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Este 5 de marzo se llevó a cabo la audiencia constitucional del juicio de amparo que la comunidad nahua y ejido de Tecoltemi interpuso en contra de las concesiones mineras del Proyecto Ixtaca, que promueve la canadiense Almaden Minerals en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla.

Dicha audiencia antecede a la sentencia que en breve deberá dictar el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el proceso que inició en abril de 2015 contra las dos concesiones que la Secretaría de Economía otorgó en 2003 y 2009 a la minera canadiense.

Para Fundar y el Consejo Tiyat Tlali, que acompañan el proceso, el Juzgado de Amparo deberá estudiar el fondo del asunto y analizar no sólo las violaciones cometidas por Economía al emitir las concesiones en el territorio de Tecoltemi, sino también las violaciones cometidas por el Congreso de la Unión y el presidente de la República al haber dictado desde 1992 diversos artículos de la Ley Minera que son contrarios a la Constitución y a tratados internacionales, pues ponen a disposición de las empresas mineras las tierras y territorios de los núcleos agrarios y de las comunidades indígenas, en violación a derechos ya reconocidos.

En la demanda de amparo, la comunidad indígena alega que el Estado mexicano no contó con su consentimiento para otorgar las concesiones sobre su territorio, y que tampoco realizó consulta alguna al respecto.

Las concesiones Cerro Grande y Cerro Grande 2 fueron entregadas afectando a diversas comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, entre las que se encuentra Tecoltemi.

Esa comunidad indígena considera que fue violado su derecho a la tierra y al territorio, pues con las concesiones, el Estado entregó a un particular la posibilidad de disponer de sus tierras y de los recursos en ellas contenidos, para fines de la minería. Debido a estas violaciones, Tecoltemi pide se ordene la cancelación de los títulos de concesión.

Según Fundar y el Consejo, en los casi 3 años de juicio, la empresa ha recurrido a diversas estrategias para concluirlo sin que se dictara sentencia. Pero ahora, la audiencia constitucional es el primer pasó para que se dicte sentencia, “la cual sin duda será relevante no sólo para Tecoltemi, sino también para los pueblos originarios y los núcleos agrarios del país, que están defendiendo la vida de sus comunidades ante la imposición de megaproyectos”.

Nancy Flores