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Diariamente, en el país se registran cuatro desapariciones y tres asesinatos de menores de edad, desde que fue declarada la “guerra” contra el narcotráfico. En 9 años se cometieron más de 11 mil homicidios contra la población infantil y adolescente. Rebasado e ineficiente, el sistema de protección gubernamental

La imagen de Nadia, una pequeña de 6 años, circula en el portal de la Alerta Amber. Suma 13 días en calidad de desaparecida. Estaba acompañada de su hermana María, apenas 4 años mayor que ella, de quien tampoco se tiene rastro. Ambas niñas dejaron de ser vistas desde el 30 de enero pasado. Se “considera que la integridad de la menor se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”, advierte el boletín de búsqueda AAMX952.

La violencia en México ha provocado que diariamente desaparezcan cuatro niños y/o adolescentes mexicanos; mientras, otros tres son asesinados, documenta la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Es el México en el que el Estado ha abandonado a la infancia y adolescencia, pese a los compromisos internacionales asumidos y los pactos institucionales plasmados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dicen defensores de la infancia.

El año que recién concluyó, “México se enfrentó a la emergencia nacional”, indica la Redim, en su Balance Anual 2017, silencios, vacíos y retrocesos en los derechos de la infancia en México. Y es que de acuerdo con su análisis y documentación, 2017 fue el de “mayor vulnerabilidad” para los niños y adolescentes, en tanto que el Estado no dio avances significativos para erradicar la violencia en su contra.

“La epidemia de niñez desaparecida, el crimen organizado y el escaso cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se traducen en cifras desalentadoras que se transforman en retos a superar para el siguiente gobierno”, menciona el documento.

 “Tenemos una realidad muy compleja, somos un país muy grande con muchos Méxicos en perspectiva de la desigualdad y con un gran rezago institucional en el marco de la protección de derechos de niños y niñas”, dice en entrevista Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim.

Esta violencia se desató a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico, desatada por el presidente panista Felipe Calderón. Las cifras de la Redim exponen que de 2007 a 2016, los homicidios contra la población infantil y adolescente suman 11 mil 749 casos. Tan sólo en 2016, 1 mil 126 niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio, a nivel nacional. Los principales estados donde mayor violencia se registra son: Estado de México, Guerrero y Chihuahua, documentó la organización con base en las Estadísticas de mortalidad, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Un ejemplo de la violencia en contra de los niños se muestra con el caso de Lupita, a quien en redes sociales se le conoció como “la niña de las calcetitas rojas”. Las investigaciones de la periodista Frida Guerrea, quien se ha encargado de documentar el mapa de feminicidios en el país, reveló que la pequeña, de 5 años de edad, había sido asesinada por su padrastro, con la complicidad de su madre.

Lupita nació el 16 de enero de 2013 en Nezahualcóyotl, Estado de México. Era la cuarta hija de “Monse”… “proveniente de una madre con problemas de drogadicción en un mundo donde la pobreza y la dejadez institucional se palpan a diario sin buscar realmente la manera de atender tan grave problema”, describe la periodista en su blog.

Luis Alberto Muñoz, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), agrega que en México se está pasando una situación grave de vulneración a derechos humanos en general, “tendríamos que partir de ese escenario. Sin embargo, el Estado tiene una obligación de protección especial para los niños, niñas y adolescentes, lo que hace que cuando se vulnera esta población sea todavía más grave. Este tipo de violaciones las vemos en todos los escenarios: desapariciones; homicidios y migrantes”.

Ley, inhabilitada

El 4 de diciembre de 2014, se echó a andar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A la fecha, representantes de diversas organizaciones critican la falta de acciones para hacer efectiva la protección a este sector.

A partir de entonces, y con dicha ley, pareciera que hay un sistema de protección a los derechos de la niñez y los adolescentes; pero “el contexto indica que este sistema no está siendo efectivo aún, es muy nuevo, y sin duda está haciendo un trabajo importante, pero todavía hace falta fuerza y voluntad política importante para garantizar una protección integral como lo refiere la ley”, dice Nancy Ramírez Fernández, coordinadora de incidencia política en Save de Children México.

A través de ésta, se obliga a crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, “a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados”.

El primer derecho que marca la Ley en su artículo 13 es el del “Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo”; en tanto que en su párrafo VIII se estipula el “Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal”. “el contexto que les estamos dando sin duda, no es un contexto de protección, es un contexto que responde a la violencia generalizada que se vive en el país”, dice la integrante de Save de Children.

La misma ley, establece la creación de una Procuraduría Federal de Protección, que va a estar dentro del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y procuradurías locales de cada estado. El primer problema, dice Muñoz López, de la ODDI, ha sido que éstas entren en funcionamiento. Se tardaron un par de años para echarlas a andar. Y las que entraron, “no sé si es falta de capacitación o recursos pero no están haciendo el trabajo que deberían de hacer”, comenta.

El artículo 123 de la Ley indica que para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección deberán, entre otros procedimientos, “Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se encuentran restringidos o vulnerados” (párrafo III). Así como: “Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre la situación de vulneración y un plan de restitución de derechos, que incluya las propuestas de medidas para su protección” (párrafo IV); y “dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de derechos, hasta cerciorarse de que todos los derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren garantizados” (párrafo VI).

Mecanismos tardíos

Uno de los casos exhibidos en medios de comunicación y redes sociales, en fechas recientes, fue la desaparición del adolescente Marco Antonio Sánchez Flores, quien fue “encontrado” 5 días después de que se había registrado en un video su detención por parte de policías de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

La presión social promovió la búsqueda del estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria 8 Miguel E Schulz, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero la Alerta Amber se emitió 5 días más tarde de su desaparición.

Simón Hernández León, abogado del Instituto de Justicia Procesal Penal y quien lleva el caso del joven practicante de taekwondo, dice en entrevista que el caso de Marco Antonio ha sido difícil de acompañar porque las autoridades han venido minimizando el tema, aunque “hay un contexto de desaparición forzada y criminalización de juventudes que no está siendo considerado”.

Agrega que culpabilizar a las víctimas se ha vuelto en una política gubernamental. La relevancia en este caso es que él apareció, dice, aunque sabemos que esto fue gracias a la presión social. Y esto pudo facilitar que fuera localizado con vida.

El abogado y su equipo, relatan, han tenido dos fases de tratamiento por parte de la Procuraduría. Mientras él estuvo desaparecido e, incluso, cuando el caso estaba en la Fiscalía Antisecuestros, la clasificación legal era de “persona extraviada”, aunque se sabía de la participación de agentes del Estado.

En el segundo momento, expone, una vez que ya fue localizado, “la lógica de seguir mediatizando el caso, de presentar elementos de la investigación de manera sesgada, nos parece también muy preocupante: se va a ir construyendo una narrativa para culpabilizar a Marco Antonio, exonerar toda posible participación de autoridades y relativizar que esto haya sido un caso de desaparición forzada”.

Todo adolescente víctima de delito tiene una serie de derechos de protección a la honra, el nombre, a su propia imagen, “que no están siendo respetadas por la Procuraduría en esta reiterada mediatización o exposición pública de su imagen e incluso en contra de una resolución de un juez de amparo”.

“No tuvimos una actividad de la Procuraduría en Protección de la Infancia, que debería ser algo relevante a la luz de la promulgación de la Ley General sobre Desaparición Forzada, que establece obligaciones para distintas autoridades y una de ellas tiene que ver con la coordinación institucional, con los mecanismos de búsqueda y localización y con garantizar que estas denuncias y las subsecuentes búsquedas sean de manera inmediata sin ningún tipo de obstáculos, como sucedió en el caso de Marco Antonio”, explica Hernández León.

El abogado recuerda que parte de la dificultad de la familia radicó en que, incluso, teniendo datos de qué policías lo habían detenido, la agencia del Ministerio Público les comentó que tenían que esperar 48 horas para recibir una denuncia, lo cual supone una violación a la Ley General de Desaparición Forzada e incluso a las sentencias en las que México ha sido sentenciado en la Corte Interameriana.

Otro error de la Procuraduría, dice el abogado, fue señalar que emitir la Alerta Amber podía poner en riesgo a Marco Antonio, que fue la manifestación que le hicieron a la familia y por eso no se activó en lo inmediato sino ya que existía presión inmediata de localización.

“Nos parece que esto también es una de las deficiencias estructurales que da cuenta del tratamiento inadecuado en los casos de desaparición forzada, es decir que las autoridades siguen desconociendo sus obligaciones legales y constitucionales; segundo, teniendo un trato muy indolente hacia las víctimas e incluso revictimizante, que generan obstáculos innecesarios y configuran afectaciones para acceder a la justicia. Entonces, el tema de que no se haya activado la alerta con la debida diligencia supone que la búsqueda fue obstaculizada.”

El tema de criminalización es algo más sistémico en la práctica de las corporaciones policiacas hacia los jóvenes, acusa. “En los últimos 5 años, justamente, 7 mil menores de 18 años han desaparecido y nos parece que tiene esto tiene un vínculo directo con la política de seguridad y las consecuencias que ha tenido la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, como la política de combate al narcotráfico, la estrategia desarrollada por el gobierno federal en los últimos 10 años, vinculada a otros factores que son parte de la violencia hacia este sector de la población”.

Inequidad social

Otro de los aspectos que destacan los especialistas, así como el Balance Anual de la Redim, es la inequidad social en que se desenvuelve este sector de la población mexicana. Datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que en el país, 20.7 millones de niñas, niños y adolescentes se encontraban en situación de pobreza, durante 2016. De acuerdo con las estratificaciones de pobreza que se han evaluado oficialmente, el 51.1 por ciento de la población de entre 0 y 17 años era pobre; el 42.1 por ciento en pobreza moderada y el 9 por ciento en pobreza extrema.

Las cifras de Conapo indican que entre 2014 y 2016, a nivel nacional se observa una disminución de 2.8 puntos porcentuales de la población infantil y adolescente en condición de pobreza. Sin embargo, el porcentaje de población de 0 a 17 años en condición de pobreza extrema o moderada se incrementó en seis entidades (Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Ciudad de México) en el mismo lapso de tiempo.

Contralínea solicitó entrevista con Enrique Guerra García, titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la Unidad de Comunicación Social del DIF. Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Érika Ramírez

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD

 

 

Contralínea 578 / del 19 al 24 de Febrero 2018