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Los maestros de Michoacán, de nueva cuenta, se movilizan. El gobernador Silvano Aureoles Conejo, de plano, no les deja otra opción. El político de extracción perredista ha resultado incapaz ya no digamos de gobernar sino de acatar las leyes. Bueno, no ha sido capaz siquiera de cumplir acuerdos que aceptó y firmó de su puño y letra. Quienes lo encumbraron hoy ven con angustia y enojo su ineptitud.

Hay que decirlo. Muchos de sus hoy decepcionados padrinos políticos y empresariales al principio lo azuzaron con entusiasmo para que reprimiera y utilizara todo el aparato de gobierno contra quienes protestaran. Los heridos y encarcelados en apenas 2 años y 5 meses desde que asumió el cargo se cuentan por cientos. Su divisa ha sido la de utilizar la policía y cancelar el diálogo. Peor aún, fingir que dialoga pero no escuchar y sí engañar, mentir. Y no entiende que así no se gobierna. Sus victorias pírricas, que se saldan con golpeados y encarcelados, en realidad sólo posponen y complican los problemas.

Este viernes 23, los maestros democráticos de la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Lucha anunciaron que a partir de este día salen de nueva cuenta a las calles. Y, como en las anteriores jornadas, demandan que el gobernador actúe como tal (no como virrey) y se siente a dialogar con un sector (numeroso) del pueblo. Su principal demanda es justa y clara: el pago de adeudos salariales al magisterio michoacano.

En rueda de prensa, integrantes del Movimiento del Magisterio Democrático Nacional, encabezados por el profesor Antonio Castro López, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE, informaron que el gobierno estatal ha incumplido en el pago de salarios a los trabajadores. Tal incumplimiento persiste a pesar de que se trata de uno de los 29 puntos que integran los acuerdos firmados desde el 11 de septiembre del año pasado. Ya, a inicios de 2018, este incumplimiento obligó a los maestros a movilizarse. Los saldos de las protestas fueron de 87 maestros detenidos y decenas de golpeados.

En estas renovadas jornadas de lucha los profesores exigen el pago a 36 mil trabajadores de los adeudos correspondientes al salario integrado; el pago a 1 mil 300 que en 2 años no se les ha abonado absolutamente nada; la remuneración a 217 que padecen adeudos desde hace 3 años; el pago a 40 mil a quienes se les aplicaron “descuentos” indebidos; la reinstalación de 21 profesores removidos irregularmente (algunos de ellos precisamente por defender sus derechos), y explicar el desfalco en las Pensiones Civiles del Estado así como reintegrar los recursos.

Son las demandas principales. Las mismas que no aparecen en los medios amigos del gobernador. El discurso progubernamental busca hacer creer a los ciudadanos que los maestros se movilizan sin razón alguna o para “defender privilegios”. Pero, seriamente, ¿quién puede cuestionar que una persona demande el pago por un trabajo devengado? Más aún, el propio gobierno del estado sabe que la razón está con los profesores. Por ello firmó los acuerdos de septiembre. ¿Por qué tal desprecio? ¿Por qué se empeña en generar ingobernabilidad? Incluso, ¿por qué socava aún más su investidura y su ya precaria credibilidad?

Los 87 maestros detenidos se quejan de la violación de sus derechos humanos pues, además de padecer la suspensión de pagos y cambios unilaterales de adscripción o lugar de trabajo, enfrentan una campaña de estigmatización y criminalización.

El gobierno del estado les ha dicho a los maestros que sólo está dispuesto a cumplir nueve de los 29 puntos. Pero esos nueve se refieren a problemáticas de carácter administrativo y no tienen relación con el salario.

Los profesores están organizados y decididos. Ahora emplazado al gobierno a dar cumplimiento a los 29 puntos mencionados en los acuerdos o, de lo contrario, podrían pronunciarse por iniciar un paro indefinido de labores. Saben los maestros a los que se enfrentan: una ira patológica que Silvano Aureoles ya ha demostrado con vastedad en otras ocasiones. Sus policías no tienen reparo alguno en violar los más elementales protocolos del uso de la fuerza. En casi 30 meses han allanado impunemente instituciones públicas y han cercado pueblos.

No son los profesores los únicos que han padecido la furia impune de quien detenta el poder. Comunidades indígenas que se oponen al saqueo de su madera, agua o recursos minerales han tenido que sufrir operativos policiacos descomunales, como los casos de Arantepacua y Caltzontzin. Los normalistas, por su parte, padecen una permanente campaña de estigmatización y difamación para hacer parecer a los jóvenes estudiantes como los peores delincuentes con los cuales no hay que tener consideración alguna. Y como respuesta a sus demandas, sólo se les ofrece golpes, cárcel y balas.

Aureoles no sabe gobernar. Se aferra a su primitiva idea de que puede someter a los actores sociales con la fuerza y el apoyo de la propaganda política. Pero no puede criminalizar a todos, estudiantes, comuneros, maestras y maestros, trabajadores, médicos. Contra sus pronósticos, un paro magisterial hará confluir a los sectores populares en demandas más allá de las legítimas de los profesores. El gobernador se está arrinconando solo. En medio de sus berrinches, ¿se dará cuenta?

Zósimo Camacho

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ZONA CERO]