La principal empresa del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), ha gastado más de 3 mil 870 millones de pesos en su fallida estrategia al desempeño y capacidades operativas para la salvaguarda de sus instalaciones estratégicas y del Sistema Nacional de Ductos.

El gasto es apenas una muestra del despilfarro en esa compañía, pues corresponde tan sólo a lo que destinó en 2016 a supuestamente disminuir los actos ilícitos de robo, extracción, adulteración y comercialización ilícita de los productos petrolíferos, refiere la “Auditoría financiera y de cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0448448-DE”, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Pero lejos de que esta estrategia funcione, el propio Pemex ha informado recientemente que en 2017 se registraron 10 mil 363 tomas clandestinas en sus ductos, lo que representó un incremento del 40 por ciento respecto de las tomas en 2016, cuando fueron 6 mil 873.

De tal forma que esos recursos públicos multimillonarios que pudieron haberse destinado al fortalecimiento de la industria desde su ámbito público, y con ello disminuir la penetración de la iniciativa privada en la extracción y explotación del crudo, se tiraron prácticamente a la basura.

Según la ASF, el gasto respondió al “entorno político-social” que tiene que enfrentar la empresa, en específico el robo de combustible y crimen organizado.

Por ello, indica, en el Plan de Negocios de Pemex 2016-2020 se incluyó como estrategia “Eficientar medidas para mitigar robo de hidrocarburos”, en el objetivo número cuatro relativo a “Eficientar actividades y operaciones en la cadena de valor de transformación”.

La responsable directa de ejecutar el plan –“proyecto de inversión”– es la Subdirección de Salvaguardia Estratégica. Y ésta estableció que la estrategia de fortalecimiento de las capacidades operativas de Pemex “tenía por objeto mejorar la protección de las instalaciones estratégicas y del personal” de la petrolera.

Ello, “mediante el aumento de capacidades de vigilancia en ductos e instalaciones consideradas como estratégicas, con tecnología de primera generación (aeronaves, equipo terrestre e instalación del Cuartel General “C-4”) y a la vez, mejorar la eficiencia del recurso humano, para actuar de manera contundente y oportuna en aquellos lugares en donde se registren ilícitos, lo que permitiría abatir el mercado ilícito de combustibles y demás actividades realizadas por el crimen organizado que afecten el desempeño operativo y económico de las empresas productivas del Estado”.

Por tratarse de instalaciones estratégicas para la nación, en esa salvaguarda no sólo participa Pemex, sino también las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Policía Federal.

Esta correlación de fuerzas y el monto del gasto nos dan una idea de la dimensión del fracaso en su custodia, pero también del poder que ha acumulado el crimen organizado y la impunidad que reina en el país.

Áreas desprotegidas

Aunque el crimen organizado ha ido aumentando progresivamente su participación en el mercado de los combustibles, pues en la época de Vicente Fox no robaban los volúmenes que ahora sustraen, Pemex ha sido incapaz de destinar los recursos que tiene para el combate al flagelo.

Tan sólo en esa revisión hecha por la ASF se detectó el uso indebido de las aeronaves que fueron adquiridas para vigilancia permanente. Y es que en vez de monitorear, sirvieron para transportar al entonces director de la petrolera Emilio Lozoya y al senador y líder sindical Carlos Romero Deschamps.

Por si esto no fuera demasiado, Pemex también incurrió en el abandono de 30 drones comprados para vigilancia y, con ello, reaccionar cuando detectara posibles trabajos clandestinos para perforar los ductos y sustraer los combustibles.

Esta falta de seriedad revela que a los funcionarios de Pemex no les importa combatir la criminalidad y defender los intereses nacionales. De lo contrario, emplearían al ciento por ciento todos los recursos a su alcance para impedir que crezca el mercado ilegal de combustibles.

De acuerdo con la Auditoría Superior, las áreas en las que opera Pemex incluyen aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados (km2) en campos terrestres de producción y 3.2 millones de km2 en aguas territoriales mexicanas.

Las acciones no sólo incluyen la parte referente al combate al mercado ilícito de combustibles, sino también la propia protección del personal, las instalaciones, la población en general y el medio ambiente, según informó la petrolera a la Bolsa Mexicana de Valores, en su Reporte anual.

Y es que, desde 2014, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica no sólo coordina esos servicios, sino también las acciones de protección frente a las amenazas y riesgos que enfrente Pemex, sus subsidiarias y filiales, así como la operación y supervisión de los sistemas de seguridad de vigilancia, de monitoreo y medición, y de transporte de personal, aéreos, terrestres y marítimos.

El robo

Aunque el tema se vuelve cada vez más opaco en la petrolera, se sabe que cada día son sustraídos ilegalmente, al menos, 27 mil barriles de gasolina, según estimaba en octubre de 2016 el entonces director de Pemex Transformación Industrial, Carlos Murrieta.

El problema es que a Pemex no sólo le roban gasolina, sino también el crudo directo y sin procesamiento y otros combustibles, como diésel, turbosina y gas. Es decir, en el mercado negro se oferta de todo.

Y aunque resulta obvio que en este tipo de delitos son cómplices o cerebros algunos funcionarios y trabajadores de la petrolera, lo mismo que militares encargados de custodiar las instalaciones, no hay ninguno encarcelado por ello.

Sin duda, funcionarios y trabajadores son quienes conocen a la perfección la red de poliductos y la forma en cómo saquearlos sin generar accidentes fatales. Y si bien es cierto que ha habido tragedias donde los llamados huachicoleros pierden la vida, también es un hecho que en 2017 no fueron 10 mil explosiones (que es la cifra de tomas clandestinas), lo que nos indica que son “profesionales” los que saquean.

Además, por supuesto, en esta cadena de criminalidad se incluye a los  empresarios, quienes venden el producto robado en sus estaciones de abastecimiento, pues 27 mil barriles de gasolina no se comercian en esquinas.

El negocio, sin duda, es sumamente rentable gracias a la impunidad. Tan sólo el año pasado Pemex calculaba sus pérdidas por robo de hidrocarburos en más de 10 mil millones de pesos anuales. Ese mismo año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimó que el mercado ilícito era mucho mayor: 20 mil millones de pesos.

Y es por ello que, en este clima de impunidad y sin una estrategia real para su combate, lo único que podemos esperar este 2018 es que este mercado clandestino crezca aún más.

Nancy Flores

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

 

Contralínea 577 / del 12 al 17 de Febrero 2018