En resolución definitiva de mayo de 2012, la Corte ordenó a Peña que sus empleados, los titulares de Semarnat, Medio Ambiente y Agua, dejaran de bombear el agua del río Yaqui hacia los campos de golf y empresas de la capital de Sonora (donde tiene agua de más con sus presas, ríos y los 600 pozos de la costa de Hermosillo), porque robaban el líquido que pertenece al municipio de Cajeme, al Valle del Yaqui (donde el agua apenas alcanza para un cultivo de tres que deberían ser) y a los siete pueblos yaquis. Incluso esa resolución obliga a Profepa para que las cuatro dependencias suspendan ese robo que abusando del poder, el ahora encarcelado desgobernador panista Guillermo Padrés impuso; y quien también se construyó una presa particular para regar sus cultivos. Esto fue hace seis años y es hora que Peña se mantiene en desacato, sin que la Corte le haya dado un ultimátum por no acatar lo dispuesto en la resolución.
¿A qué se debe el desacato de Peña? Éste visitó en noviembre del 2015 el sur de Sonora y declaró que no estaba enterado de esa violación; y ordenó al Consejero Jurídico de la Presidencia atender la petición. Por eso es que el 15 de febrero del 2016, los quejosos se reunieron con el Consejero Jurídico, quien prometió cumplirla en 20 días… y a la fecha Peña ha mostrado su desacato. Por lo que el 13 de diciembre del 2017 se presentó en la Cámara de Diputados un Punto de Acuerdo dirigido a Peña para cumplir con lo que le ordena la Corte. Pero nada ha hecho al respecto.
Por esto es que la Tribu Yaqui prepara una marcha a la capital del país para exigirle al inquilino de Los Pinos que cumpla con la resolución. Y en un diario de la capital del país publicaron el amparo: 631/2012, para exigirle al presidente de la República el cumplimiento de esa obligación, pues el Valle del Yaqui y los habitantes del municipio de Cajeme ya no resisten más el robo del agua.
Afirma Peña en sus giras de despedida que no “ha cerrado la cortina” y cumplirá sus compromisos; pero es pura palabrería, ya que en el caso de la Tribu Yaqui no ha querido ejecutar la resolución. Así que los sonorenses se movilizarán para exigir que Peña, por medio de Semarnat, Conagua, Profepa y Medio Ambiente, acate lo ordenado por la Corte; y que este órgano judicial, a su vez, lo obligue a cumplir con la resolución. Si Peña insiste en su desacato, los cajemenses iniciarán su marcha y plantón hasta que se detenga el robo del agua que ha dañado las actividades de Cajeme y el Valle del Yaqui, al reducir drásticamente la siembra de trigo, arroz, legumbres y otras semillas; así como a la ganadería y la avicultura, racionando el agua para consumo humano. La resolución de la Corte ordena cerrar el Acueducto Independencia, pero Peña no quiere acatarla. Esto lo hace candidato a ser removido del cargo y fincarle responsabilidades penales.
Y es que el “señor presidente” acumula desacatos a resoluciones judiciales, pues ahora es en Tecate –uno de los municipios de Baja California, que con la otra Baja California quisieran arrebatarnos los estadounidenses– donde la empresa gasera Rivera de Hidrocarburos del Noroeste, SA de CV, por sus “pistolas” e influencias ante el gobierno federal de Peña –la secretaría de Energía donde el yucateco dueño de gasolineras: Pedro Joaquín Coldwell sigue rematando la riqueza petrolera–, ha decidido instalar su planta de almacenamiento dentro del área de Amortiguamiento y de Alto Riesgo determinada por Protección Civil de Baja California, lo que causará daños humanos y ecológicos irreversibles.
Ya los bajacalifornianos recurrieron al amparo y lograron dos resoluciones para impedir que la empresa haga su prepotente voluntad. Los amparos 1299/2017 y 77/2018, han dictado órdenes para retirar el permiso y concesión federales, pues hay argumentos y pruebas del daño que causaría la gasera a la que lo único que le importa es ganar dinero a costa de la salud y riesgo de la población de esa entidad. Y los afectados han publicado (El Universal, 12 de febrero de 2018), una carta a Peña donde dicen: “Acudimos en denuncia pública (le agregan: otra vez), contra las irregularidades en la actuación de las autoridades federales en materia de hidrocarburos, que insisten en sostener autorización de gasera en el municipio de Tecate, Baja California”.
Y exponen que el 10 de este febrero, la dependencia local de Infraestructura y Desarrollo Urbano clausuró las instalaciones de la gasera que continúa con su insolencia, gritando que tiene el apoyo federal. Por lo que empieza a gestarse la culminación del enojo popular, lo cual puede generar un conflicto de violencia, porque los bajacalifornianos de Tecate, ante el desacato de Peña y sus funcionarios, actuarán para impedir que la empresa –también en desacato judicial– logre su arbitrario cometido.
Para colmo, la secretaría del Medio Ambiente se atrevió a expedir lo autorización de impacto ambiental favorable a la gasera, en lo que es una provocación que puede terminar en un enfrentamiento ya que policía federal y militares resguardan a la empresa y tampoco respetan los fallos de jueces federales. Ya es la segunda petición a Peña y éste, con su Consejero Jurídico, en abierto desacato y desobediencia, hacen como que no saben del asunto, para que la empresa gasera termine su instalación.
Desde octubre de 2017 fueron avisados los funcionarios de Peña, de que las resoluciones judiciales no se cumplen. Y tras dos cartas publicadas en los medios de comunicación escritos, Peña debe estar más que enterado del asunto pero nada hace para impedir la insolente conducta empresarial. La situación apunta a una tragedia social, porque los tecatenses están ya en el límite de su paciencia y de luchar pacíficamente para demostrar que les asiste la razón ecológica, y están dispuestos a impedir que la gasera haga su voluntad, violatoria de resoluciones judiciales.
Álvaro Cepeda Neri
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: CONTRAPODER]
