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Casi 2 años después de anunciada la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea (UE), el Brexit continúa acaparando titulares y debates, mientras otros problemas de gran relevancia para los británicos quedan relegados a un segundo plano. Centrados en las negociaciones y desacuerdos con el bloque comunitario, medios de prensa y políticos desvían la atención de las necesidades de los trabajadores y los ciudadanos más pobres, quienes expresan su preocupación por las dificultades existentes y posible agudización en el futuro inmediato.

De acuerdo con la secretaria general de la Confederación Nacional de Sindicatos, Frances O’Grady, “febrero fue el décimo mes consecutivo en que los salarios reales disminuyeron y el nivel de vida aumentó, lo cual está empujando hacia el abismo a numerosas familias”.

Por su parte, un informe reciente de la Fundación Joseph Rowntree señaló que más de 14 millones de personas viven en la pobreza en ese país, entre ellos 8 millones de adultos, 4 millones de niños y 1.9 millones de jubilados.

Después de 2 años de disminución continua, la cifra de desempleados en el Reino Unido aumentó a 1 millón 470 mil durante el último trimestre de 2017, cantidad que representa 4.4 por ciento de la población en edad laboral.

En septiembre del año pasado, 1 millón 424 mil individuos se encontraban sin trabajo en esa nación, uno de los niveles más bajos desde la década de 1970.

No obstante, de octubre a finales de diciembre, 46 mil personas se sumaron a la lista de quienes no poseen ningún contrato y, según la Oficina Nacional de Estadísticas, los menores de 24 años son los más afectados por ese fenómeno.

Además, durante los últimos años, más de 900 mil ciudadanos se vieron obligados a aceptar convenios laborales que no establecen una cantidad mínima de horas, por lo que no garantizan la estabilidad del asalariado ni el respeto a sus derechos.

Tal modalidad defendida por los empleadores para desentenderse de una serie de obligaciones, afecta en especial a los padres solteros, cuyos hijos son más propensos a vivir en la pobreza, según denunciaron organizaciones no gubernamentales.

Por otra parte, el 22 de febrero cientos de profesores de más de 60 universidades británicas iniciaron una huelga contra la reforma del sistema de pensiones, acción que se extenderá hasta el 16 de marzo y recibe el respaldo de parte del estudiantado.

Según la Unión de Universidades y Colegios (UCU, por su sigla en inglés), la demostración es organizada para denunciar recortes y cambios en la forma de pago que repercutirán negativamente en el retiro de los profesionales, pues significa para cada uno la pérdida de alrededor de 11 mil euros anuales.

La dirigente de la UCU, Sally Hunt, precisó que las protestas fueron convocadas porque los directivos de los centros educativos se negaron a dialogar con los afectados por esa medida.

Asimismo, centenares de médicos, enfermeras y activistas marcharon el 3 de febrero en la capital británica para exigir una mayor atención del Gobierno a la crisis enfrentada por el sistema nacional de salud.

Un mes antes, trabajadores de 68 hospitales habían expresado su preocupación por los recortes en el sector y lamentaron la muerte de pacientes en saturadas salas de emergencia, en una carta enviada a la primera ministra Theresa May.

Divulgada por medios locales, la misiva advierte que cientos de enfermos en estado grave tienen que esperar en los pasillos por la falta de infraestructuras y personal, y muchos de ellos fallecen por tales motivos.

El texto precisa que los ciudadanos deben aguardar más de 10 horas para ser atendidos y en múltiples ocasiones se ven obligados a permanecer en las ambulancias o pasar la noche en espacios improvisados.

Ante tal situación, los especialistas solicitaron a la jefa de gobierno mayores inversiones en el sector, un estudio sobre el estado y cantidad de las salas de emergencia y el fortalecimiento de la estrategia para evitar este tipo de problemas.

A las dificultades enfrentadas por los asalariados y los sectores más pobres de esa nación, se suma también la inestabilidad generada por el proceso de salida de la UE y sus posibles consecuencias para la economía local.

Recientemente el negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, aseguró que todavía existen divergencias importantes con Londres en torno a aspectos fundamentales para la separación, tras lo cual analistas y medios de prensa especularon sobre la complejidad de la segunda fase de negociaciones.

A mediados de diciembre, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advirtió que esta etapa será una “feroz carrera contra el tiempo” y aseguró que “el desafío más difícil está aún por llegar”.

De acuerdo con el calendario previsto, un tratado definitivo sobre la salida del Reino Unido debe estar listo para octubre de 2018 y la partida se produciría el 29 de marzo de 2019, a las 23:00 (hora local). En un comunicado publicado en su página web, la Confederación Nacional de los Sindicatos en el Reino Unido (TUC, por su sigla en inglés) criticó la gestión de ese proceso por parte de la primera ministra y alertó sobre los peligros de abandonar la plataforma comunitaria sin llegar a un acuerdo con Bruselas.

Salir de la UE sin un plan pone en riesgo a muchos trabajadores, pues puede significar la pérdida de garantías y de miles de empleos basados en las relaciones comerciales dentro del bloque. Dejar el grupo de los 28 sin un convenio traería gran inestabilidad, advirtió la organización, integrada por cerca de seis millones de personas.

Los británicos decidimos separarnos de la UE en el referendo de 2016, pero no escogimos arriesgar nuestros puestos laborales. El mal manejo del Brexit por el gobierno puede conllevar a ello, añadió.

Además, expresó la preocupación de sus miembros por la posible violación de los derechos de los ciudadanos europeos establecidos en ese país y de los británicos residentes en otros Estados de la UE.

La TUC también destacó la importancia de un período de transición que permita la adaptación de esa nación al nuevo escenario, tema que centra los debates entre Londres y Bruselas y ha provocado varios choques entre ambas partes.

May y su gabinete aseguraron que protegerán a los trabajadores y la población en general tras la salida en 2019, pero no quieren convertir sus promesas en garantías inquebrantables, señala el texto.

Aun cuando el impacto real del Brexit se desconoce, la inseguridad predomina en varios sectores de la sociedad británica, debido también a la falta de claridad de la dirección del país, que se niega a publicar informes completos sobre sus consecuencias reales.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, indicó que los ingresos de los hogares del Reino Unido disminuirán el cinco por ciento este año, debido a los efectos del proceso de separación.

Por otra parte, un estudio de Cambridge Econometrics para la alcaldía de Londres concluyó que salir de la UE costaría a los británicos más de medio millón de empleos y 64 mil millones de dólares en inversiones durante el período que va de 2019 a 2030.

A todo esto se suman los obstáculos enfrentados por May y el incremento de las divisiones al interior de su partido, lo cual pudiera llevar a su abandono del puesto.

Según los analistas, los problemas existentes, unidos a las medidas de austeridad implementadas por los conservadores durante casi 2 décadas de mandato y a las repercusiones del Brexit, conforman una formula peligrosa con consecuencias muy graves para los asalariados y los ciudadanos más pobres, para quienes el futuro no depara sorpresas muy agradables.

Glenda Arcia/Prensa Latina

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