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La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos determinar si el Fideicomiso Río Sonora –creado por la empresa Grupo México– es de interés público, tras atraer un juicio de amparo que cuestiona ese punto.

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Dicho fideicomiso tiene por objeto la remediación de la contaminación, los daños al medio ambiente, a la salud, así como los daños económicos contra la población causados por el derrame de 40 millones de litros de solución de cobre acidulado a los ríos Bacanuchi y Sonora, provenientes de la mina Buenavista del Cobre.

Fue creado por la empresa en agosto de 2014, tras el derrame considerado como el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México.

“Lo que se planteó en el juicio es que los Comités de Cuenca Río Sonora deben poder cuestionar cómo opera el Fideicomiso y el juzgado dijo que no, por tratarse de un fideicomiso privado. Lo que respondimos es que el Fideicomiso responde a un asunto de interés público y que dentro de su Comité Técnico esta? un funcionario público, el subsecretario de la Secretaría del Medio Ambiente, que esta? dedicando tiempo de su función pública a trabajar para un privado y eso si? debe ser cuestionado en el juicio”, explicó Luis Miguel Cano, abogado de la organización civil PODER.

Agregó que eso resultó de interés para el Tribunal de Sonora y por ello se lo planteo? a la Corte. El 11 de abril pasado, la Corte atrajo el caso por considerarlo de interés y trascendencia excepcionales, señaló el abogado.

Según PODER, el manejo de recursos del Fideicomiso se caracterizó por su opacidad: de los 2 mil millones de pesos que la empresa destino? para reparar los daños ambientales y materiales ocasionados por el derrame, se usó poco más de la mitad, dejando pendientes algunas promesas a la población afectada.

Entre ellas, asegurar tranquilidad en el consumo de agua de calidad, ya que el Fideicomiso prometió instalar 36 plantas potabilizadoras, aunque solamente quiso construir nueve, de las cuales apenas hay ocho instaladas y no todas operan con regularidad.

Otra promesa incumplida fue la de “atender los problemas de salud, pues el Fideicomiso prometió construir una unidad médica sin precedentes en el país para tratar las intoxicaciones por metales pesados, pero el edificio quedo? en obra negra y el Fideicomiso cerro? sin haber abierto la unidad de salud”.