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La Procuraduría General de la República –a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia– apura sus investigaciones iniciadas desde 2017 por la supuesta maquinación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) para triangular recursos públicos.

El esquema de la Sedatu, que encabeza Rosario Robles Berlanga, consistiría en la triangulación del dinero para programas sociales a través de contratos directos, asignados a otras dependencias públicas que, a su vez, contratan a terceros.

Según lo descubierto por la Auditoría Superior de la Federación, en este mecanismo –que habría causado daños multimillonarios a la hacienda pública– se han empleado sobre todo universidades públicas.

La carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/00001929/2017 revela que dichas universidades han sido objeto de diversas diligencias sorpresa, para documentar la ruta del dinero.

Una de esas diligencias ocurrió el pasado 7 de febrero e involucró a la Universidad Politécnica de Francisco I Madero, que en el más reciente informe de la Auditoría Superior –entregado el pasado 20 de febrero a la Cámara de Diputados– fue señalada por supuestamente incurrir en esas irregularidades.

Según el informe de fiscalización, ésta fue contratada por la Sedatu para la “colaboración en difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial”.

La “inspección del lugar y/o documentos” fue encabezada por tres peritos especializados de la PGR y atendida por Juan de Dios Nochebuena, encargado de la Rectoría, y el abogado general de la Universidad, Iván Loyola Hernández.

En esa visita, los peritos solicitaron a los representantes de la Universidad las copias certificadas de todos los documentos relacionados con el contrato, pactado al inicio de la gestión de Robles Berlanga.

Por ello, la administración de Nochebuena tuvo que entregar en el acto las copias de los documentos derivados del convenio específico de servicio, que consisten en seis expedientes de recepción de aceptación de servicios realizados y concluidos entre marzo y octubre de 2016.

La ruta del dinero que se establecerá con estos peritajes servirá a la PGR para determinar si se ha incurrido en más delitos, incluido el de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El pasado 21 de febrero y tras conocerse el nuevo informe de la Auditoría Superior, la secretaria Rosario Robles acudió a la PGR para solicitar otra investigación al respecto.

Nancy Flores