tiempo en que Luis Roberto permaneció en el hospital con un cartel que decía “estado de coma”, los doctores nunca les comentaron a los padres que su hijo padecía algún problema en el hígado. Víctor Caballero señala que este supuesto informe médico nunca fue incluido en la carpeta de investigación. “En todos los dictámenes médicos, no hay una sola alteración en su salud más que la que presenta debido al edema”, resaltó.

Según los padres, el director de la Facultad de Derecho no fue el único que dio una versión extraoficial de los hechos. En noviembre de 2017, el Fiscal de la Agencia Especializada en Asuntos Universitarios citó a Roberto y María para indicarles que tenía cuatro testigos que decían que el estudiante se había suicidado.

“En la carpeta de investigación no había una sola declaración de ningún testigo que apunte ese hecho. Esa es una situación muy grave y es cuando decidimos interponer una denuncia de amparo”, señala el abogado.

“Alguien que quiere suicidarse no da lo mejor de sí cada día como persona y como estudiante”, comenta Sharon Alcántara.

Homicidio doloso, culposo y pruebas por desahogar

Por medio del amparo, el abogado y la familia de Luis Roberto le exigen a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que agote dos líneas de una investigación: una por homicidio doloso y otra por culposo. La primera está relacionada con las lesiones que presenta el estudiante en la cara y en la espalda; pretende esclarecer cómo llegó al pozo y por qué se ahogó. “A nuestro hijo lo mataron”, sostienen los padres.

La segunda tiene que ver “con la falta de seguridad en las instalaciones y la negligencia de los paramédicos”, explica Víctor Caballero. El pozo de absorción es una instalación hidráulica que consiste en un hoyo excavado en el suelo que tiene como objetivo evacuar el exceso de agua cuando llueve y de esta manera evitar que la zona se inunde. En el caso de Luis Roberto, el pozo es parte de una prueba pericial “crucial” que el ministerio público tiene que desahogar, explica el abogado.

Antes de declararse incompetente para continuar el caso, poco después de que procedió la demanda de amparo, la agente del ministerio público Yolanda Monsiváis llevaba la carpeta de investigación. Dejó pendientes cerca de 14 diligencias, entre las que destacan oficios de requerimiento y recordatorios al IMSS, a la UNAM y al Sistema Meteorológico Nacional, con el fin de obtener expedientes clínicos, entrevistas y el índice de precipitación pluvial el día de los hechos, señala un comunicado firmado por Víctor Caballero.

Cuando el agente sustituto, Liborio Martínez García, se hizo cargo, mandó un oficio al juez de distrito en el que mencionaba que sólo hacía falta por desahogar las entrevistas a los compañeros de la última clase que tomó Roberto. “Pero no acredita, ni con constancias ni con mención alguna, si ya habían sido desahogadas las diligencias que enlistó la anterior agente del ministerio público”, comenta Víctor Caballero.

El 17 de abril, el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo publicó un acuerdo en el que solicita al actual agente del Ministerio Público, que remita al juicio de amparo todas las constancias con las que acredite el cumplimiento en el desahogo de las diligencias que la agente anterior enlistó.

“Vamos a ver qué contesta el Ministerio Público y, en caso de que haya alguna inconsistencia o se omita alguna información, podemos hacer valer la Ley de Amparo. El artículo 192 es muy claro: si alguna autoridad no cumple con una ejecutoria de amparo, el juez tiene la obligación de ordenar que le remuevan del cargo y abrir una carpeta de investigación, porque es un delito federal”, explica el abogado.

El desconsuelo

A más de 8 meses de la muerte de Luis Roberto, lo padres siguen sin “vivir su duelo” por estar inmersos en un proceso lleno de irregularidades. Afirman que las autoridades han buscado cansarlos en su búsqueda de justicia.

“Mentirosos y crueles, no saben el dolor que tenemos”, comenta Roberto sin poder evitar que las lágrimas se asomen a sus ojos. “Desde que a mi hijo lo levantó la ambulancia empezaron todas las irregularidades, las mentiras y falsedades”, lamenta.

“Me siento decepcionada de que no hagan nada y destrozada porque jamás voy a volver a ver a mi niño. Pido justicia para que los asesinos de mi hijo no anden por ahí caminando; que paguen por lo que hicieron”, demanda la madre antes de romper en llanto.

“La pérdida es irreparable no sólo para su familia que tiene que luchar contra la impunidad y la indiferencia de las autoridades, sino para un país que necesita más personas como él”, lamenta Sharon Alcántara, quien se manifestó ofendida de que tuviera que enterarse por medios ajenos. El director nunca avisó a los grupos en los que Luis Roberto estaba inscrito: seguían llamando su nombre al pasar la lista.

 “Es un precio muy alto el que han pagado todas las personas que han muerto dentro de mi universidad. Es una tristeza porque la situación actual de la UNAM sólo es el reflejo de lo que pasa en todo el país: violencia, corrupción impunidad e indiferencia. Se está normalizando: nos estamos acostumbrando a vivir con miedo y a la vez con el alivio de que está vez no fui yo”, concluye la estudiante de sexto semestre.

El homicidio de Luis Roberto no es el único que ha ocurrido en la UNAM, “son varios casos incluyendo el de Lesvy, el de Carlos Sinhué y muchos otros”, recuerda el padre, quien afirma que jamás podrá reponerse del golpe que significó la repentina muerte de su hijo. “Él sólo quería estudiar y trabajar como abogado para ayudarnos”.

Contralínea solicitó entrevista con la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, y solicitó a la Universidad una posición ante el caso de la muerte de Luis Roberto Malagón. Hasta el cierre de edición, la Dirección General de Comunicación Social, encabezada por Néstor Martínez Cristo, no ofreció respuesta alguna.

Marcial Yangali

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